El pasado 31 de marzo se registraron en Paraguay diversas protestas y disturbios tras una votación en el Senado que buscaba iniciar una reforma constitucional para permitir la reelección en los cargos de presidencia y vicepresidencia, actualmente prohibida por la Constitución de 1992. Esos hechos derivaron en el uso desmedido de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado contra la población civil, en el asesinato de Rodrigo Quintana, militante del Partido Liberal, en la sede de su partido, y en la quema del Congreso Nacional.

Queremos expresar nuestra profunda preocupación por estos hechos, que deberían ser exahustivamente investigados. Pedimos respeto a los derechos fundamentales y al orden constitucional del que se ha dotado el pueblo paraguayo, y alentamos a que los conflictos políticos entre las partes se resuelvan exclusivamente por medio del diálogo entre instituciones, partidos políticos y sociedad civil, sin recurrir a la violencia y respetando en todo momento los procedimientos constitucionales y el orden democrático e institucional del país.