El lunes pasado el presidente del Perú, Martín Vizcarra, amparado en la Constitución peruana vigente, disolvió el Congreso de la República y convocó a elecciones del Congreso que se llevarán a cabo el 26 de enero de 2020. Con esta medida se buscó neutralizar el bloqueo que las bancadas parlamentarias tocadas con escándalos de corrupción en sus filas, realizaban cotidianamente desde el Legislativo, con el afán de mantener la impunidad sobre sí mismos y los suyos. 

Perú es un país hermano al que seguimos con atención. Durante los últimos diez años hemos sido testigos de la resaca de una dictadura cuya corrupción lo tocó todo y cuyas estructuras no fueron nunca desmontadas. En España sabemos bien que echar a los corruptos es un primer paso para acabar con esta forma de hacer política, pero no basta. Es necesario que nuevos gobiernos, con nuevas políticas y nuevas formas de hacer política, limpien las instituciones y las devuelvan a quienes pertenecen: a la ciudadanía. 

La resaca de la dictadura fujimorista y las prácticas corruptas como forma de hacer política han llevado al Perú a un punto de quiebre: cinco expresidentes condenados o imputados por corrupción, lista de involucrados que incluye a líderes de partidos, excongresistas, empresarios, personalidades mediáticas, etc. y una ciudadanía enfadada que se rebela contra esta forma de utilizar el poder por parte de los políticos, para beneficios partidarios e individuales. 

Frente a ello, el Presidente Vizcarra presentó múltiples iniciativas para limpiar de corrupción las instituciones, pero obtuvo desde el Congreso un bloqueo continuo pese al apoyo popular mayoritario. Fue ese bloqueo parlamentario por parte de un Congreso donde la bancada fujimorista que gozaba de una mayoría defensora de sus intereses (73 de 130 escaños), el que ha conducido al país a una situación de excepcionalidad. Y es en situaciones excepcionales donde la voz y el poder deben ser devueltos a la gente.

La disolución del Congreso ha sido la medida que así lo permite. Una medida apoyada contundentemente por un país que la ha celebrado en las calles de todas las regiones y que decidirá ahora por un cambio de correlación de fuerzas en el próximo Congreso que puede ser un punto de inicio al necesario periodo de transición democrática peruana.

Desde Podemos nos posicionamos con el pueblo peruano que está decidido a cerrar las puertas a las mafias y a la corrupción para dar espacio a gobiernos decentes. Hacen falta políticas de cara a la gente en clave de un nuevo pacto social expresado en una Constitución que no sea el legado de una dictadura como la actual. En ese proceso constituyente, el Perú podrá encontrar el camino democrático que merece, y cerrar filas a la desigualdad que una Constitución como la fujimorista no hace sino perpetuar. 

El Congreso que sea elegido en enero tendrá la enorme tarea de implementar reformas estructurales fundamentales que conduzcan al país en dicha línea. Desde España estamos atentos al reto de este país hermano, reconocemos el valor, pertinencia y constitucionalidad de la disolución de un Congreso de blindaje e impunidad de la corrupción, y nos posicionamos con el pueblo peruano en su anhelo por acabar con la corrupción como forma de gobierno y con la desigualdad como producto de un modelo económico que no vela por las mayorías.  Es momento de la gente.