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Programa de Podemos.
Las razones siguen intactas


Seguridad, interior y protección civil


Se garantizará que se hayan creado previamente dos empleos por cada uno que se pierda, como ya se ha mencionado. Teniendo en cuenta la inacción de los anteriores Gobiernos, estamos hablando de objetivos ambiciosos, pero a los que no debemos renunciar si hacemos una apuesta fuerte por la instalación de potencia en renovables.

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Esto permite complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables tengan valles, proteger la salud ecológica de nuestros ríos y garantizar el riego, el control de las crecidas y el suministro de agua potable sin que interfieran intereses económicos espurios, así como compensar a los territorios que soportan las centrales y sufren las consecuencias de la desigualdad territorial de nuestro país. La empresa pública de energía asumirá la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando.

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El viejo modelo franquista de pantanos y obras faraónicas que han hundido y obligado a abandonar tantos pueblos se sustituirá de forma definitiva por una nueva cultura del agua, con un gobierno eficiente y moderno del agua a partir de la gestión de su demanda, que resulta la única estrategia eficaz para mitigar episodios extremos y cada vez más frecuentes, como sequías y crecidas, al tiempo que sirve para construir un sector agropecuario puntero.

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Haremos efectiva la prohibición de construir en cauces y zonas inundables, y elaboraremos un plan especial de protección de las familias que viven en cauces y zonas inundables, al tiempo que recuperaremos el bosque de ribera originario reduciendo el riesgo de las riadas. También modificaremos la Ley de Costas para ponerla al día ante la amenaza real para nuestro litoral que supone el cambio climático, con el objetivo de aumentar su protección, y evitar que continúe destrucción de los sistemas costeros.

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Conforme a lo establecido en el Acuerdo de París sobre el clima, firmado y ratificado por España, y debido a las consecuencias irreversibles de esta práctica de extracción mediante fractura hidráulica (fracking), no se autorizarán más licencias para ejercer tal método en el territorio español y se trabajará para eliminar las licencias existentes.

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Para ello se aprobará una Ley de Bienestar Animal en la que se introducirá una rebaja del IVA de los servicios veterinarios del 21 % actual al 10 % y de los productos de alimentación animal del 10 % actual al 4 %, un incremento en la protección a través de la creación de unidades especializadas en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la tipificación del delito de maltrato de animales salvajes y una elevación de penas al abandono de animales. Al mismo tiempo, se implementarán mejoras en el control de los animales domésticos y la posibilidad de incluirlos sin problemas en medios de transporte, centros públicos, albergues e instituciones de protección. Se mejorará el control de la producción de animales de consumo, con la instalación de cámaras, con inspecciones y con la exigencia del aturdimiento previo al sacrificio, y se pasará a métodos éticos para el control poblacional de animales silvestres. En esta dirección de garantizar el bienestar animal, se eliminarán las ayudas y subvenciones relacionadas con la tauromaquia y se prohibirán espectáculos que impliquen maltrato animal.

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El sector naviero, el sector metalúrgico y muchos otros han sido deliberadamente desmantelados en España siguiendo la máxima de aquel ministro socialista que dijo que «la mejor política industrial es no tener política industrial». Esto no solamente significa la pérdida de miles de empleos de calidad, sino también un suicidio económico como país. No permitiremos que esta deriva continúe y apostaremos por la implicación del Estado en una política industrial de futuro en colaboración con los sectores afectados y con dotación presupuestaria suficiente.

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Los puertos del Estado se orientarán hacia el interés general de la ciudadanía y del país. Estudiaremos fórmulas para revertir el control de empresas externas en servicios de estiba, astilleros e industria naval y se modificarán las normas de liberalización que conlleven una pérdida de soberanía y un expolio de las inversiones públicas. Los fondos buitre pretenden hacerse con los puertos españoles y con los astilleros, imponer la precariedad laboral en estado puro y recortar los sueldos para aumentar los beneficios. Frente a esto, impulsaremos planes de reindustrialización de los puertos del Estado y de los astilleros privados que se encuentren en situación de quiebra o de grave crisis financiera, mediante la intervención directa de las Administraciones correspondientes para impedir el fin de la actividad y asegurar el mantenimiento del empleo. El hecho de que el Estado pueda intervenir, adquiriendo acciones de los astilleros en liquidación o de la unidad productiva, es clave de cara a establecer un plan de viabilidad para estas empresas a medio y largo plazo.

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Así, tomaremos como una cuestión de Estado la libertad y la reparación de las mujeres que sufren violencias machistas, lo cual implica la garantía de que los procesos de denuncia y judiciales tengan perspectiva de género y de que el conjunto de profesionales que intervienen en ellos tengan la formación necesaria, entre otras medidas, a través de una mejora y ampliación del sistema VioGén que incremente la seguridad de las mujeres, e implica también que la carga de la vigilancia y el control recaigan sobre los agresores. Asimismo, implementaremos con carácter inmediato el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al tiempo que trabajamos para promover un horizonte de prevención más ambicioso.

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La definición actual se encuentra limitada a la violencia ejercida por parejas y exparejas, lo que priva de una protección equiparable al resto de mujeres que sufren violencia, por ejemplo, por parte de desconocidos o de jefes y compañeros de trabajo. Por eso se actualizará esta definición conforme a lo que exige el Convenio de Estambul y se diseñarán medidas para que estas protecciones puedan extenderse a las mujeres que se enfrentan a la discriminación interseccional.

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El abuso y la violencia contra los menores, cuando se da en el seno de la Iglesia, en la familia o en cualquier ámbito, constituye un crimen muy grave que compromete su futuro. Para evitar su impunidad, volveremos a proponer la Ley de Promoción del Buen Trato y Erradicación de las Violencias contra la Infancia y la Adolescencia que presentamos en 2018 y volvimos a presentar de nuevo este año 2019. Para mejorar la prevención, se destinarán más recursos en el entorno educativo, social y sanitario, y se creará una línea de atención telefónica pública de información y asistencia las 24 horas, gestionada por un equipo profesional y multidisciplinar. Para cuidar a las víctimas, los procesos penales se adaptarán a sus necesidades, por lo que podrán declarar de manera tranquila en un momento distinto al de la vista oral y se evitará duplicar actuaciones. Esta nueva ley otorgará una protección especial frente a la violencia sexual, plasmada en dinámicas específicas que afectan gravemente el presente y el futuro de niños, niñas y adolescentes. Se suspenderá el cómputo para la prescripción de estos delitos, al menos hasta que las víctimas hayan cumplido 30 años, se eliminará la distinción entre agresión y abuso sexual, y se creará una Fiscalía especializada en dar respuesta a estos casos. Asimismo, es urgente que el Estado se implique en la investigación sobre el alcance real de las denuncias de abusos a niños, niñas y adolescentes en el seno de la Iglesia que se han hecho públicas estos años.

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Impulsaremos una reforma del Código Penal para introducir el delito relacionado con el enriquecimiento ilícito de cargos políticos que, sin intervenir directamente en los delitos de corrupción, sí hayan obtenido un beneficio de estos, así como un tipo agravado de prevaricación administrativa en las contrataciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración cuando se cometan a través de partidos políticos. Este plan incluirá también una ampliación de las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, como el blanqueo de capitales. El plan estará coordinado por un organismo independiente del poder político, integrado por perfiles técnicos de la Administración y actores relevantes de la sociedad civil en esta materia, para prevenir la corrupción, asesorar al Poder Judicial y asegurar medios seguros de denuncia y protección a quien se comprometa en la lucha contra la corrupción. Se prestará asesoramiento técnico y formación actualizada a los agentes especializados en la prevención y persecución de la corrupción y al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector público; y, asimismo, se ofrecerá protección real a quienes denuncien, pues casi siempre se enfrentan en solitario a la maquinaria de la corrupción con graves consecuencias, al tiempo que se habilitarán formas seguras y veraces de denuncia para proteger la identidad de las personas que denuncien.

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Reforzaremos el Servicio de Salvamento Marítimo, un servicio puntero en Europa, que permanecerá como servicio público y civil y cuya única función será la salvaguarda de la vida en el mar. Para ello, dotaremos de recursos y de personal estable a las tripulaciones. Se protegerá el trabajo de las ONG de rescate y salvamento en el Mediterráneo Central y se suprimirán las prohibiciones de salida. Garantizaremos el respeto absoluto a los derechos humanos en la frontera sur, de acuerdo con la normativa internacional, y vigilaremos que no se produzca ninguna devolución en caliente o exprés ilegal. Asimismo, prohibiremos las llamadas «plataformas de desembarco» o similares. Además, España se comprometerá, en coordinación con otros países de la Unión Europea, a acoger a aquellas personas rescatadas por ONG en el Mediterráneo Central, evitando casos de sufrimiento extremo como el que hemos visto este verano con el barco de Open Arms. En el mismo sentido, impulsará un servicio de salvamento europeo que evite que situaciones como esta vuelvan a repetirse.

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Reconoceremos la condición de sindicatos de las distintas asociaciones de la Guardia Civil y derogaremos las normas que prohíban a sus miembros la participación en la vida sindical. Al mismo tiempo, garantizaremos sus derechos laborales y la capacidad de organización para defenderlos, con lo que se mejorará el servicio que prestan a toda la ciudadanía. Por otro lado, suprimiremos la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil, con el fin de separarla del ámbito militar y constituirla como una verdadera fuerza civil de seguridad pública.

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al hacer efectiva la iniciativa legislativa popular de Proposición de Ley para la Efectiva Igualdad y Equiparación Salarial de las Policías del Estado español.

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Por un lado, mejoraremos sus condiciones sociolaborales, en cuanto a retribución, formación y medios, con la equiparación de condiciones entre personal funcionario y laboral, una adecuación de los complementos conforme a una retribución lineal y un proceso de negociación con las asociaciones y los sindicatos. Por otro lado, incrementaremos esta plantilla para responder a las 3400 vacantes actuales sin cubrir y resolver con empleo público la masificación de las prisiones, en lugar de hacerlo con personal precario y sin formación adecuada. En este sentido, desprivatizaremos la vigilancia de los perímetros de las cárceles, ya que se trata de un servicio de seguridad pública que deben asumir la Policía y la Guardia Civil, como esta ya hacía antes en exclusiva. Así, se dispondrá de recursos para mejorar las condiciones laborales de la Policía, la Guardia Civil y los funcionarios y las funcionarias de prisiones, así como la vida de las personas reclusas.

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Con esta norma, estableceremos los criterios básicos para la coordinación de la actuación de los servicios en todo el Estado y los derechos laborales de este personal, homologando las escalas, categorías y distintivos comunes en las comunidades autónomas y garantizando que la categoría profesional de bombero o bombera sea, como mínimo, C1 en todo el Estado, de conformidad con lo que establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

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Esta norma establecerá obligaciones para las Administraciones competentes en relación con la elaboración de planes generales, territoriales, especiales y de autoprotección. También establecerá los derechos laborales del sector mediante la creación del Estatuto Básico de Bomberas y Bomberos Forestales, que reconozca las funciones propias de estos servicios en el medio natural y rural, y los aspectos de salud y prevención de riesgos laborales, así como las categorías profesionales y sus especificaciones de formación.

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Con este fin, reformaremos la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas para dotarlas de un carácter federal, de mayores recursos y de completa autonomía respecto al poder político y económico. A su vez, se creará una única base de datos fiscales que integre toda la información necesaria para combatir el fraude; crearemos una Oficina de Lucha contra Grandes Defraudadores, dotada con medios suficientes para realizar campañas específicas contra los principales focos de fraude fiscal; incrementaremos los plazos de prescripción tributaria y penal a cinco o diez años, e incluiremos mayores penas en el Código Penal y las haremos extensibles a los colaboradores o responsables solidarios del fraude. Situaremos el umbral para considerar delito de defraudación a la Hacienda estatal, autonómica, foral y local en 50 000 euros.

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Garantizaremos que todas las poblaciones puedan contar con los siguientes servicios: servicio de transporte adecuado que comunique diariamente a demanda con la cabecera de comarca —estableceremos las obligaciones de servicio público adecuadas para asegurar el acceso a servicios de movilidad dignos, con independencia del lugar de residencia—; atención sanitaria a domicilio de calidad, si no es posible tener un centro de salud; atención inmediata de una patrulla de la Guardia Civil en un máximo de 15 minutos; reparto habitual de suministros básicos cuando no sea posible disponer de una tienda de ultramarinos, para lo cual se establecerán líneas de ayudas públicas; al menos un cajero automático dentro de un radio de 20 kilómetros, financiado a través de un canon al sector bancario para la inclusión financiera y gestionado por Bankia; y centros culturales ciudadanos al menos en cada cabecera de comarca, así como una oferta cultural descentralizada en colaboración con las Administraciones competentes.

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Los peajes se irán incorporando al patrimonio común y abaratándose o convirtiéndose en gratuitos. Mientras tanto, se buscarán fórmulas para reducir o eliminarlos en aquellos tramos excesivamente caros o que, si se abrieran, permitirían reducir los accidentes.

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