Ayer, domingo 8 de diciembre, miles de seguidores bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes (Congreso Nacional, Tribunal Supremo y Palacio presidencial) en Brasilia, pidiendo una intervención militar para derrocar a Lula, apenas una semana después de la toma de posesión. Los atacantes han provocado el destrozo de bienes públicos y saqueos, incluyendo el robo de armas del Palacio presidencial. Ante ello, el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva se vio obligado a decretar la intervención federal en el área de seguridad de Brasilia. Hasta ahora hay cerca de trescientos detenidos.
Estos hechos suponen un gravísimo ataque a la democracia brasileña, sin precedentes en su historia reciente, que copia el guion trumpista del asalto en 2021 al Capitolio de EE. UU. Los ataques tienen lugar tras los cuatro años de Gobierno de Bolsonaro, que ha estado alimentando la violencia, los discursos de odio y los cuestionamientos del proceso electoral, generando una base social ultraderechista y reaccionaria muy consolidada e incapaz de aceptar los resultados expresados por las urnas en octubre de 2022. No obstante, el clima de impunidad con el que el bolsonarismo ha estado actuando en los últimos años no habría sido posible sin sus vínculos con los poderes del Estado. Específicamente, en esta ocasión destaca la inacción de las fuerzas de seguridad del Distrito Federal, comandadas por el exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres.
Tras lo sucedido, y en primer lugar, expresamos nuestra solidaridad con el presidente Lula da Silva y su Gobierno, así como con el pueblo brasileño, que ya se está movilizando para hacer frente democráticamente a este intento de golpe de Estado. Desde Podemos consideramos que la movilización popular es crucial para hacer frente a la ultraderecha y para recuperar y defender la democracia en Brasil.
Reiteramos nuestro rechazo frontal a estos ataques, y defendemos la urgencia de identificar y procesar a todos los implicados, incluyendo a sus financiadores, para encontrar a los responsables y garantizar que se haga justicia de acuerdo con la ley en defensa del Estado Democrático de Derecho en Brasil. Particularmente, se deberá investigar la negligencia de las Fuerzas de Seguridad en la Cámara Legislativa del Distrito Federal y en el Congreso Nacional, así como convocar al Gobernador del Distrito Federal para testificar sobre los hechos golpistas y la acción de la Policía.
La violencia es el principal recurso de la ultraderecha y de los poderes reaccionarios para tratar de imponerse a la voluntad popular expresada en las urnas. Por ello, es necesario que las fuerzas democráticas y populares de todo el mundo continúen alzando la voz y defendiendo la democracia frente a los ataques de la ultraderecha y el reaccionarismo, en Brasil y en todo el mundo.
Lunes, 9 de enero de 2023