Desde octubre de 2018, el gobierno de Egipto ha detenido a más de 40 defensoras de derechos humanos, abogados y abogadas, periodistas, sindicalistas y todo tipo de opositores, que han sido sometidos a una represión sin precedentes en la historia del país como si fueran enemigos de Estado, lo que ha convertido al país en “una cárcel al aire libre”, según ha denunciado Amnistía Internacional.
Entre ellos se encuentra la defensora de derechos humanos Amal Fathy, condenada a dos años por publicar un vídeo, en línea con la campaña feminista mundial #Metoo, denunciando el acoso sexual y la falta de medidas del gobierno de su país. Según las organizaciones egipcias y ONU Mujeres, dos de cada tres mujeres sufre violencia y acoso sexual realizados por hombres en sus casas, trabajos o calles, donde el acoso ha sido sufrido por un 99% de mujeres. También hay que destacar el caso del reportero gráfico Mahmoud Abu Zeid, Shawkan, en prisión preventiva desde 2013 pese a superar el tiempo de su condena de 5 años por cubrir las protestas contra el golpe de Estado a Mohamed Morsi en el mismo macrojuicio en el que se condenó a 75 personas a muerte y 47 a cadena perpetua.
En estos días de febrero, en que se celebra el octavo aniversario de las manifestaciones que derrocaron a Hosni Mubarak y dieron lugar a una nueva Constitución y elecciones pluripartidistas, el pueblo egipcio se encuentra en una gravísima situación, con atentados contra turistas y población cristiana copta, que dejaron 11 muertos hace unas semanas y la posterior muerte de 40 supuestos terroristas, una insurrección de grupos terroristas en el Sinaí, una economía desplomada incapaz de atender las necesidades del 30% de la población que vive en la pobreza, según las estadísticas oficiales, y una situación generalizada de persecución.
En julio de 2018, Egipto adoptó una nueva ley de medios de comunicación que amplía la definición de prensa a cualquier persona con más de 5000 seguidores en redes sociales en un país que cuenta con 38 periodistas encarcelados. Desde 2015 hay una ley antiterrorista que ha ampliado el concepto de terrorismo a vulneraciones de orden público o puesta en riesgo de “seguridad o intereses de la sociedad”. Desde 2017 está vigente el estado de excepción y una ley que requiere que la financiación de cualquier ONG sea aprobada por agencias de seguridad estatales, lo que en la práctica significa su prohibición y cierre. Son especialmente graves los secuestros, torturas y desapariciones forzadas cometidos por cuerpos de seguridad egipcios. Según la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades, al menos 1.520 personas fueron desaparecidas por las fuerzas de Seguridad entre julio de 2013 y agosto de 2018, de los que quedan cientos de casos sin saber su paradero. Recientemente, desaparecieron los jóvenes, con doble nacionalidad egipcia y alemana, Mahmoud Amr Mohamed Ezzat Abdel Azi e Isa al-Sabbagh. El pasado 29 de noviembre el Parlamento italiano anunció la suspensión de sus relaciones diplomáticas con el Parlamento egipcio por la desaparición, tortura y asesinato de Giulio Regeni y la fiscalía italiana abrió investigaciones a cinco cargos militares y policiales egipcios.
Pese a esta gravísima situación, el Gobierno de España ha intensificado sus relaciones bilaterales con Egipto con visitas e intercambios oficiales. La Unión Europea, primer socio comercial en el país, revisó el pasado 20 de diciembre su acuerdo de asociación con el país y el gobierno de derechas y extrema derecha de Austria propuso El Cairo como sede una reunión de la UE con la Liga Árabe en febrero de 2019 alabando el “gobierno eficiente” de Al Sisi y respaldando su actuación debido a los acuerdos para contener las migraciones y salida de personas refugiadas hacia Europa.
Desde Podemos exigimos al Gobierno de España y las instituciones europeas que cumplan su propia legislación en derechos humanos como una exigencia previa para cualquier tipo de relación comercial. Exigimos reorientar las relaciones exteriores con los países de la vecindad europea y mediterránea con políticas de derechos humanos, democracia, desarrollo sostenible y equidad de género; acabar de manera justa con los conflictos que asolan países y pueblos enteros y aplicar las leyes de comercio de armas; gestionar la movilidad en nuestras sociedades de acuerdo con la legislación internacional y acabar con las muertes de personas en el Mediterráneo; y asegurar que las empresas europeas no estén involucradas en violaciones de derechos humanos, al exportar tecnología de vigilancia. Por esa razón, desde Podemos hemos presentado una batería de preguntas escritas al Gobierno sobre las relaciones entre Egipto y España y exigiendo la suspensión de la condena de Amal Fathy y la liberación inmediata de Shawkan; así como hemos firmado y votado a favor de las resoluciones 2018/2968 Y 2018/2561 del Parlamento Europeo que por mayoría piden a la vicepresidenta de la Comisión y alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini medidas urgentes por los derechos humanos en Egipto.
Miércoles, 6 de febrero de 2019