El pasado martes 3 de julio tuvimos conocimiento de la activación de una orden internacional de busca y captura contra el expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, por parte de la jueza ecuatoriana que instruye el Caso Balda. La emisión de dicha orden de busca y captura se adopta como medida cautelar en un juicio que dista mucho de sus conclusiones. Es una medida adoptada además contra un ciudadano con residencia acreditada en Bélgica con carácter previo a la instrucción de dicho proceso, con probada voluntad de permanecer en contacto con el consulado ecuatoriano en este país y, por su amplio reconocimiento público, con nulas posibilidades de fuga para eludir la acción de la justicia.

Se trata de una medida absolutamente desproporcionada, que impone la más grave de las penas, la privación de libertad, sin argumentación alguna que lo justifique. Constituye por tanto una alarmante degeneración de un proceso legal que, hasta ahora, no da muestras de conducirse con el debido y estricto apego a la ley y a la presunción de inocencia del exmandatario ecuatoriano.

El desarrollo del Caso Balda deja constancia de un gravísimo irrespeto al debido proceso: el sumario del caso, que está aún en fase de instrucción, no recoge indicios sustentados que demuestren la participación del expresidente Correa. Asimismo, la aplicación de la prisión provisional como medida cautelar no está orientada a impartir justicia, sino que equivale a una condena anticipada, vulnerando los derechos procesales de Rafael Correa.

Este caso constituye una manifestación más de “lawfare” en América Latina, la aplicación del derecho penal del enemigo para intentar desactivar a un líder político adversario. Como en el caso del expresidente de Brasil, Lula da Silva, o de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, la construcción de un caso penal en contra de Rafael Correa responde descaradamente a una persecución política en su contra, dirigida desde el Estado.

Es por ello que manifestamos nuestra preocupación por la utilización de las instituciones (y, en particular, del poder judicial) para acometer la persecución de adversarios políticos en el Ecuador y en el resto de América Latina. La ilegitimidad de este proceso judicial resulta de una acelerada desinstitucionalización del Estado ecuatoriano desde que Correa y su Gobierno dieran paso al nuevo gabinete presidido por Lenin Moreno, y supone un gravísimo atentado contra el Estado de derecho y la democracia en el Ecuador, al violentar gravemente la presunción de inocencia, la libertad y los derechos humanos y políticos de Rafael Correa.

El revanchismo no construye países y sistemas más estables y democráticos, sino que alimenta el enfrentamiento y la división social. Podemos llama a la sociedad española y europea, a los partidos y a los movimientos políticos a mostrar su solidaridad con Rafael Correa y con el pueblo de Ecuador, en la defensa de la justicia social, la democracia y el Estado de derecho.