Ayer se celebró la primera y única sesión del juicio contra Ramón Nse Esono, el dibujante guineano detenido el pasado septiembre en Malabo junto con varios ciudadanos españoles. Ramón era acusado acusado de lavado de dinero y evasión fiscal, delitos que negó rotundamente.

Esono, autor de la novela gráfica “La Pesadilla de Obi”, en la que se satiriza al dictador Teodoro Obiang y las violaciones de derechos humanos que éste comete en Guinea Ecuatorial, se encontraba en el país africano con la intención de renovar el pasaporte cuando fue detenido, habiendo permanecido durante más 5 meses en prisión preventiva.

Ante las sospechas de la construcción de cargos falsos y el convencimiento de estar ante un juicio político, junto con el resto de grupos parlamentarios, habíamos exigido al Gobierno, que, mediante la representación diplomática en Malabo, siguiera el proceso judicial contra Ramón, para intentar asegurar el derecho a un juicio justo.

Finalmente, a la conclusión de la primera sesión del juicio contra Ramón se ha puesto de manifiesto que los cargos eran falsos: el testigo de la acusación, el cabo de la Policía Nacional Trifonio Nguema Owono Abang, ha retirado todas sus acusaciones señalando que solo cumplía órdenes, declaración tras la que el juez ha retirado los cargos contra Ramón Esono Ebalé, quedando el juicio visto para sentencia.

La evidencia de la construcción de un juicio fraudulento contra Ramón hace que tengamos una mayor preocupación por la situación en la que se encuentra el partido de la oposición Ciudadanos por la Innovación. Este partido ha sido disuelto por el poder judicial en el marco de un proceso contra sus principales cargos, en el que al menos 34 personas han sido condenadas por sedición. Esta condena da continuidad al recrudecimiento de la represión en Guinea Ecuatorial que, tras las últimas elecciones, se materializó en la muerte de Santiago Ebee Ela, integrante del mismo partido, en una comisaría de Malabo.

La situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial es escandalosa. Mientras la renta per cápita es una de las más altas de todo el continente africano, debido fundamentalmente a la extracción de materias primas, la población malvive con unos niveles bajísimos de desarrollo, que afectan especialmente a las mujeres y a los niños y niñas. En este contexto, la élite guineana continúa enriqueciéndose obscenamente, reproduciendo un modelo de economía extractivista frente al que la oposición política solamente puede dedicarse a intentar evitar la represión.

Desde Podemos consideramos que esta situación es insostenible, y que requiere de una intervención firme de la comunidad internacional. El papel de nuestro país es especialmente relevante, ya que tenemos una responsabilidad directa derivada del pasado colonial guineano con la que nuestro país no está cumpliendo en la esfera diplomática, donde las declaraciones y comunicados son mucho menos contundentes de lo que la situación merece.

Además, las vías de acción no son solo diplomáticas, sino también económicas, y deben pasar por luchar contra las dinámicas del orden internacional que permiten  regímenes como el de Teodoro Obiang: la existencia de paraísos fiscales, la impunidad de las multinacionales o la complicidad del sistema financiero de los países occidentales con la corrupción guineana están detrás de la situación actual del país. Esos han de ser también los objetivos de una política exterior que defienda los derechos humanos en Guinea.