El Tribunal de Apelación de Casablanca ha condenado a Nasser Zafzafi, Mustafá Ahamyik, Samir Ighid y Wassim el Bousstati a 20 años de prisión y a otras 49 personas más a penas que van desde 15 a un año de duración por lo que ha calificado como “atentados contra la seguridad del Estado, rebelión y participación en protestas ilegales”. Todavía quedan varias personas por ser juzgadas, entre ellas el periodista Hamid El Mahdaoui, detenido por su labor informativa durante las protestas sociales del Rif. En total, unas 500 personas, incluidas algunas menores de edad, están detenidas de las 800 que se enfrentan a procesos judiciales por participar en manifestaciones pacíficas reivindicando mejoras económicas, sociales y culturales, con especial urgencia para las mujeres, en una de las zonas más desfavorecidas de Marruecos. Durante el proceso, que ha durado casi un año, las personas detenidas, algunas en huelga de hambre, han relatado malos tratos, torturas y algunas han sido sometidas a régimen de aislamiento.

Como expresó Amnistía Internacional respecto a los cargos imputados a las personas hoy sentenciadas, a las que calificó como “presas de conciencia”, estas condenas son incompatibles con las obligaciones de Marruecos en materia de derechos humanos al penalizar el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación.

Desde Podemos, tras haber recibido a familiares de Nasser Zafzafi y Milouda El Idrissi sobre cuya situación preguntamos por escrito al Gobierno del PP del que recibimos esta respuesta, nos sumamos a las peticiones de las organizaciones de derechos humanos y pedimos la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas detenidas por manifestarse pacíficamente. También demandamos a Josep Borrell, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, y Fernando Grande-Marlaska, Ministro de Interior, en su primer viaje a Marruecos, que trasladan estas peticiones a sus homólogos marroquíes, pregunten por las garantías del proceso y por el respeto a los derechos humanos.

De igual manera, pedimos que la Unión Europea, a través de su Alta Representante de Política Exterior, Federica Mogherini, eleve su opinión sobre el proceso, las condenas y la represión de derechos fundamentales, y que ante la gravedad de la situación, tal y como hemos preguntado a la Comisión Europea, estudie a fondo la adecuación de los acuerdos comerciales con Marruecos en función del cumplimiento de los derechos humanos y se preocupe por la situación de un ciudadano belga de origen marroquí detenido. Por último, hemos solicitado al Parlamento Europeo que discuta este caso en el pleno de la próxima semana en Estrasburgo, petición bloqueada por los grupos de derecha y extrema derecha.


Jueves, 28 de junio de 2018