La salida de Reino Unido de la Unión Europea es un proceso con profundas implicaciones para nuestro país. Aunque como hemos denunciado anteriormente el gobierno sigue sin disponer de cifras realistas sobre el número de españoles emigrados, sí sabemos que Reino Unido es el principal país de destino de la emigración española. Cientos de miles de compatriotas, desde recién llegados expulsados por las políticas austericidas a familias que llevan décadas en el país, que ahora temen por su futuro.

Parece, sin embargo, que el gobierno de Rajoy está más interesado en ‘poner banderas sobre Gibraltar’ que en resolver sus problemas. Mientras las delegaciones diplomáticas de países como Portugal han habilitado servicios especiales de atención sobre Brexit para sus ciudadanos, la única información oficial de la delegación española ha sido un breve comunicado el día posterior al referéndum, que incorrectamente indicaba que nada iba a cambiar en dos años. Mientras tanto, los españoles y españolas residentes en Reino Unido se despiertan cada día con noticias de deportaciones, crímenes de odio, y trabas imposibles a la hora de tramitar las solicitudes de residencia. Y con dos Consulados que no ofrecen ninguna información, con horarios extremadamente reducidos, y colas enormes para realizar hasta los trámites más básicos.

Por ello, durante estos últimos días hemos registrado una serie de preguntas con ruego de respuesta por escrito, en las que interpelamos al Gobierno sobre la incertidumbre a la que están sometidas las personas residentes en el Reino Unido tras el aumento de los índices de xenofobia y crímenes de odio; la falta de asistencia por parte de las autoridades del Gobierno ante el Reino Unido; el derecho a la sanidad y a servicios y prestaciones sociales; los grupos de trabajo sobre distintas materias con los que cuenta la Embajada de España en Londres; además de una específica sobre las 8 demandas de la Marea Granate.

Hemos presentado también una Proposición No de Ley sobre principios que han de regir las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la UE, tanto bilaterales como en el marco de la Unión Europea. Asimismo, celebramos la aprobación, en la sesión plenaria del pasado 8 de febrero del Senado de España, de la Moción por la que se insta al Gobierno a garantizar el mantenimiento de los derechos de los españoles residentes en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras su salida de la Unión Europea, para la que nuestro Grupo en el Senado aportó tres enmiendas (3, 4 y 5) siguiendo las reivindicaciones del colectivo Marea Granate.

Sin embargo, y a pesar del desarrollo de estas iniciativas de forma paralela, nos preocupa que la Ponencia de estudio de las consecuencias de la salida del Reino Unido de la UE, dos meses y medio después de su constitución, no haya mantenido aún ninguna reunión ni haya celebrado ninguna comparecencia. Esta Ponencia se constituyó el 21 de diciembre del pasado año, estableciéndose como horizonte temporal de finalización de su función el 30 de junio de 2017.

Desde Podemos consideramos que, precisamente en el mes en el que se prevé que la Primera Ministra británica, Theresa May, invoque la aplicación del Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, los trabajos de esta Ponencia se deberían de iniciar sin mayor demora. Asimismo, consideramos fundamental e inexorable que la voz de la sociedad civil y de los colectivos en los que ésta se encuentra representada sean prioritarios a la hora de conformar el orden de las comparecencias.

Entendemos asimismo imprescindible y urgente que se proceda a la apertura de vías de comunicación institucionales y estables entre el Gobierno -especialmente a través de la Embajada en Londres y los Consulados en Londres y Edimburgo- y los colectivos de representación de la sociedad civil emigrada, como Marea Granate pero no únicamente, que llevan años promoviendo servicios y apoyo para nuestra ciudadanía en el exterior ante la incomparecencia de nuestras autoridades. Nuestra ciudadanía residente en el Reino Unido, sus problemáticas y necesidades, han de constituirse en la primera prioridad de este Gobierno y ser así centrales en el desarrollo de las negociaciones de las condiciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Gobierno no puede continuar como componente avivador de la incertidumbre en la que viven los nuestros, sino que ha de ser el garante de su seguridad y bienestar.