En medio de una gravísima crisis política y de derechos humanos en Colombia que ha hecho saltar todas las alarmas internacionales, el presidente Iván Duque visitará Madrid con motivo de la celebración de la Feria del Libro 2021. Una visita que se ha visto salpicada por numerosas denuncias de censura de autores y libros críticos con el gobierno.
Desde que jóvenes, organizaciones y movimientos sociales convocaron en abril el Paro Nacional contra la reforma tributaria de Duque, la violencia y la brutal represión de las protestas dejaron, a fecha del mes de junio y según cifras del propio Estado colombiano, unas 51 personas fallecidas; más de 1000 personas heridas; cientos de personas desaparecidas; más de 100 casos de violencia machista y 27 de violencia sexual. Por su parte, la organización de la sociedad civil Temblores ha contabilizado hasta 4.687 casos de violencia policial. Tanto el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras organizaciones sociales e internacionales han manifestado su preocupación por la actuación policial y la urgencia de una investigación independiente de los abusos cometidos en el marco de las movilizaciones. Además, el presidente Ivan Duque ha sido denunciado ante el Tribunal Penal Internacional y la Organización de Naciones Unidas por delitos de lesa humanidad.
El uso ilegítimo de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y del ejército ha estado propiciado por declaraciones irresponsables como las del Expresidente y actual Senador de Centro Democrático, el partido del Presidente Duque, Álvaro Uribe quién llegó a afirmar en twitter: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Este tuit fue retirado posteriormente por la red social debido a que incitaba y legitimaba la violencia.
El contexto de estas movilizaciones se produce en un clima generalizado de impunidad y de falta de implementación de los Acuerdos de paz de 2016 que ha llevado al país a los niveles más altos de violaciones de derechos humanos y de asesinatos de líderes sociales y defensoras de derechos humanos de todo el mundo. Este clima de impunidad responde a una falta de voluntad política en la investigación de estos crímenes y de los vínculos de los mismos con los intereses económicos de las élites colombianas. A esto se suma el hecho de que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, algo que las políticas del actual gobierno de Duque, la pandemia de la Covid-19 y la deficiente gestión de la crisis no han hecho más que agravar.
Por todo ello, desde Podemos queremos reiterar nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares, así como nuestro apoyo al pueblo colombiano en sus reclamos de justicia, paz, democracia, derechos y justicia social. Recordamos que es deber de todo Estado democrático proteger y garantizar el derecho a la protesta pacífica, y no tratar las movilizaciones ciudadanas como un problema de orden público. La calidad democrática de una sociedad y de un Gobierno se mide en la capacidad que tiene de asegurar el pluralismo interno y la manifestación efectiva del mismo.
Instamos al gobierno de Iván Duque a investigar los crímenes y poner fin de una vez por todas a la impunidad. Urge establecer cuanto antes las condiciones para el pacto social, a través de un diálogo nacional que conduzca a una solución pacífica y negociada del conflicto. Asimismo, el Estado deberá abordar las causas profundas de las movilizaciones, escuchar las demandas de la ciudadanía y emprender una profunda reforma de los cuerpos policiales y del Ejército que supere la persistencia de las lógicas del conflicto armado en la respuesta a la movilización social. Por otro lado, solicitamos al gobierno de Duque el plan de protección y seguridad para los y las lideresas y miembros de organizaciones políticas declaradas en oposición, al cual está comprometido por el Estatuto de la Oposición desde hace cuatro años.
Por último, hacemos un llamamiento al gobierno de España y a toda la comunidad internacional a no mirar hacia otro lado ante los abusos mencionados; a defender la urgencia de las investigaciones y a examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos humanos de los acuerdos comerciales y de cooperación suscritos con Colombia. Nuestro Gobierno y la Unión Europea deben permanecer a la altura de los valores que dice defender en su política exterior, adoptando un papel activo en la defensa de los derechos humanos en el país hermano y en los esfuerzos por asegurar unas elecciones libres, justas y transparentes el próximo año 2022 que permitan a los colombianos y colombianas elegir con garantías democráticas su futuro.
Domingo, 12 de septiembre de 2021