El pasado 15 de marzo, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de las Naciones Unidas (CESPAO), con sede en Líbano, presentó el informe ”Prácticas israelíes contra el Pueblo Palestino y la Cuestión del Apartheid” en el que certificó la existencia de apartheid en Palestina, según la Convención Internacional por la Supresión y Castigo del Crimen de Apartheid (1973). El informe se basa en en el mismo cuerpo jurídico de derechos humanos que garantiza el rechazo y la lucha contra el antisemitismo y otras formas de discriminación racial e ideológica, como la Carta de Naciones Unidas (1945), la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y la Convención Internacional por la Eliminación de las Discriminaciones Raciales (1966).

En el caso de Palestina, el informe corrobora la presencia de un régimen israelí institucionalizado para la dominación expresado en la doctrina del Estado Judío; en un conjunto de leyes israelíes discriminatorias, como la ley militar aplicable a la población palestina pero no a la israelí en Jerusalén, Cisjordania y Gaza; en lo que denomina “ingeniería demográfica” al otorgar ciudadanía israelí a cualquier persona judía del mundo frente a las prohibiciones para la población palestina en los Territorios Ocupados y la población refugiada en otros países; la estrategia de fragmentación de las poblaciones palestinas; la discriminación en el acceso a la educación, salud, empleo, residencia y permisos de construcción de 300.000 palestino y palestinas que viven en Jerusalén Este, entre otras cuestiones documentadas y conocidas.

Tras la petición de retirada del citado Informe por parte del Secretario General, Antònio Guterres, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO), la jordana Rima Jalaf, presentó el pasado viernes 17 de marzo su dimisión después de negarse a eliminar el texto de la web oficial de las Naciones Unidas, algo que finalmente ha sucedido. Ante las evidencias mostradas en el informe, desde Podemos exigimos al Gobierno de España acciones en cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho internacional, que obligan a los Estados a actuar en situaciones como la tipificada en la Convención contra el Apartheid de 1973, así como a aclarar si ha recibido presiones por parte de los Gobiernos de Israel o EEUU para fomentar la retirada de dicho informe, tal y como el Portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores de nuestro Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha preguntado al Gobierno hoy mismo por medio de esta pregunta parlamentaria.

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Por otra parte, desde Podemos queremos condenar las nuevas amenazas e intimidaciones al destacado defensor palestino de derechos humanos, Omar Barghoutti, co-fundador del movimiento BDS (Boicot, Sanciones y Desinversiones por sus siglas inglés), interrogado por las autoridades tributarias israelíes durante cuatro días seguidos, tras haber sido amenazado por integrantes del Gobierno de Israel en marzo de 2016 y haberle prohibido viajar al extranjero durante varios periodos, prohibición que Israel amenaza con volver a llevar a cabo, unas semanas antes de que Omar Barghouti viaje a los Estados Unidos para recibir el Premio Gandhi de la Paz, junto con Ralph Nader, en la Universidad de Yale.

La represión y amenazas a activistas del BDS no se reducen a Omar Barghoutti, sino que afectan a muchas otras personas palestinas, israelíes, españolas y de muchos otros países a las que protegen los derechos a la libertad de expresión y asociación para llevar a cabo campañas de boicot, tal y como han reconocido la vicepresidenta y Alta Representante de la Unión Europea Federica Mogherini; los gobiernos de Suecia, Irlanda y Holanda; y el Parlamento de Navarra, que en noviembre de 2016 también reconoció el derecho al boicot como una “herramienta civil no violenta de solidaridad con Palestina”.

Desde Podemos seguiremos trabajando por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional en Palestina así como por el respeto al derecho a la libertad de expresión que ampara campañas como las del BDS y las acciones de las y los defensores de derechos humanos, expresiones legales y legítimas que pretenden visibilizar las violaciones de derechos contra la población palestina.