Desde las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto en Bielorrusia, en las que el candidato Aleksandr Lukashenko revalidó su sexto mandato, el país vive una movilización social masiva contra el régimen, los resultados electorales —que están siendo calificados como fraudulentos— y la represión policial de las protestas, que han dejado al menos un muerto, centenares de personas heridas y miles de detenidas. La del pasado domingo en Minsk fue la manifestación más masiva en la historia del país desde la caída de la URSS, a la que, se calcula, asistieron cerca de 250 000 personas para pedir la dimisión del presidente que ocupa el cargo desde hace 26 años.

Tras la jornada electoral, a la que no asistió ningún organismo internacional independiente, la oposición liderada en su rama política por Svetlana Tikhanovskay —ahora exiliada en Lituania— salió a las calles para impugnar los resultados y pedir la salida del presidente. Le siguieron varios días de apagón de internet y una brutal represión policial de las protestas, en las que se han producido más de 7000 detenciones y numerosas denuncias de torturas a manos de los agentes. Las principales empresas estatales del país han convocado huelgas y muchos trabajadores se han sumado a las protestas, también los del principal canal de medios en propiedad del Estado. El propio Lukashenko ha llegado a solicitar el apoyo del presidente ruso, Vladimir Putin, para controlar las manifestaciones si fuera necesario. Frente a esto, potencias como Estados Unidos o la propia Unión Europea se han apresurado a desacreditar las elecciones y, como ha declarado el propio alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, a pedir la liberación de las y los detenidos y la rendición de cuentas por parte de los responsables de los abusos. El pasado viernes, los ministros de Exteriores de los Estados miembro acordaron trabajar para la imposición de sanciones contra los oficiales bielorrusos implicados en la violencia de estos últimos días.

Desde Podemos siempre defenderemos el derecho de las personas y los pueblos a la protesta contra los abusos y las violaciones de derechos humanos, y nos sumamos a los llamamientos al cese de la violencia y la represión. No será sino a través del diálogo social que comenzará el camino hacia una solución democrática del conflicto, pero también del reconocimiento por parte de la comunidad internacional de la necesidad de que las decisiones sobre el futuro de su país las tome el pueblo bielorruso, sin injerencias externas ni invocaciones selectivas del respeto a los derechos humanos, siempre subordinados a otros intereses geopolíticos y estratégicos. En este sentido, consideramos que la Unión Europea no tiene suficiente credibilidad para denunciar estos hechos, con una política exterior manifiestamente dependiente de sus alianzas y la recurrencia de la política de sanciones frente al auspicio del diálogo como mecanismo de resolución de determinados conflictos, tal y como ha demostrado repetidamente en relación con otros puntos del globo.

La defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales debe ser concebida como un fin y un interés estratégico en sí mismo, sin el cual la Unión Europea carece de legitimidad suficiente para actuar como la potencia normativa y constructiva que aspira a ser. Es por ello por lo que la instamos a actuar en pro de una solución dialogada del conflicto bielorruso y a defender la no injerencia por parte de cualquier potencia extranjera en el país. En un momento geopolítico como el actual, que pone a la Unión Europea ante la elección del papel que quiere jugar como actor global, se hace además necesario apostar por un nuevo enfoque de relaciones con su vecindad oriental en el que prime no solo la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sino también la autonomía estratégica para definir y defender sus propios intereses.


Miércoles, 19 de agosto de 2020