1. Hoy lunes 16 de octubre el Gobierno debe enviar su plan presupuestario a Bruselas. El Gobierno trasladará a la Comisión Europea que se ve obligado a prorrogar los PGE de 2017. Esto evidencia la debilidad política del Gobierno del Partido Popular y su incapacidad para formar una mayoría parlamentaria suficiente como consecuencia de su trágica gestión de la crisis política en Cataluña. Esta nefasta gestión no solo tiene costes políticos, sino también económicos: se pospone la incertidumbre y se prorrogan unos PGE que no ayudan a que la recuperación llegue a los hogares españoles.

2. Al prorrogarse unos presupuestos basados en la austeridad fiscal, y que carecen de un verdadero suelo de ingresos, se mantiene la incapacidad de la política presupuestaria para acometer los grandes retos que tiene nuestra economía: no habrá una reforma tributaria efectiva que mejore la recaudación y la capacidad redistributiva del sistema; no habrá partidas destinadas a luchar contra el paro de larga duración; no se recuperará el poder adquisitivo de las pensiones ni de los empleados públicos, ni se podrá acometer la reforma de la financiación autonómica. No veremos tampoco las inversiones públicas que necesita nuestro modelo productivo para llevar a cabo la imprescindible transición energética, ni se desarrollarán políticas de renta garantizada encaminadas a erradicar la pobreza y reducir las desigualdades. En definitiva, la política fiscal seguirá sin contribuir a transformar nuestro modelo de crecimiento y hacerlo más igualitario socialmente, ni más sostenible y eficiente medioambientalmente.

3. La prórroga de los PGE de 2017 –que consolidaban un techo de gasto 60.000 millones de euros inferior al de 2010 y un nivel de inversión pública 30.000 millones de euros menor que el de antes de la crisis– resulta especialmente preocupante en un momento como el actual, en el que los «vientos de cola» que recibe nuestra economía desde fuera (y que explican en buena medida el crecimiento actual) amenazan con reducirse notablemente: los precios del petróleo están subiendo intensamente durante el último año, y el BCE emite señales que hacen pensar en una próxima reducción de su política de apoyo a la financiación de la deuda, con posibles subidas progresivas del tipo de interés. Permanecer anclados a una política fiscal como la de los años anteriores dificultará la creación de empleo en 2018. No en vano, estos son los segundos presupuestos prorrogados en apenas tres años, con la paralización económica que ello implica, principalmente, aunque no solo, en términos de inversión pública.

4. La prórroga de los PGE de 2017 perjudica particularmente a las CC. AA. y a los Ayuntamientos, dado que con el Partido Popular la mayor parte de los recortes han recaído sobre estas Administraciones, mermando su capacidad de acción política y dañando seriamente los servicios públicos que proporcionan.

5. Una estrategia fiscal alternativa a la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha impuesto pasaría por:

  • Establecer prioridades políticas distintas a las del Gobierno, posponiendo el ritmo de reducción del déficit público hasta la resolución de otros problemas de mayor dimensión. Es prioritario crear empleo, y empleo de calidad; reducir el déficit social y las desigualdades; transformar el crecimiento para resolver sus problemas estructurales y hacerlo sostenible medioambientalmente; y alcanzar una correcta dotación de los servicios públicos fundamentales. Es necesario igualmente que un ritmo más paulatino de reducción del déficit se traslade a las CC. AA. y a los Ayuntamientos.
  • Asegurar la financiación de estas políticas obliga a una reforma fiscal que garantice a nuestra Hacienda Pública un suelo de ingresos digno, en la línea de los países de nuestro entorno. España no tiene un problema de exceso de gasto, sino de falta de ingresos. Proponemos, por ello, avanzar en una reforma tributaria de carácter redistributivo que eleve la capacidad de recaudación y cierre la brecha de 8 puntos del PIB que nos separa de la Eurozona.