Desde que tomara posesión como presidente de EEUU, el pasado viernes 20 de enero, Donald Trump ha optado por llevar a cabo sus promesas de completar la construcción de un muro en la frontera con México, el país vecino, y dificultar de forma administrativa la llegada de personas migrantes a Estados Unidos recortando los fondos federales a las denominadas ‘ciudades santuario’ -que ofrecen protección a las personas que viven indocumentadas en ellas-. La última orden ejecutiva, firmada el viernes, establece un veto a las nacionalidades de siete países de mayoría musulmana y una moratoria de acceso a los Estados Unidos a las personas de nacionalidad siria que solicitan asilo. Ni siquiera la fiscal general en funciones, Sally Yates, estaba convencida de que estas órdenes tuvieran una aplicación legal y por ello se ha negado a defender cualquier tipo de medida antiinmigración. La respuesta no se ha hecho esperar, y este mismo lunes Trump le ha destituido de este cargo.

Estas medidas suponen una vulneración de la legislación internacional en materia de derechos humanos al discriminar por origen, religión o nacionalidad, y al devolver a sus países de origen a personas que pudieran estar sufriendo persecución en ellos. Los actos de soberanía no pueden amparar la puesta en riesgo del derecho a la tutela judicial, el proceso debido, la igualdad y no discriminación o el principio de neutralidad religiosa del Estado, tal y como ha puesto de manifiesto la resolución judicial que ha detenido provisionalmente la aplicación de la orden ejecutiva de 27 de enero.

Miles de personas se están viendo afectadas por esas medidas, especialmente los sectores más vulnerables. Queremos recordar que la causa principal de los movimientos de población en el mundo se encuentra en las enormes desigualdades globales, la pobreza y ausencia de oportunidades. El propósito de este conjunto de decisiones tomadas por el nuevo gobierno estadounidense no es otro que vincular peligrosa e injustamente la retórica de la lucha antiterrorista con la eficacia de las leyes de inmigración.

En otra línea, la reinstauración de la denominada «regla de la mordaza global» por la que se bloquea la financiación federal estadounidense para las organizaciones no gubernamentales que asesoren a favor de los derechos de salud sexual y reproductivos, atenta contra los derechos de mujeres y niñas, especialmente de aquellas que sufren abusos.

Es indiscutible que el gobierno de nuestro país debería mostrar la máxima preocupación y denunciar la deriva autoritaria, machista y xenófoba lejos de permanecer cómplice, como se ha manifestado hasta ahora. Podemos ya registró en noviembre una proposición no de ley instando al gobierno a incorporar una serie de principios en sus relaciones bilaterales con Estados Unidos. Hemos defendido con firmeza que la diplomacia no debe estar reñida con la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y la justicia social.