La situación en las fronteras marítimas y terrestres de Grecia, particularmente en la frontera con Turquía, es extremadamente preocupante y humanamente insostenible. Desde hace algunos días, asistimos a estallidos de violencia y a constantes vulneraciones de los derechos humanos por parte de las autoridades griegas a personas que buscan asilo y protección y también a quienes ya están en suelo griego. El Gobierno de Grecia ha suspendido el derecho de asilo, una clara violación del Derecho Internacional Humanitario, concretamente de la Convención de Ginebra de 1951. Esta suspensión de derechos fundamentales en territorio europeo se produce no solo con el beneplácito de la Unión Europea, sino con el apoyo expreso de las autoridades comunitarias al Gobierno griego. La connivencia de la Unión Europea (UE) es motivo de preocupación para quienes enfrentamos el crecimiento de la extrema derecha en Europa.

La violencia no proviene solo de las autoridades griegas. A las devoluciones en caliente, la represión, los disturbios y los gases se suman las agresiones xenófobas y misóginas violentas, incluyendo robos y palizas, a personas refugiadas por parte de grupos de extrema derecha. Especialmente grave es la violencia contra mujeres, niños, niñas y otros grupos vulnerables, quienes sufren estos ataques de manera exacerbada. Numerosas ONG y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las personas Refugiadas (ACNUR) han señalado que estas agresiones se extienden al personal humanitario, que incluso se ha visto obligado a retirarse de las islas y de los territorios fronterizos por motivos de seguridad.

Estos acontecimientos son consecuencia de la ausencia de una política migratoria común para la Unión Europea. La criminalización de la migración y de las causas que la acompañan han hecho de la Europa fortaleza un espacio de vulneración de los derechos fundamentales. Es intolerable que la UE continúe ignorando el derecho internacional y europeo y profundizando su política de externalización de fronteras para que, según declaraciones de la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, hagan de «escudo» de Europa.

En este sentido, el acuerdo firmado con Turquía en 2016 es una vergüenza para la UE, que no puede seguir manteniendo a sueldo a un Estado que no respeta los derechos humanos y que ejerce de carcelero con el único objetivo de impedir a toda costa el paso de personas migrantes y refugiadas a suelo europeo. La UE debe también exigir a Turquía que deje de utilizar los flujos migratorios como herramienta geopolítica para presionar tanto a Grecia como al resto de Estados miembros. El sufrimiento humano y la inestabilidad de la región no pueden verse agravados por la errática política exterior del Gobierno de Erdoğan.

Las instituciones de la UE no pueden de ningún modo justificar ni apoyar las acciones en Grecia. La respuesta de la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos a la situación de violencia y maltrato de personas refugiadas es del todo inaceptable, pues ahonda en las decisiones irresponsables y contrarias al derecho internacional que ha provocado la Europa fortaleza: una gran catástrofe humanitaria, con decenas de miles de vidas perdidas en el mar Mediterráneo.

Desde Podemos, condenamos las últimas actuaciones en Grecia de y exigimos a la UE que haga cumplir el derecho nacional, el europeo y el internacional. La violencia tiene que cesar de inmediato y el Estado griego debe asegurar el acceso legal y seguro a su territorio, de acuerdo con los procedimientos europeos de petición de asilo y con el derecho europeo. Asimismo, exigimos que la UE deje de asumir la agenda de la extrema derecha en Europa e impulse de manera inmediata la activación de la Directiva 2001/55/CE de protección temporal en caso de urgencia de personas desplazadas. Nosotras y nosotros seguiremos defendiendo una política migratoria basada en los derechos humanos para quienes huyen de la pobreza y de conflictos. Es necesario impulsar una política exterior que deje de practicar injerencias en guerras de terceros países y apueste decididamente por una mirada independiente que abogue por el desarrollo sostenible y la paz. Mientras la solidaridad europea siga ahogándose en el Mediterráneo, el verdadero proyecto social europeo estará en peligro.

4 de marzo de 2020