El pasado 6 de junio el pueblo peruano vivió una jornada electoral histórica en la que, tras cinco años con cuatro presidentes diferentes y una crisis institucional que provocó las protestas masivas de noviembre de 2020 y la dimisión de al menos 13 ministros, la ciudadanía eligió como su presidente al maestro rural Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, por un margen de unos 40.000 votos de diferencia con respecto a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. Desde entonces, han sido numerosos los intentos por parte de la oposición fujimorista de llamar a la nulidad de las elecciones y bloquear la proclamación oficial del presidente.

Desde nuestro grupo parlamentario condenamos las maniobras de Fuerza Popular para dilatar y boicotear el proceso electoral, incluyendo alegaciones de irregularidades sin pruebas, peticiones de nulidad fuera de plazo e intentos de que actúe la Justicia ordinaria y se llame a unas nuevas elecciones, a pesar de que la Constitución peruana establece que ninguna institución judicial puede interferir en la Justicia electoral. A esto se suman los alarmantes pronunciamientos de exmilitares llamando a un golpe de Estado y las recientes grabaciones en las que Vladimiro Montesinos —asesor de Alberto Fujimori en los 90, imputado por corrupción y amigo personal de la candidata— urde un complot electoral contra Pedro Castillo desde una prisión de máxima seguridad.

Frente a ello son varias las instituciones, las potencias y los organismos internacionales los que se han pronunciado en favor del reconocimiento de los resultados, confiando en las autoridades electorales para la solución de los litigios pendientes. La OEA ha constatado que los procedimientos «se han realizado con apego a la ley y a los reglamentos vigentes» y ha saludado que el sistema peruano cuente con las garantías del debido proceso. Por su parte, la UE habla de un proceso «libre y democrático» y los EE.UU. han felicitado a Perú por llevar a cabo unas elecciones que ha considerado «un modelo de democracia para la región». En este sentido, llamamos a la comunidad internacional a extremar la atención en los acontecimientos y a reforzar el apoyo a la institucionalidad democrática en Perú, rechazando de manera contundente los llamamientos a revocar las elecciones y los intentos de obstaculizar la gobernabilidad del país.

Con la victoria de Pedro Castillo se consolidan los avances progresistas en América Latina y se pone freno a las redes de la internacional reaccionaria y las oligarquías latinoamericanas que veían en Perú su nuevo punto de anclaje. El pueblo peruano ha elegido libre y soberanamente dejar atrás el legado del fujimorismo y la corrupción en favor de la democracia y la justicia social. Todas las fuerzas políticas deben respetar esa voluntad.


Miércoles, 30 de junio de 2021