El Parlamento Europeo aprobó ayer continuar con el procedimiento de ratificación del Acuerdo Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA por sus siglas en inglés). La propuesta salió adelante con el voto a favor de los grupos a los que pertenecen el PP, PSOE, Ciudadanos, Convergència y PNV.

La votación del CETA sirvió para mostrar una vez más la disyuntiva a la que se enfrenta la socialdemocracia europea. Mientras que 96 integrantes de este grupo votaron a favor del tratado, 67 lo hicieron en contra. Es fundamental entender que si los y las socialdemócratas europeos hubieran votado en contra, el CETA no hubiera salido adelante. La socialdemocracia europea tiene dos opciones: o confirma su papel dentro de la Gran Coalición que gobierna Europa para las élites o es útil para superar las políticas económicas contrarias a los derechos de las mayorías. En esta ocasión la mayor parte eligió lo primero. Y las y los eurodiputados del PSOE se alinearon en bloque con este sector que sigue votando con populares, liberales y conservadores. Precisamente un día después de que, en el Congreso de los Diputados, los votos del PSOE se sumaran a los del PP y C’s para tumbar la propuesta de Unidos Podemos de derogar la Ley Montoro que ahoga financieramente a los municipios. En Europa y en España, el PSOE ya ha escogido bando: está con la Gran Coalición y no con quienes piden y defienden la justicia social, comercial, medioambiental y de género.

Desde Podemos hemos señalado en multitud de ocasiones las razones por las que nos oponemos tanto al CETA como al TTIP y a otros tratados similares. Estos van mucho más allá de ser meros acuerdos económicos para facilitar la inversión y el comercio entre grandes regiones económicas. Su objetivo es consolidar un modelo social y económico favorable a los grandes inversores frente a los gobiernos democráticos y la ciudadanía. Un ejemplo de esto es el mecanismo de solución de disputas inversor-Estado que incluye el CETA. Este mecanismo crea un tribunal especial para los conflictos entre empresas y gobiernos que permite a las primeras demandar a los Estados cuando éstos adopten medidas que puedan afectar a los intereses privados. La mera existencia de estos tribunales supone atentar contra la soberanía de los Estados, los procedimientos democráticos de toma de decisiones y la capacidad de los gobiernos para legislar en favor de las mayorías sociales.

Pasado este trámite europarlamentario, el CETA continúa su avance hacia la aprobación definitiva por parte de cada uno de los Estados Miembro de la Unión. Sin embargo, antes de que eso ocurra, buena parte del contenido del CETA ya se aplicará en estos países. Desde Podemos vamos a usar todos los medios a nuestro alcance para parar este Acuerdo. Estamos trabajando ya en un recurso previo de inconstitucionalidad del Tratado para presentarlo ante el Tribunal Constitucional ya que, creemos, el CETA es incompatible con algunos preceptos fundamentales de nuestra Constitución. También consideramos que contiene artículos contrarios a los propios tratados europeos, tal y como han denunciado asociaciones de fiscales y jueces por toda Europa e incluso el propio Tribunal Constitucional alemán, por lo que apoyaremos las iniciativas de solicitar la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, llevaremos a cabo cuantas iniciativas sean necesarias en las cámaras legislativas correspondientes a nivel autonómico y estatal para impedir la ratificación del acuerdo, mientras trabajaremos en paralelo mano a mano con la sociedad civil y los ayuntamientos que se han declarado libres de TTIP y CETA para paralizar este tratado.


Jueves, 16 de febrero de 2017