Son momentos difíciles para la democracia en Nicaragua. Desde la represión de las movilizaciones masivas de 2018 —que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejó entre 300 y 400 muertos, 2.000 heridos, más de 1.600 detenidos y 70.000 exiliados—, el país atraviesa una grave crisis de derechos humanos agudizada por la escalada de actos represivos que se producen desde hace meses contra el pueblo nicaragüense; un pueblo con el que nos unen profundos lazos histórico-culturales y el sueño de una América Latina en la que todos sus pueblos sean libres y soberanos para decidir sobre su propio destino.
Esta crisis afecta de manera particular a las mujeres defensoras de los derechos humanos y a las organizaciones feministas y de derechos humanos, que están siendo blanco de persecución y silenciamiento continuado por parte de agentes del Estado y, también, de agentes parapoliciales. Según los testimonios, esto incluye agresiones y detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos, allanamientos ilegales de hogares, campañas de difamación, violencia sexual, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las privadas de libertad. Además, denuncian la reciente aprobación de una serie de leyes y medidas legislativas que ponen en cuestión la institucionalidad democrática y la efectiva separación de poderes en el país.
Por otro lado, el pasado mes de junio se produjeron las detenciones de cuatro precandidatos a la presidencia, dos exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, un expresidente del gremio del empresariado y seis miembros del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), hoy renombrado Unión Democrática Renovadora (UNAMOS). Todos ellos han sido acusados de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización». Estos hechos se producen a escasos meses de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, para las cuales no hay prevista ninguna observación internacional.
Frente a ello, queremos recordar el deber de todo Estado considerado democrático de garantizar el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos, especialmente los derechos políticos y sociales, y de asegurar las garantías democráticas necesarias para desarrollar un proceso electoral justo y transparente que permita la libre expresión y el respeto de la voluntad popular. Pero no es solo un deber, sino una necesidad en un momento político en toda Latinoamérica marcado por la inestabilidad, el malestar social y la polarización; así como por los intentos de intromisión e injerencia de potencias y actores extranjeros en procesos electorales, como vimos en Bolivia tras el golpe de Estado de 2019, temimos en Ecuador este año y estamos viendo estos días en Perú.
Por todo lo expuesto, desde Podemos queremos reiterar nuestro apoyo al pueblo nicaragüense, particularmente a las personas y organizaciones de derechos humanos afectadas por esta deriva, e instamos al Gobierno de Nicaragua a encontrar vías de diálogo con la sociedad civil, poner fin a la represión de voces críticas e investigar y depurar responsabilidades por los crímenes cometidos durante las protestas de 2018 y posteriormente. Es necesario establecer cuanto antes las condiciones necesarias para que pueda darse un diálogo nacional —inclusivo y participativo— que garantice una solución pacífica y negociada al conflicto en el país. Asimismo, llamamos a la comunidad internacional a colaborar y contribuir a reforzar la institucionalidad democrática en Nicaragua y a que se produzcan unas elecciones libres, justas y transparentes; sin la injerencia de poderes externos que no dudan en instrumentalizar la defensa de los derechos humanos pero callan y miran para otro lado cuando no conviene a sus intereses.
Martes, 6 de julio de 2021