La formación solicita que se deroguen las prerrogativas de expresidentes del Consell que les conceden medios personales y materiales

Las Provincias

Valencia – El grupo parlamentario Podemos-Podem ha presentado este jueves una propuesta de modificación de la ley que regula el estatuto de los expresidentes de la Generalitat mediante la que solicita la derogación de la norma en lo referente a la dotación de recursos de índole material y personal. Reclama, asimismo, que los exmandatarios valencianos que ya se hubiesen acogido a los mismos presenten en las Corts una memoria económica y de actividades.

De este modo, Podemos propone que quede sin efecto la disposición que mandata al Consell a poner a disposición de los expresidentes de la Generalitat los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo, que cuenta con dos asesores y una plaza de conductor, un local y un automóvil, así como servicios de seguridad personal.

Asimismo, Podemos pretende que se derogue el articulado de la ley que permite que los expresidentes del Consell, en sus desplazamientos fuera del territorio de la Comunitat, gocen de los servicios que la Generalitat tenga establecidos, como las oficinas en Madrid y Bruselas.

La portavoz adjunta de este grupo parlamentario, autora material de la proposición, Fabiola Meco, plantea también que los expresidentes que se acojan a los derechos y prerrogativas de orden material y personal que les concede la norma, presenten en las Corts una memoria económica y de actividades que justifique la dotación presupuestaria asignada para la oficina de apoyo en el plazo máximo de seis meses desde que entre en vigor la modificación.

Podemos recuerda que la ley vigente no establece ningún tipo de incompatibilidad respecto al elenco de privilegios materiales y personales que se otorga a los expresidentes –con lo que pueden simultanearse con el ejercicio de otros cargos públicos o privados– y tampoco su revocación, aunque la persona que los ostente fuera imputada, procesada o, incluso, condenada.

La diputada Fabiola Meco pone de manifiesto en la iniciativa que la ley no establece en ningún apartado la justificación de la adopción de estas medidas «de favor» más allá de «garantizar que los expresidentes puedan atender sus necesidades de presencia social de acuerdo con la dignidad y el decoro de las altas funciones ejercidas».

En este sentido, la parlamentaria ha explicado que no se precisan las funciones que deben desempeñar los expresidentes en favor de la defensa de los intereses de la ciudadanía valenciana, ni se les obliga a rendir cuentas mediante la presentación de una memoria explicativa de las actividades realizadas ni de la justificación económica de los gastos imputados a la dotación pública presupuestaria asignada.

Mecanismo de transparencia

Meco critica también que la normativa, aprobada en 2002, tampoco alude a ningún mecanismo de transparencia informativa respecto a las asignaciones presupuestarias establecidas en favor de los expresidentes en herramientas virtuales que favorezcan el acceso a la ciudadanía, como el portal de Transparencia de la Generalitat, en tanto que se trata de unas prerrogativas y derechos con cargo al erario público.

La diputada recuerda asimismo que la ley carece de supuestos de revocación total o parcial por el pleno de las Corts de los derechos y prerrogativas de los expresidentes.

Según Meco, «en un contexto marcado particularmente en la Comunitat por la corrupción política, la crisis económica y la desigualdad social, carece de fundamento otorgar tales extraordinarios privilegios a quienes tuvieron el honor de ostentar la más alta magistratura de nuestra Comunitat, cuyo desempeño ya es una retribución por sí misma, y cuyo reconocimiento de los ciudadanos debe agotarse con el tratamiento honorífico y protocolario», en referencia al tratamiento vitalicio de Molt Honorable Senyor o Senyora, por lo que «no es procedente otorgarles beneficios materiales y económicos que no encuentran justificación».

A esto se añade, indica Meco, «la circunstancia de que se conozcan hechos relativos a alguna de las personas que han ostentado el cargo de presidente, acaecidos antes durante o después de su mandato, y que la hagan indigna de seguir disfrutando de las consideraciones que la ley le otorga», algo que debe asociarse a la posibilidad de revocación parlamentaria, ha advertido la diputada.

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