Programa de Podemos.
Las razones siguen intactas

Sistema electoral


No es casualidad que la única formación que no pide créditos sea la que está planteando que los bancos tienen que devolver los 60 000 millones de euros que nos deben a todos y a todas, y que los ricos deben contribuir con más impuestos. Quien paga manda, y los bancos no pueden mandar en los partidos. Además, resulta inadmisible que se use una institución como el ICO, que debería servir para apoyar a nuestro tejido productivo, con el objetivo de financiar las campañas de algunos partidos.

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Sustituiremos la fórmula de reparto de escaños D’Hondt por la de Sainte-Laguë, más proporcional. Con este cambio en la ley electoral, atenuaremos la diferencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños que obtiene cada partido y, con ello, las desigualdades en el valor del voto y la representación.

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Superaremos la regla de paridad que introdujo la Ley de Igualdad (40-60 %) al hacer obligatorio un sistema de listas cremallera, que solo se romperá si beneficia a las mujeres. Así, garantizaremos que al menos la mitad de las personas con posibilidad de ser representantes políticas sean mujeres.

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Sustituiremos el sistema mayoritario actual —que hace que, por ejemplo, el PP tenga un 62 % de los senadores y las senadoras de elección directa con poco más del 30 % de votos— por un sistema más justo, similar al del Congreso.

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Reformaremos de manera urgente la ley electoral para eliminar la carrera de obstáculos para votar que se impuso en 2011 contras los y las compatriotas en el extranjero y que PP, PSOE y Cs no han querido quitar, lo que ha hecho que el voto de las personas que residen fuera de nuestro país haya caído desde el 31 % previo a la reforma de 2011 hasta cifras del 4 % y el 6 % en las últimas elecciones generales.

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Al mismo tiempo que se impide el voto de nuestros y nuestras compatriotas que viven fuera con el endiablado sistema del voto rogado, para los 2,5 millones de españoles y españolas en el extranjero no existe un canal parlamentario a través del cual puedan hacer valer sus demandas concretas. Por eso, crearemos una circunscripción para quienes viven en el exterior, con la representación política proporcional a su número.

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Como las campañas deben servir para que la ciudadanía pueda conocer los diferentes proyectos políticos en liza, estableceremos la garantía de al menos dos debates entre los o las candidatas a la presidencia del Gobierno, de los que al menos uno se celebrará en la televisión pública. También estableceremos un envío único de papeletas que permitirá ahorrar millones de dinero público.

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Frente al discurso conservador que dice que la juventud no se interesa por la política, estos meses hemos visto las calles llenas de jóvenes defendiendo el feminismo el 8M y la lucha contra el cambio climático el 15 de marzo. La juventud quiere un país mejor y debe poder participar. Además, a partir de esta edad, se les reconoce la capacidad para realizar actividades como trabajar, emanciparse o conducir, por lo que no está justificado restringirles el voto.

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Aparte de las listas electorales, incorporaremos la paridad a los órganos de los partidos políticos y serán obligatorias las primarias para acceder a presidir los órganos ejecutivos de los partidos.

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Las migraciones deben darse en condiciones de seguridad para las personas, y el Estado tiene que articular los mecanismos para garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida. Por ello, flexibilizaremos los procesos de reagrupación familiar, recuperaremos la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países, articularemos visados humanitarios, aumentaremos los programas de reasentamiento y crearemos nuevas modalidades de visado, como el de búsqueda de empleo. Además, flexibilizaremos los procesos de arraigo, dejando de vincular exclusivamente la renovación de las autorizaciones de residencia a un contrato en vigor u oferta de empleo. En la misma línea, el derecho al sufragio municipal de las personas extranjeras dejará de estar vinculado a tratados internacionales bilaterales; y, asimismo, se acortarán los plazos requeridos para adquirir la nacionalidad y se suprimirán las trabas burocráticas y requisitos discrecionales en el procedimiento de adquisición, como puede ser el examen de nacionalidad.

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