Programa de Podemos.
Las razones siguen intactas

Lucha contra la pobreza


Incluirá el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Se dará prioridad a los hogares y barrios más vulnerables y a edificios situados en zonas menos pobladas, conforme a las garantías de justicia social y territorial. A consecuencia de estas intervenciones, las familias podrán llegar a reducir en un 50 % su consumo de energía y ahorrar un promedio de 400 euros anuales. Al mismo tiempo, se crearán miles de empleos en un sector tan castigado como es el de la construcción. Las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de una línea de subvenciones para la adopción de tecnologías más eficientes.

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En coordinación con las diferentes Administraciones competentes, se llevarán a cabo los estudios, las actuaciones y las inversiones necesarias para maximizar la utilización del transporte público o bajo en emisiones. Se potenciará el uso de vehículos eléctricos, bicicletas o soluciones públicas de transporte colectivo. Se mejorarán la frecuencia y las rutas de los servicios de movilidad pública, como el autobús, el tranvía o el metro, y se implementarán medidas para ajustar el precio de los diferentes servicios al nivel de renta de las personas usuarias.

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Acceso gratuito a transportes colectivos de ámbitos urbano y metropolitano, comarcal, entre islas y provincial para menores de 26 años. Acceso universal al precio máximo de 1 euro por trayecto, sin perjuicio de planes especiales para el mundo rural, donde podrá tener un coste menor o incluso ser gratuito. Se tratará siempre de una medida vinculada a un aumento de la calidad y frecuencia de estos transportes, conforme a nuevos planes de movilidad sostenible que impulsen el transporte colectivo.

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La estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más. El término fijo, que pagas aunque no consumas nada, no será superior al 25 % de la factura y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche. A esto se sumarán protecciones frente a la pobreza energética.

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Pondremos en marcha un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía para estas mujeres, que incluirá una prestación económica de garantía de vida destinada a evitar que la falta de autonomía económica sea un factor que perjudique la salida de una relación de violencia machista de cualquier tipo. La prestación supondrá un mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional (900 euros) durante 6 meses prorrogables, que se incrementará según el número de personas que cada çmujer tenga a su cargo.

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Proteger a las familias monoparentales y monomarentales con su equiparación a las familias numerosas, la adopción de una definición que les otorgue seguridad jurídica, el incremento de las prestaciones por cuidado de sus niños y niñas, y la prioridad de acceso a los servicios y prestaciones, como la educación de 0 a 3 años durante su implantación universal o las becas.

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Prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, que llegará a los 1200 euros al año de manera universal y a los 2000 euros al año para situaciones de pobreza severa, y que se iniciará de manera urgente con 600 euros al año para familias en riesgo de pobreza, con un incremento del 50 % para familias de una sola progenitora o de un solo progenitor.

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Garantizaremos un marco justo para la nueva economía con el fin de evitar que los buitres tomen la tecnología para llevarnos a un pasado sin derechos laborales en una economía uberizada. Para ello, incrementaremos la presencia del sector público en la I+D+ para aprovechar esta oportunidad hacia la formulación de alternativas tecnológicas y sociales, con una gobernanza más descentralizada, democrática y respetuosa con los derechos de las personas que trabajan. En particular, consideraremos que quienes dependan de esas plataformas son trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena; y, al mismo tiempo, crearemos unidades especiales para inspeccionar estos nuevos modelos de trabajo y, en especial, la utilización de falsos autónomos y el trabajo mediante horas extras sin cotizar. Asimismo, se creará una unidad dentro de la Agencia Tributaria especializada en controlar que estas empresas pagan en España los impuestos correspondientes a los beneficios que obtienen en nuestro país.

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Con este fin, y gracias a los tres horizontes que proponemos, pueden crearse más de un millón de empleos y, en este sentido, se dará especial consideración a las personas emigradas que quieran volver. A esto se sumará, a través de un cambio en las políticas activas de empleo para que no las discriminen, la consideración de su experiencia en el extranjero en las ofertas de empleo público (que aumentarán notablemente fruto de las citadas inversiones), la prestación de la garantía de ingresos de un mínimo de 600 euros en caso de hogar unipersonal (que puede incrementarse hasta los 1200 euros si no se tienen ingresos o patrimonio suficiente) y la creación de un servicio de información y orientación para el retorno en las secciones y oficinas consulares.

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En caso de poderse celebrar un contrato temporal conforme a la nueva ley, este tendrá una duración de entre 1 mes y 6 meses, después de los cuales se pasará automáticamente a uno fijo. Para evitar que se produzca la trampa de despedir antes de ese término para evitar que el trabajador o la trabajadora pase a ser fijo o fija, cuando se concatenen contratos más allá de ese límite de seis meses, aunque sea con varias personas, la última contratada de manera temporal se considerará indefinida.

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Para ello, garantizaremos que estén incluidas en los planes de estudio y que sean formativas, y que estén tuteladas profesionalmente y sean retribuidas al menos conforme al SMI según el número de horas cotizadas y con jornadas máximas de cinco horas.

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Gracias a la presión de nuestro grupo parlamentario, en 2019 se ha producido la mayor subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en décadas, hasta los 900 euros mensuales. A partir de aquí, el objetivo debe ser llegar inmediatamente a los 1000 euros y asegurar que esta cuantía se actualiza al nivel establecido en la Carta Social Europea en una legislatura: que el SMI sea, al menos, el 60 % del salario medio.

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Las reformas laborales también recortaron nuestros derechos en esta situación. Incrementaremos la prestación al 70 % de la base reguladora desde el primer día y hasta el final, sin recortes, y elevaremos las cuantías máximas y mínimas. No se perderán periodos acumulados para la prestación que no hayan sido consumidos, de manera que, para calcular la duración, se tendrán en cuenta todos los periodos cotizados y no consumidos, sin tener que optar por un periodo y perder el anterior. Estableceremos el derecho a no consumir la prestación mientras se está en situación de incapacidad temporal y reconoceremos esta protección a los empleados y las empleadas del hogar y a quienes reciban prestación para el cuidado de familiares al finalizarse esta.

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El periodo de cotización exigido para tener derecho a la prestación por desempleo se reducirá a la mitad para menores de 30 años, al mismo tiempo que la duración de la prestación subirá de un tercio del tiempo trabajado a la mitad.

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La guerra comercial puede perjudicar todavía más a la gente más precaria del campo. Como ya propusimos este mismo año con una nueva ley en el Congreso, estableceremos una única prestación (subsidio especial agrario) para trabajadores y trabajadoras residentes en Andalucía y Extremadura, eliminando el requisito de jornadas trabajadas (peonadas) y subiendo su cuantía al 75 % del SMI. Este suelo de ingresos aumentaría con cada tramo de 10 nuevas peonadas, para lo que computarían las realizadas en el extranjero. Al garantizar el subsidio, estamos quitando un mecanismo de poder a los terratenientes y caciques locales con el fin de aumentar la libertad de la gente que trabaja en el campo para exigir sus derechos y que se cumpla la ley.

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Estableceremos la actualización por ley de las pensiones al IPC de manera inmediata y buscaremos blindar esta garantía constitucionalizándola de forma expresa.

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Al establecer un Ingreso Básico Garantizado de, al menos, 600 euros por persona sola —que, además, podrá elevarse en función de la situación y el tamaño del hogar, como señalaremos en el apartado «Garantías de Justicia Social»—, se habrán elevado de un plumazo más de 200 euros las pensiones no contributivas, que principalmente reciben mujeres. Subiremos también las pensiones de viudedad y elevaremos de manera inmediata las pensiones mínimas a partir de un suelo de 750 euros, con lo que avanzaremos en un calendario de mejora hacia los objetivos de la Carta Social Europea.

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Para ello, estableceremos mecanismos de control y regulación de los precios del alquiler mediante la creación de índices de precios de referencia adaptados a las realidades locales, para lo que se habilitará a los Ayuntamientos con el fin de que puedan regular los precios en barrios y zonas con precios especialmente tensionados, con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30 % de su renta en concepto de alquiler.

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Siguiendo el modelo exitoso de ciudades europeas como Viena, incrementaremos en 50 000 viviendas al año, durante toda la legislatura, el parque de vivienda en alquiler social mediante un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda, junto con otros sancionatorios, para impedir el acaparamiento y la especulación con viviendas vacías. Aumentaremos la inversión pública en vivienda has- 91 PODEMOS. ta equipararla a la media europea. Paralizaremos y revertiremos la privatización de viviendas públicas y la venta de suelo público. Impulsaremos nuevas figuras de cesión de uso de vivienda a la Administración, a cambio de una garantía suficiente de cobro y conservación de la vivienda, junto con formas alternativas de tenencia. La juventud tendrá un acceso prioritario a este parque de viviendas.

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En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas y sus familias en situación de vulnerabilidad, sin que la Administración competente garantice un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible. Nos aseguraremos de que España cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estableceremos protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y las distintas Administraciones para definir los procesos de actuación entre jueces y unidades de servicios Las razones siguen intactas 92 sociales competentes, que intervengan en casos de desalojo de familias y personas en situación de vulnerabilidad y garanticen una alternativa habitacional adecuada.

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España debe cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligan a garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de los deudores y las deudoras hipotecarias. Con este objetivo, cambiaremos el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba y para que se aplique de manera correcta la normativa europea de protección de las personas consumidoras, en especial la Directiva 93/13 de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En cualquier caso, en el procedimiento de ejecución para deudoras y deudores hipotecarios, será posible realizar una dación en pago, incluso retroactiva, que permitiría a quienes mantienen deudas vivas con el banco, a pesar de haber entregado ya la vivienda, cancelar de este modo la deuda restante. Asimismo, en los créditos hipotecarios de vivienda, la responsabilidad de la persona deudora se limitará al máximo del valor de la vivienda. Así evitaremos que las deudas sean, en la práctica, a perpetuidad.

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Adoptaremos medidas adicionales de protección a familias con ingresos inferiores a 3 IPREM que no pueden pagar su hipoteca, y derogaremos el IRPH como indicador de los tipos de interés variable en créditos o préstamos hipotecarios con efecto retroactivo, de manera que las familias puedan reclamar lo pagado indebidamente.

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La ausencia de ingresos provoca la carencia absoluta de vivienda o de una vivienda segura y adecuada, lo que constituye el punto de partida de un conjunto de vulnerabilidades que afectan a la salud y a la dignidad de las personas en situación de sinhogarismo. Por ello, la vivienda no puede ser el punto final de un proceso de inclusión social, sino la concreción de un derecho. Así, adoptaremos de una vez las medidas necesarias para el alojamiento de colectivos con necesidades habitacionales urgentes. En particular, actualizaremos la estrategia de sinhogarismo e incluiremos este problema en la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, al tiempo que incrementaremos la financiación destinada a romper este circuito de vulnerabilidad. Para ello, es imprescindible una mirada transversal que permita establecer el acceso a unos ingresos suficientes, un programa específico de empleo, una política de vivienda segura y adecuada y la lucha contra la aporofobia. Todo ello abordando el problema del sinhogarismo desde una perspectiva transversal de derechos, feminista e interseccional que tenga en cuenta a las personas LGTBI, migrantes, personas con diversidad funcional o neurodiversas. Esta estrategia se basará en la tipología europea de personas sin hogar y exclusión social (ETHOS).

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Con las reformas estructurales del sistema eléctrico, se bajará el precio de la factura de la luz, pero también se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a su voluntad, como la pobreza sobrevenida. Estas protecciones, que se activarán de manera automática cuando exista situación de vulnerabilidad, durarán un año y se extenderán mientras persista la situación de vulnerabilidad. Además, se sumarán a un sistema de sanciones a las compañías cuyos contratos contengan cláusulas abusivas o sean opacas en su gestión de los servicios esenciales de luz, agua y gas.

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Garantizaremos por ley que nadie se quede sin unos ingresos básicos garantizados, con independencia de su suerte con el empleo o de su pensión. Se trata de una prestación de suficiencia de ingresos que tendrá una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros al mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1200 euros y funcionará de manera automática e incondicionada, aprovechando la agilidad que permiten las bases de datos actuales, para que quien tenga derecho a la prestación cuente con la certeza de que la cobrará sin demora. Además, se actualizará periódicamente con el valor más alto entre el IPC y el crecimiento del salario mediano. Es previsible que esta reforma alcance a 10 millones de personas.

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(Véase el apartado «Garantías de Justicia Laboral y Pensiones»).

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Subiremos inmediatamente este índice a 670 euros mensuales (lo que supone un aumento inmediato del 25 %) y y lo ligaremos al valor más alto entre el IPC y el crecimiento del salario mediano para evitar que las prestaciones que se vinculan a este índice vuelvan a perder valor o sean menos accesibles.

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Esto supondrá pasar del actual 6 % del PIB en sanidad al 7,5 % del PIB en 2023, lo que nos permitirá impulsar la atención primaria con recursos suficientes, que supondrán al menos el 20 % del gasto sanitario. También permitirá cuidar al personal sanitario y acabar con su precariedad, así como implementar un programa de recuperación de aquellos y aquellas profesionales que han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España. En educación, se pasará del 4 % del PIB al 5,6 % en 2023, con una financiación suficiente de las comunidades autónomas.

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Las grandes corporaciones alimentarias obtienen hoy enormes beneficios por la venta de muchos productos de bajo valor nutritivo, pero mucho impacto publicitario. Este circuito afecta a niños, niñas y adolescentes, así como a poblaciones vulnerables, y acaba por perjudicar a la salud con un efecto acumulado sobre otros problemas sociales. Para empezar a romper el ciclo de la comida basura, estableceremos obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una fiscalidad alimentaria que incluya un IVA más alto para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares, y más bajo para alimentos frescos y saludables. Se regulará la publicidad alimentaria, se perseguirá de manera contundente la publicidad engañosa y se restringirá la publicidad de comida basura en horario infantil, en los medios a su alcance o en el patrocinio de espectáculos deportivos o aptos para menores. Además, la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales será un modelo de alimentación de calidad y de cercanía.

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Asimismo, acabaremos con el pago ilegal de las cuotas supuestamente voluntarias en la escuela concertada, que, en realidad, esconden una barrera de entrada para las familias con menos recursos y un coste añadido en una educación, como es la privada concertada, que ya está financiada al 100 % con dinero público.

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Implementaremos un Plan de Choque contra el Fracaso Escolar y el Abandono Escolar Prematuro y un Plan Estatal contra la Segregación Escolar, junto con las comunidades autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial. Ambos incluirán objetivos, indicadores, medidas y presupuesto suficiente para cumplir los objetivos de mejora del acceso a la educación postobligatoria y reducción de la concentración del alumnado desfavorecido en ciertos centros escolares.

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Se trata de un aumento que exigirá la propia ampliación del catálogo de prestaciones y la expansión de las infraestructuras sociales para el horizonte morado que hemos propuesto, de ahí la necesidad del aumento de centros y plantillas enfocados a una población receptora cada vez más amplia y heterogénea. Bajo la dirección estratégica de las comunidades autónomas, promoveremos también la gestión municipal de los equipos de servicios sociales para potenciar la intervención comunitaria.

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Consensuada con las comunidades autónomas, esta norma dará entidad a los servicios sociales, delimitándolos como un catálogo de servicios, cuidados, apoyos e intervenciones para complementar y potenciar la autonomía funcional en la vida cotidiana. Asimismo, vincularemos el modelo de servicios sociales a la creación de empleo estable y de calidad, y garantizaremos una cartera estatal de servicios que salvaguarden la dignidad, la privacidad, la igualdad y la justicia. Se tratará de un catálogo de servicios mínimos y comunes de gestión descentralizada, que se coordinarán con otras políticas públicas para proporcionar una atención integral en todas las comunidades autónomas.

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Tener una situación de diversidad funcional sale caro y finalmente constituye una causa de desigualdad económica. El material ortoprotésico resulta costoso y las cuantías de las ayudas actuales son bajas, de manera que en muchas ocasiones apenas alcanzan para cubrir el coste. Además, es importante que las personas con diversidad funcional no tengan que adelantar el dinero del material, porque para algunas es sencillamente imposible y para todas supone asumir su financiación, ya que la ayuda puede tardar meses en llegar.

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El Gobierno exigirá, para ello, el fin inmediato de las políticas de austeridad que han arrasado el tejido social de nuestras sociedades. Para ello, propondremos la relajación inmediata de los corsés fiscales impuestos por Bruselas; la adopción de planes comunitarios de inversión pública y social a través del Banco Europeo de Inversiones, para potenciar el horizonte verde y el nuevo modelo industrial; la colaboración europea para recuperar los fondos del rescate bancario; y una reestructuración coordinada de la deuda soberana de nuestros países. Rechazaremos todos los acuerdos de libre comercio de última generación que hacen vulnerables nuestros sectores productivos y estratégicos, y que vacían la capacidad democrática de nuestros pueblos para decidir soberanamente sobre nuestros recursos. Promoveremos la gratuidad de la educación pública universitaria en todo el territorio de la Unión Europea, la creación de un seguro europeo de desempleo y la garantía comunitaria de prestaciones que aseguren unos ingresos suficientes para el conjunto de la población. España ratificará, asimismo, la Carta Social Europea revisada (1996), incluyendo todos los protocolos adicionales, para hacerla exigible jurídicamente, y propondrá que la Unión Europea fije un suelo de gasto del 5 % de su presupuesto para políticas de promoción y defensa de la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

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Los problemas a los que se refiere la Agenda 2030 y los ODS son demasiado serios y afectan de manera demasiado directa a la vida de las personas como para dejarlos en palabras bonitas y colores en los avatares de Twitter de representantes públicos y partidos políticos. Para implementar la Agenda 2030 y los ODS, estableceremos un plan de desarrollo sostenible con marcos de acción concretos, en el que se incorporen mecanismos de seguimiento, evaluación y auditoría social para su correcto cumplimiento. Este plan incluirá un mecanismo específico de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD), con el fin de evitar los impactos negativos que cualquier política pública pudiera tener en la contribución de España a los ODS.

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La manera más eficaz de reducir la desigualdad es implementar medidas de discriminación positiva. En particular, le daremos la vuelta a la discriminación a través de un plan de choque para acelerar la equiparación de derechos y servicios, y para cerrar la brecha territorial. Cuando deban implementarse en distintas fases los principales avances del país —como la garantía de ingresos, la prestación por cuidado de niños y niñas o el Plan de Rehabilitación de Vivienda—, priorizaremos el mundo rural y descentralizaremos las inversiones, en particular, las del horizonte verde. Por otra parte, crearemos el marco para reducir a la mitad el IBI de las poblaciones con menos de 5000 habitantes, compensando a los municipios por el descenso en la recaudación, y crearemos un fondo para luchar contra la despoblación en las comarcas más vulnerables, con una dotación inicial de 500 millones anuales del Estado, que se complementará con el presupuesto europeo derivado del Programa Marco de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que impulsaremos en la Unión Europea con un horizonte de 5 años.

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