Pocos días después de que el Consejo de Seguridad Naciones Unidas aprobara la resolución 2334 exigiendo el “cese inmediato y completo” de la colonización, el gobierno de Israel continúa el desafío al derecho internacional al anunciar la autorización para construir otras 3.000 viviendas en asentamientos ilegales en Cisjordania, su cuarto anuncio en las últimas semanas con hasta 6.219 nuevas casas autorizadas en esa zona y Jerusalén Este. La construcción de asentamientos en territorios ocupados es una flagrante violación del derecho internacional humanitario al transferir población civil de una potencia ocupante a un territorio ocupado, según el artículo 8 del Estatuto de Roma de la CPI y podría constituir incluso crímenes de guerra.

La políticas de colonización de Israel también fomentan políticas de discriminación sistemática (política, económica, social y cultural) y violaciones de derechos humanos, tanto en los territorios ocupados como hacia la población palestina que vive en el interior de Israel, al destruir viviendas palestinas, llevar a cabo desalojos forzosos, detenciones arbitrarias, castigos colectivos y apropiación de recursos básicos como el agua. Esta discriminación entre personas con sistemas diferentes (necesidad de solicitar permisos para actividades cotidianas, diferentes derechos según la zona donde se vive, obligación de utilizar carreteras separadas…) conduce a una situación tipificada como apartheid en la Convención Internacional de la ONU de 1973. Todas estas políticas de ocupación aumentan las desigualdades, especialmente las de género, dentro de la población palestina. Según UNRWA España, las mujeres y las niñas palestinas se enfrentan a grados de inseguridad alimentaria más elevados que la población masculina, a una mayor dificultad de acceso a la educación y a los servicios de salud, así como a continuas situaciones de violencia machista, “trauma causado por la violencia indirecta y prácticas sociales discriminatorias: denegación del derecho a la herencia, matrimonio temprano de niñas, movilidad restringida para las mujeres, entre otras.”

Sin embargo, no es suficiente condenar el incremento de una colonización israelí que no ha dejado de crecer desde los acuerdos de Oslo, al pasar de 199.00 viviendas construidas en Cisjordania y Jerusalén Este en 1993 a las cerca de 600.000 existentes en 2016. Es necesario que la comunidad internacional sea coherente con pasos reales para su cumplimiento. Esa necesidad es aún más urgente ante las declaraciones del nuevo presidente de EE.UU. Donald Trump tolerantes con la colonización y anunciando el trasladado la embajada de EE.UU. de Tel Aviv a Jerusalén, lo que podría agravar, aún más, la deteriorada situación en toda Palestina.

Desde Podemos condenamos el incremento de la colonización israelí y exigimos al Gobierno de España que cumpla con su posicionamiento de condena, expresado en los últimos años y reafirmado en la resolución 2334 durante su presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, y que aumente la presión diplomática, adopte sanciones si Israel no cumple con la legalidad internacional y reconozca, de manera unilateral e incondicionada, el Estado de Palestina. De igual manera, la UE debería aumentar su presión si Israel no cumple con la legalidad internacional, implementar fórmulas para compensar los proyectos de cooperación europeos destruidos por Israel y sancionar a las compañías israelíes que producen y operan en los territorios ocupados.


Viernes, 3 de febrero de 2017