Ante el abordaje de la Flotilla de Libertad, desde Podemos volvemos a exigir que España y la Unión Europa pasen de las declaraciones a los hechos cumpliendo y haciendo cumplir el derecho internacional. Nuestro Gobierno debe actuar para proteger a los activistas que viajan en la Flotilla. Así lo demandaron diputados y diputadas de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, junto a otros componentes del Intergrupo de Amistad con Palestina del Congreso de los Diputados, al Ministro de Asuntos Exteriores, Europa y Cooperación Josep Borrell.
Los Gobiernos de los países con ciudadanos implicados en la Flotilla, como es el caso de nuestro país, están obligados a proteger las actividades pacíficas, legítimas y legales basadas en el derecho internacional y en el libre tránsito de personas y mercancías en aguas internacionales hacia cualquier puerto, incluido Gaza.
Desde Podemos exigimos el fin del bloqueo a la Franja como castigo colectivo, estrictamente prohibido por la legislación internacional, que en doce años ha destrozado las condiciones de vida en la Franja, especialmente para las mujeres palestinas debido a la brecha de género. Tras el asesinato de más de 120 manifestantes pacíficos en Gaza, disparados con fuego real por el Ejército de Israel, España deben exigir investigaciones en Tribunales Internacionales y volver a suspender la exportación de armas y acuerdos de seguridad con Israel cumpliendo la legislación española, europea e internacional sobre comercio de armas.
Hace apenas unos días, el Parlamento de Israel constitucionalizó el apartheid contra cualquier población que no sea de religión judía, la única con derecho de autodeterminación, y liquidó formalmente su democracia. La llamada ley del “Estado nación judío” une el destino del Estado de Israel a la ocupación y expulsión continuada de población palestina considerando los asentamientos un valor nacional y Jerusalén la capital de Israel, en flagrante violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta ley constitucionaliza la segregación como ciudadanos sin derechos del 20% de población palestina que vive en Israel y pretende forzar a la población palestina a someterse al apartheid, reprimiendo violentamente cualquier manifestación de protesta, incluso encarcelando a niños y niñas como Ahed Tamimi, que tras ocho meses en prisión, ha sido liberada hoy convertida en icono de la lucha por la libertad, los DDHH y contra el apartheid en Palestina y en todo el mundo.
La constitucionalización del apartheid, obliga a España y a la Unión Europea a actuar para proteger a la población palestina, como hizo la comunidad internacional con Sudáfrica con la Convención contra el Apartheid. Las declaraciones reconociendo el derecho a promover campañas de boicot, sanciones y desinversiones -como actividades legales y pacíficas protegidas por la libertad de expresión- del Congreso de los Diputados de España, los parlamentos de Irlanda, Países Bajos, Suecia y de Alta Representante de la Unión Europea, Federica Mogherini obligan a a proteger a sus activistas para evitar casos como la reciente expulsión de una cooperante española.
El avance y la consolidación del apartheid, la ocupación, el bloqueo, el no reconocimiento del Estado de Palestina y las violaciones de derechos humanos sólo son posibles gracias a la imposición unilateral de la administración Trump. Su salida del Acuerdo contra el Cambio Climático, del pacto nuclear con Irán y del Consejo de Derechos Humanos y UNESCO pretenden la imposición unilateral de los objetivos de sus alianzas con las fuerzas más extremistas en todo el mundo, como el Gobierno de Netanyahu. Frente a estas políticas que sólo alientan el caos y la destrucción en el mundo, la Unión Europa y España deben pasar de las declaraciones a los hechos cumpliendo y haciendo cumplir el derecho internacional. Por justicia con Palestina y para evitar la voladura de todo el sistema de multilateralismo democrático, el derecho internacional y todo el sistema de gobernanza global mundial.
Domingo, 29 de julio de 2018