Desde Podemos seguimos con enorme preocupación la situación política, económica y social que atraviesa la República del Ecuador desde hace tiempo, y que se ha visto agravada en los últimos dos años por la crisis de la COVID-19 y por las políticas de desprotección y desigualdad implementadas por los distintos Gobiernos neoliberales. Una situación que, en un ejercicio de su derecho
democrático a la protesta pacífica, ha llevado a parte de la ciudadanía ecuatoriana a movilizarse en el marco de un Paro Nacional convocado hace tres días.

La especial vulnerabilidad con la que las comunidades indígenas y campesinas enfrentan la crisis tras la pandemia y la desigualdad social ha llevado a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la organización indígena más grande del país, a liderar la convocatoria de las movilizaciones. Entre los reclamos de estos sectores se encuentran la reducción y el congelamiento del precio del combustible; el refinanciamiento de deudas por un año para el sector del agro; el control en los precios de los productos para el campo; el fin de la precarización de la jornada laboral; la revisión de los proyectos extractivistas (nocivos para el medio ambiente y los derechos de las comunidades); o el respeto de los 21 derechos colectivos (como la educación bilingüe o la justicia indígena), entre otros.

Es en este contexto que en la madrugada del 14 de junio se produjo la detención ilegal del líder indígena Leónidas Iza Salazar, presidente de la CONAIE. Una detención que se produjo por la fuerza, sin acusación, y que resultó en un comunicado oficial de la Fiscalía General del Ecuador donde se alegaba desconocer su paradero.

En este sentido, celebramos enormemente las noticias del día de hoy sobre su liberación e instamos al Gobierno de la República del Ecuador a cesar la persecución, y a garantizar en todo momento los derechos humanos (en particular, los derechos políticos) de la ciudadanía legítimamente movilizada por el descontento. Creemos firmemente que el diálogo, la negociación y la protección de los derechos y libertades fundamentales son inherentes a toda democracia y Estado de derecho. Y son, en esencia, la única vía para la resolución pacífica y democrática de una situación socioeconómica que se ha hecho insostenible para las mayorías sociales en el país.


Miércoles, 15 de junio de 2022