Mientras la población de Turquía y Siria sigue tratando de recuperarse de las consecuencias de uno de los terremotos más devastadores que se recuerdan en la región, la persecución de Erdogan a la oposición y a todo atisbo de crítica política sigue su curso. Son varios los activistas, periodistas y formaciones políticas cuyos líderes han sido perseguidos por el actual Gobierno, pero sin duda las acciones contra el pueblo kurdo y la represión sistemática contra el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) han sido uno de los objetivos centrales de las acciones de Erdogan.

Valiéndose de todas las herramientas disponibles para el ejercicio del poder, el régimen de Erdogan ha tratado de acallar las voces del HDP desde su entrada en el Parlamento turco en 2015. Además de los ataques difamatorios, Erdogan ha encontrado en el aparato judicial su principal aliado en este objetivo, lo que ha arrojado como resultado cientos de causas abiertas tanto hacia el partido como hacia sus dirigentes y cargos electos. Estos procedimientos han provocado o bien el exilio, o bien el cumplimiento de condenas para cargos tan representativos como la anterior copresidencia del partido Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, que siguen en prisión hoy en día.

Estas causas judiciales tienen un elemento común en la acusación, que son la vinculación del HDP y sus simpatizantes con el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) y ser asimilados en el uso de herramientas no democráticas para la consecución de su agenda política. El HDP ha negado en múltiples ocasiones estas acusaciones y, por ahora, no se han conseguido demostrar dichas vinculaciones en ninguna de las causas en su contra respetando las garantías de un proceso judicial independiente.

Si bien cada uno de los procesos judiciales abiertos han supuesto un dolor irreparable para las personas que se han visto afectadas por todo este entramado, existen dos causas concretas que ponen en peligro la supervivencia del partido: el caso Kobane y la demanda de clausura contra el partido.

Debemos retrotraernos al 17 de marzo de 2021, cuando la Oficina del Fiscal General de Turquía lanzó una demanda ante la Corte Constitucional Turca con el objetivo de prohibir el HDP. En un proceso lleno de déficits de garantías judiciales, el 5 de enero de 2023 se dio un paso adelante al congelar las cuentas bancarias de la formación política y bloquear el acceso a los fondos públicos correspondientes para la campaña electoral de 2023. Si bien el Tribunal Constitucional ha revocado la decisión sobre el acceso a los fondos, el proceso judicial que busca el cierre del partido entró en su fase final con la declaración el próximo 10 de abril de la actual copresidencia del HDP, Pervin Buldan y Mithat Sancar, que deberán defender al partido ante esta tentativa de cierre.

Añadido a este proceso, el 15 de marzo comenzarán las audiencias del caso Kobane, en el que 108 representantes del HDP enfrentan sentencias a cadena perpetua bajo las acusaciones de homicidio premeditado y destrucción de la unidad y la integridad del Estado, por las llamadas a participar en las movilizaciones en apoyo a la resistencia de Kobane que se saldaron con una violenta represión y decenas de muertos. La Corte Europea de Derechos Humanos ya ha señalado la falta de indicios sobre esta acusación y la falta de garantías e independencia del propio proceso judicial, llamando incluso a la liberación de Demirtaş.

Esta persecución sistemática muestra el miedo del régimen turco a los resultados de las elecciones en mayo, dado que la gestión de Erdogan se encuentra cada vez con más oposición y el HDP se configura como la tercera fuerza política en intención de voto y un actor clave para facilitar la formación de un Gobierno sin el AKP (partido que preside Erdogan) a la cabeza. En un intento de recuperar terreno político, durante los últimos meses el régimen de Erdogan está enarbolando las banderas del nacionalismo y de la lucha contra las supuestas amenazas externas, señalando en la mayor parte de las ocasiones a la población kurda tanto de Turquía como de los países vecinos (especialmente, Siria e Irak); y es desde ese contexto que debe analizarse también la intensificación de los ataques del régimen contra el HDP. La tentativa de cierre del partido y, con ello, la imposibilidad para la formación prokurda de competir en las próximas elecciones sería un paso más en este ataque frontal.

Es necesario que todas las fuerzas políticas y la comunidad internacional apoyen el fin de esta persecución y la necesidad de dotar de garantías (como procesos judiciales justos e independientes) los procesos ya iniciados y, también, es necesario que apoyen la puesta en marcha de las garantías necesarias que aseguren un proceso electoral justo. La clausura del HDP no sería solamente un acto ilegal e injusto de cara al presente del pueblo kurdo y de la sociedad turca en su conjunto, sino un gran retroceso en las posibilidades de construcción democrática en defensa de los derechos de la población kurda y de una visión sistémica en la que los principios de democracia, igualdad y ecologismo se encuentren en el centro de la apuesta política y social.


Lunes, 13 de marzo de 2023