El pasado 7 de diciembre el presidente de Perú, Pedro Castillo, intentó disolver el Congreso, instaurar un estado de emergencia y llamar a nuevas elecciones en lo que fue una extralimitación constitucional. Poco después, era destituido por el propio Congreso, detenido por la policía y sucedido por la vicepresidenta Dina Boluarte. Estos hechos han agravado profundamente la crisis política e institucional en Perú —que viene de mucho antes— y ha llevado a movilizaciones masivas por parte de la ciudadanía para exigir el cierre del Congreso —que cuenta con un 6% de aprobación—, la convocatoria de nuevas elecciones y la apertura de un proceso constituyente. Protestas que están siendo reprimidas violentamente por parte del ejecutivo de Boluarte, con un resultado de unas 7 víctimas mortales y decenas de heridos hasta la fecha, pero con un gran riesgo de que la violencia vaya a más.

Lo que está ocurriendo en Perú es resultado del agotamiento del régimen de 1993 y su Constitución fujimorista. El sistema político peruano, que ha visto a 7 presidentes en los 7 últimos años, arrastra problemas estructurales que resultan en crisis recurrentes de gobernabilidad, obstruccionismo por parte del legislativo y corrupción generalizada. El maestro rural fue elegido por voluntad popular precisamente para acabar con la crisis políticas e institucionales que lo precedieron; y con un programa de reformas sociales con el que pretendía acabar con la desigualdad, redistribuyendo la riqueza que ostenta la élite económica peruana entre los excluidos. Ese es el motivo por el que esas mismas élites, a través de sus tentáculos en el Congreso, nunca quisieron reconocer su legitimidad democrática —llamando a la nulidad de las elecciones de 2021— y se han estado esforzado para destituirlo y hacer descarrilar el proyecto por el que fue elegido.

Asediado desde el primer momento, Castillo renunció a su propio programa electoral y a las fuerzas progresistas nacionales e internacionales, para pactar con quienes nunca lo quisieron mantener en el poder. De los 80 ministros que ha nombrado en lo que va de mandato, muchos de ellos supusieron cesiones a las oligarquías que son las que lo han acabado tumbando. Resultado de sus exabruptos y de la extralimitación constitucional, hoy Perú vive inmerso en una grave crisis política e institucional, con su presidente por elección popular arrestado y un Congreso totalmente deslegitimado y rechazado masivamente por el pueblo peruano.

Ante ello, es hora de devolver la voz al pueblo peruano, que ya se está manifestando en las calles para ser escuchado. El pueblo está pidiendo un proceso constituyente que ponga fin a todo este ciclo de inestabilidad en el que el país está sumido desde 1993.  Igualmente se tiene que respetar el debido proceso y cumplir con las garantías que el Estado de derecho contempla para Pedro Castillo. Dina Boluarte tiene la responsabilidad y el deber de escuchar las demandas del pueblo y convocar elecciones generales y un referéndum por una nueva Constitución. Esta crisis exige una salida democrática y constituyente con el pueblo como protagonista.


Martes, 13 de diciembre de 2022