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Programa de Podemos.
Las razones siguen intactas


Plurinacionalidad, municipalismo y modelo territorial


Esto incluiría la reversión y paralización de las privatizaciones del suministro, el riego, el saneamiento y la depuración de aguas y haría inviables escándalos como los del caso Lezo o Acuamed.

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El viejo modelo franquista de pantanos y obras faraónicas que han hundido y obligado a abandonar tantos pueblos se sustituirá de forma definitiva por una nueva cultura del agua, con un gobierno eficiente y moderno del agua a partir de la gestión de su demanda, que resulta la única estrategia eficaz para mitigar episodios extremos y cada vez más frecuentes, como sequías y crecidas, al tiempo que sirve para construir un sector agropecuario puntero.

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Disponer de un transporte ferroviario de calidad no solamente cohesiona nuestro país y facilita la movilidad de las personas, sino que, además, ayuda a reducir las emisiones. Es necesario incrementar la frecuencia de los servicios existentes de corta y media distancia (metro, cercanías/ rodalíes, regionales) y crear el servicio allí donde no exista con el objetivo de atender la demanda de transporte de tren de, al menos, todos los municipios de más de 20 000 habitantes en 2030. En el mismo año, se alcanzará el 100% de kilómetros electrificados y un sistema libre de consumo directo de combustibles fósiles. Los territorios con mayores deficiencias serán absolutamente prioritarios en este plan y garantizaremos la gestión y administración pública de las infraestructuras ferroviarias estratégica públicas, sin permitir la privatización y la consiguiente precarización de sus trabajadores y trabajadoras.

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En coordinación con las diferentes Administraciones competentes, se llevarán a cabo los estudios, las actuaciones y las inversiones necesarias para maximizar la utilización del transporte público o bajo en emisiones. Se potenciará el uso de vehículos eléctricos, bicicletas o soluciones públicas de transporte colectivo. Se mejorarán la frecuencia y las rutas de los servicios de movilidad pública, como el autobús, el tranvía o el metro, y se implementarán medidas para ajustar el precio de los diferentes servicios al nivel de renta de las personas usuarias.

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Extender el modelo de éxito de Madrid Central a otras ciudades con problemas de contaminación, en colaboración con las Administraciones competentes y apoyando un modelo de calidad y asequible del transporte público, la bicicleta y nuevas formas de movilidad, así como las medidas necesarias para evitar cualquier discriminación por razones económicas en los derechos a la movilidad. También es necesario poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente que aborde los crecientes impactos sobre la salud de los cambios ambientales consecuencia de la crisis ecológica, como la contaminación urbana y la persistencia bioacumulativa de sustancias tóxicas.

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En cooperación con el resto de Administraciones y partiendo de la actual red de bibliotecas, centros culturales, centros cívicos, casas de juventud y de nuestra propuesta de centros de innovación ciudadana, se impulsará, como modelo antagónico a las casas de apuestas que proliferan en los barrios, el refuerzo y la actualización de estas instituciones culturales y de ocio, con nuevos productos en formatos electrónicos y materiales para el empoderamiento tecnológico, y con la filosofía del «hazlo tú mismo» como herramienta. De este modo, se impulsará el derecho al ocio de calidad y autogestionado de los y las jóvenes. Se incluirá una dotación específica para contratar programadores y programadoras e implementar programas en coordinación con el sistema educativo, y se fomentará la cogestión ciudadana.

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La producción cinematográfica en las lenguas propias de un país no solo es una de las industrias culturales más relevantes, sino uno de los espacios de diálogo y construcción de comunidad con más capacidad para mejorar una sociedad. Sin embargo, en cuanto a la presencia en las pantallas, la producción en nuestras lenguas parte con una gran desventaja con respecto a las grandes distribuidoras multinacionales, capaces de colocar una misma cinta durante semanas en una cantidad enorme de pantallas y apoyarla con una publicidad que suele superar el propio coste que supone hacer la película. Ante esta situación, países próximos como Francia han conseguido alentar una producción propia de calidad mediante el establecimiento de determinadas cuotas de pantalla para sus producciones. Nuestra propuesta es ampliar este enfoque a las distintas lenguas oficiales y propias del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, e incrementar las ayudas al sector.

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Para ello, potenciaremos el uso de las lenguas cooficiales y propias en las desconexiones territoriales y favoreceremos una opinión pública informada y plural, la atención a las minorías y la diversidad cultural, la vertebración del territorio y la proyección de dicha diversidad cultural en el exterior.

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Sustituiremos el sistema mayoritario actual —que hace que, por ejemplo, el PP tenga un 62 % de los senadores y las senadoras de elección directa con poco más del 30 % de votos— por un sistema más justo, similar al del Congreso.

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Estas operaciones se han basado, hasta 2015, en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros. Esto la ha llevado a inscribir a su nombre bienes que —como se sabe— son de toda la ciudadanía, como la mezquita de Córdoba o ermitas de muchos pueblos que mantienen en realidad los vecinos y vecinas, pero también edificios civiles, como quioscos y plazas. La salud democrática de nuestro país exige que esto se revise a fondo.

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España sigue queriendo tener cerca a las personas que han emigrado. Para ello, por una parte, reconoceremos la nacionalidad española a las personas descendientes de progenitoras y progenitores españoles nacidos en el extranjero en cualquier momento. Estas personas podrán optar por la nacionalidad española en caso de que sus madres, padres, abuelas o abuelos adquirieran la nacionalidad del país de acogida. A esto se añaden los casos de quienes perdieron la nacionalidad en el exilio causado por la Guerra Civil y la dictadura, a quienes se les reconocerá con el fin de saldar esa deuda histórica. Por otra parte, se ofrecerá la enseñanza de las lenguas y la pluralidad cultural de nuestro país. En los lugares donde existan al menos doce solicitudes, se ofrecerán clases presenciales de un mínimo de tres horas a la semana, así como sistemas de educación a distancia donde no haya solicitudes suficientes.

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Para ello, estableceremos mecanismos de control y regulación de los precios del alquiler mediante la creación de índices de precios de referencia adaptados a las realidades locales, para lo que se habilitará a los Ayuntamientos con el fin de que puedan regular los precios en barrios y zonas con precios especialmente tensionados, con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30 % de su renta en concepto de alquiler.

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Para priorizar la convivencia en nuestros barrios, permitiremos a las comunidades de propietarias y propietarios regular las condiciones de estos pisos y estableceremos una regulación básica sobre las condiciones de estas licencias, en colaboración con las Administraciones competentes, que incluirá su retirada cuando incumplan la ley, por ejemplo, al no pagar los impuestos correspondientes. Junto con las Administraciones locales, estudiaremos también establecer un porcentaje máximo de viviendas destinadas a pisos turísticos en función de las características de cada barrio para descentralizar la actividad turística y mejorar la convivencia.

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La adecuada vitalidad de las lenguas cooficiales y propias de los distintos pueblos requiere una acción pública, acorde con su situación específica, que las potencie, como parte de la identidad y riqueza cultural de nuestro país. Para ello, necesitamos que exista una oferta educativa suficiente para permitir que en los centros educativos de toda España se puedan estudiar todos los idiomas oficiales y propios de cada territorio.

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Se trata de un aumento que exigirá la propia ampliación del catálogo de prestaciones y la expansión de las infraestructuras sociales para el horizonte morado que hemos propuesto, de ahí la necesidad del aumento de centros y plantillas enfocados a una población receptora cada vez más amplia y heterogénea. Bajo la dirección estratégica de las comunidades autónomas, promoveremos también la gestión municipal de los equipos de servicios sociales para potenciar la intervención comunitaria.

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En nuestro país nunca se ha acometido una verdadera separación entre la Iglesia católica y el Estado. A consecuencia de ello, la Iglesia sigue disfrutando de privilegios que son imposibles de explicar, al mismo tiempo que a la gente solo le crece el importe de las facturas. Uno de estos privilegios es la exención de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) por los bienes que dice poseer. Mientras que una persona normal tiene que llegar a situaciones de gran necesidad para que se le permita no pagar el IBI, la Iglesia española no solo recibe fondos de nuestra declaración de la renta que luego gasta en televisiones sectarias que nadie ve, sino que, además, se le permite no pagar impuestos por sus propiedades. Esta medida tendrá la excepción de los inmuebles afectos al culto, los bienes cuya finalidad principal sea su utilización por parte de Cáritas para la acción social u otro tipo de bienes que gozan de dicha exención por motivos generales.

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Al tomarlo como una cuestión de Estado, activaremos un plan para revitalizar la estructura social y económica del mundo rural mediante el impulso de las infraestructuras regionales, la localización prioritaria de los proyectos productivos señalados en los tres horizontes y la previsión de líneas de financiación prioritarias para estos y otros sectores, como el sector agrario sostenible, la ganadería extensiva y la pesca artesanal y de bajo impacto. Modernizaremos las instalaciones hídricas, las infraestructuras de regadío y la viabilidad de las zonas forestales. Ofreceremos acceso prioritario a la tierra para la juventud, en coordinación con los bancos de tierras existentes, e implementaremos planes especiales de empleo en zonas que, fruto de la discriminación histórica, cuenten con una situación excepcional de baja tasa de empleo y especial afectación por el vaciamiento poblacional.

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Garantizaremos que todas las poblaciones puedan contar con los siguientes servicios: servicio de transporte adecuado que comunique diariamente a demanda con la cabecera de comarca —estableceremos las obligaciones de servicio público adecuadas para asegurar el acceso a servicios de movilidad dignos, con independencia del lugar de residencia—; atención sanitaria a domicilio de calidad, si no es posible tener un centro de salud; atención inmediata de una patrulla de la Guardia Civil en un máximo de 15 minutos; reparto habitual de suministros básicos cuando no sea posible disponer de una tienda de ultramarinos, para lo cual se establecerán líneas de ayudas públicas; al menos un cajero automático dentro de un radio de 20 kilómetros, financiado a través de un canon al sector bancario para la inclusión financiera y gestionado por Bankia; y centros culturales ciudadanos al menos en cada cabecera de comarca, así como una oferta cultural descentralizada en colaboración con las Administraciones competentes.

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Acceso a internet de banda ancha a 30 Mbps y a 3G para cualquier núcleo habitado a un precio asequible, al que contribuirán las grandes empresas del sector mediante un canon.

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La manera más eficaz de reducir la desigualdad es implementar medidas de discriminación positiva. En particular, le daremos la vuelta a la discriminación a través de un plan de choque para acelerar la equiparación de derechos y servicios, y para cerrar la brecha territorial. Cuando deban implementarse en distintas fases los principales avances del país —como la garantía de ingresos, la prestación por cuidado de niños y niñas o el Plan de Rehabilitación de Vivienda—, priorizaremos el mundo rural y descentralizaremos las inversiones, en particular, las del horizonte verde. Por otra parte, crearemos el marco para reducir a la mitad el IBI de las poblaciones con menos de 5000 habitantes, compensando a los municipios por el descenso en la recaudación, y crearemos un fondo para luchar contra la despoblación en las comarcas más vulnerables, con una dotación inicial de 500 millones anuales del Estado, que se complementará con el presupuesto europeo derivado del Programa Marco de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que impulsaremos en la Unión Europea con un horizonte de 5 años.

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Iniciaremos un debate de Estado para actualizar la organización municipal, con las premisas de ir más allá de la estructura arcaica de las Diputaciones Provinciales y de generar instituciones capaces de frenar la fragmentación y el debilitamiento de unos municipios que son cada vez más pequeños, así como de poder gestionar de manera democrática un aumento de los servicios comunes, por ejemplo, a través de las instituciones comarcales. Un primer paso consistirá en la implementación inmediata de la Ley 45/2007, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, para estudiar, al mismo tiempo, vías de mejora y superación de este marco.

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Por ejemplo, una parte de la financiación para la lucha contra incendios y para el mantenimiento de las masas forestales y los bienes naturales se destinará directamente a la financiación municipal de los pueblos que contribuyen directamente a esta tarea.

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Reformar el sistema de financiación autonómica para hacerlo más justo y que exista un suelo de ingresos efectivos para financiar servicios públicos dignos en toda España. El nuevo sistema de financiación autonómica se diseñará en diálogo con todas las comunidades autónomas, de manera vinculada a una reforma fiscal y a la solución del problema de las deudas autonómicas producidas por la infrafinanciación. Este nuevo sistema garantizará que se alcancen, al menos, tres condiciones: en lugar de estar basado en un «techo de gasto», que impide que los derechos de la ciudadanía sean efectivos por la vía de limitar los recursos de las Autonomías para prestar servicios públicos, se basará en un «suelo de ingresos», que permitirá financiar servicios públicos dignos en toda España; todas las comunidades autónomas recibirán más financiación que la que reciben en la actualidad, pues hay que tener en cuenta que, aparte de su tradicional infrafinanciación, los recortes posteriores a 2009 se hicieron recaer de manera desproporcionada sobre ellas; y se reducirá la desigualdad territorial en cuanto a financiación.

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La gestión viable del conflicto en Cataluña pasa por construir un proceso de reconciliación que permita el diálogo y llegar a acuerdos. Apostamos por un referéndum pactado en el que Podemos defenderá un nuevo encaje para Cataluña en España.

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Transformar el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial, con mayor representación de las comunidades autónomas, participación en las leyes y las partidas presupuestarias, en los nombramientos de miembros del Tribunal Constitucional, y como pieza clave de las relaciones verticales y horizontales entre Administraciones.

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La expansión de las grandes ciudades ha consolidado amplias áreas metropolitanas, que nos obligan a actualizar nuestro marco institucional. En particular, se debe reconocer esta realidad y crear las herramientas necesarias para mejorar la gestión compartida de servicios comunes derivados de sus relaciones de proximidad, el control democrático de su gestión y la asignación de recursos suficientes.

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De nuevo, es necesario introducir criterios de discriminación positiva para reducir la desigualdad existente en materia de infraestructuras. Priorizaremos la construcción de nuevas infraestructuras y la mejora de las existentes, así como el mantenimiento para los territorios que han sufrido una historia de aislamiento y malas conexiones.

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Hacer del tren el sistema prioritario en la vertebración del territorio, con inversiones estratégicas para extender un sistema de transporte público a precio asequible y de bajas emisiones, que no deje fuera a ninguna parte del país. Para ello, es imprescindible suspender el levantamiento de vías en la España vaciada, y poner en marcha planes y medidas para recuperarlas y actualizarlas, de manera que sirvan para vertebrar los territorios e interconectarlos con los corredores principales.

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El objetivo es que, en el año 2030, la demanda de transporte ferroviario de todos los municipios con más de 20 000 habitantes esté atendida.

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Aprovechamiento de estas nuevas y mejores líneas para alcanzar un verdadero efecto de red a través del impulso de los ejes transversales ferroviarios (Atlántico, Cantábrico-Mediterráneo, Mediterráneo, Andaluz y de La Plata) y de la mejora de las conexiones ferroviarias internacionales con Francia y Portugal.

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