El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se reúne hoy con representantes de autonómicos de educación para discutir el calendario y la financiación de la aplicación de la LOMCE, la “Ley Wert”

Podemos se posiciona en contra de la aplicación de dicha ley y está trabajando en los parlamentos autonómicos para la paralización de su aplicación

La LOMCE, también conocida como ‘ley Wert’ ha tenido el dudoso honor de generar, desde el primer minuto, consenso en toda la comunidad educativa: desde rectores universitarios a alumnos, pasando por padres, madres y profesores, todos se pusieron en contra. Podemos tiene un compromiso claro con la paralización de la aplicación de la ‘ley Wert’ en todo el país, y ya se ha comenzado a trabajar en este sentido en los distintos parlamentos autonómicos en los que Podemos tiene representación.

Así, los grupos parlamentarios de Podemos han presentado proposiciones no de ley en todas las autonomías solicitando el retraso en la aplicación de la ley para poder corregir los defectos en su aplicación, derivados de la precipitación del gobierno, y lograr el consenso a favor –y no en contra- que debería necesitar cualquier ley educativa.

“En Podemos trabajamos para rescatar las instituciones y ponerlas al servicio de la ciudadanía, coordinando las acciones en los diferentes parlamentos, para ser más eficaces. Así, una ley que puso en pie a toda la comunidad estudiantil, y en la que el gobierno desoyó una y otra vez a la gente, ahora por fin puede revertirse”, asegura Auxiliadora Honorato, responsable de la Secretaría de Acción Institucional de Podemos.

Por comunidades, en Extremadura y en Aragón está paralizada su aplicación durante este curso; en Andalucía se aprobó la PNL pese a las reticencias iniciales del PSOE; en La Rioja se ha presentado esta mañana; en Asturias también está registrada; en Castilla y León se presentará en septiembre; en Cantabria, los diputados de Podemos se encuentran en negociaciones con la Consejería de Educación; en Valencia, Castilla – La Mancha, Baleres y Navarra la paralización se encuentra dentro de los acuerdos de investidura; y en Madrid, por último, el grupo parlamentario propuso la PNL para su paralización, que finalmente fue aprobada por el pleno.