Hace un mes, coincidiendo con el Día de los Presos Palestinos, entre 1.200 y 1.500 personas palestinas presas iniciaron una huelga de hambre indefinida en las distintas cárceles israelíes en las que se encuentran. La iniciativa fue lanzada por Marwan Barghouti, Diputado palestino encarcelado desde 2002.

Las demandas para poner fin a la huelga de hambre pasan por terminar con lo que Israel denomina “detenciones administrativas”, detenciones sin cargos ni juicio ni acceso ni derecho a defensa legal que según Amnistía Internacional y varias ONGs de derechos humanos infringen el derecho internacional en materia de detención arbitraria; el fin del uso del aislamiento abusivo; el acceso adecuado a sus representantes legales así como a las visitas familiares, al tratamiento médico adecuado, y el derecho a realizar estudios académicos en prisión.

Actualmente hay cerca de 7.200 personas presas palestinas en las cárceles de Israel, según datos de la Autoridad Nacional Palestina. De ellos 750 están bajo «detención administrativa»; 300 son niños y niñas; 73 son mujeres; 1.700 están en situación de enfermedad (23 de ellas con enfermedades terminales); 31 son periodistas, y hasta 6 son representantes electos del último Parlamento palestino.

Este 15 de mayo se ha conmemorado un año más la “Nakba”, el “desastre” en árabe, día que recuerda la expulsión de cerca de 750.000 personas palestinas de su tierra en 1948. Hoy queremos sumarnos a las peticiones internacionales para que se respeten los derechos del pueblo palestino, empezando y de inmediato por los de su población reclusa. Por esta razón hemos elevado al Gobierno la siguiente Pregunta-Unidos-Podemos-ECP-En-Marea-Presos-Palestina
desde las Comisiones de Asuntos Exteriores y Cooperación del Congreso de los Diputados.

Desde Podemos seguiremos trabajando por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional en Palestina, exigiendo al Gobierno de España y otros organismos internacionales el cumplimiento de la resolución 2334 que condena la colonización israelí; el libre tránsito de personas y mercancías desde y hacia Gaza; la defensa del derecho a realizar campañas pacíficas y legales como la del BDS, amparadas por el derecho a la libertad de expresión;la reacción por parte de la comunidad internacional a la constatación de apartheid en Palestina por parte  de la  Comisión Económica y Social para Asia Occidental de las Naciones Unidas (CESPAO, y el reconocimiento inmediato y unilateral por parte de España del Estado de Palestina.