• La reforma, que entra hoy en vigor, es innecesaria e injusta, y ha sido aprobada por el gobierno del PP pese a la amplia contestación social

• “No necesitamos mayores ni más cruentas medidas de represión; esta ley recorta los derechos de participación democrática”, asegura Lorena Ruiz-Huerta, diputada en Madrid, abogada y activista contra la Ley Mordaza

Podemos ha expresado su rechazo a la Ley Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana –más conocida como Ley Mordaza– y se ha comprometido a derogarla en cuanto llegue al Parlamento.

La reforma entra en funcionamiento hoy, pese a haber recibido una fuerte contestación por parte de numerosos órganos constitucionales del Estado, de prestigiosos juristas, de organizaciones de derechos humanos e incluso de organismos internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa; así como el rechazo unánime de todos los partidos políticos de la oposición.

Pese a esto, el gobierno del PP ha hecho oídos sordos a los reproches y ha impuesto, una vez más, el rodillo de su mayoría absoluta, a pesar de que solo un 7% de la ciudadanía parece apoyar expresamente esta nueva Ley, que supone la defunción de los derechos de participación democrática, como la libertad de reunión y manifestación, o la libertad de expresión.

Una ley innecesaria e injusta

Podemos ha expresado su absoluto rechazo al contenido de esta ley, al considerarla totalmente innecesaria y plenamente injusta:
Es innecesaria porque, a pesar de que el gobierno esgrime como uno de los motivos para su aprobación que la ciudadanía está reclamando más seguridad, España se encuentra a la cola de la Unión Europea en la comisión de delitos. Además, pese al elevado número de manifestaciones y reuniones celebradas en los últimos años (en protesta por los re- cortes de derechos sociales y de libertades), el número de altercados y detenciones ha sido insignificante (habiendo sido, además, absueltas la práctica totalidad de las personas denunciadas por cometer desórdenes públicos en la jurisdicción penal).
Además, la Ley Mordaza es una ley injusta, porque incorpora numerosas infracciones que parecen hechas “ad nominen” para castigar a determinadas organizaciones sociales, cuyo único delito es haber defendido sin descanso, durante los últimos años, los derechos de todos y todas frente a la política antisocial del PP.

La nueva ley introduce hasta 15 nuevas infracciones que recorta el derecho fundamental de manifestación y reunión. Con ello se contraviene la doctrina pacífica y plenamente asentada, tanto en nuestro país como en Europa, de que las manifestaciones no comunicadas formalmente a la Administración no son ilegales, y por tanto no pueden disolverse, ni se debe multar a sus participantes.

También es injusta porque incrementa la cuantía de las sanciones sin tener en cuenta la capacidad económica de las personas; porque convierte a la Administración en “juez y parte” (al convertir las faltas penales en administrativas), privando a la ciudadanía de las garantías que ofrece el control judicial penal; porque legaliza las “redadas racistas”, y porque recurre a términos ambiguos, que relativizan el principio de seguridad jurídica, y refuerzan la sospecha de que el verdadero objeto de la ley es proteger al gobierno frente a una ciudadanía cada vez más indignada.

La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, abogada y activista contra la Ley Mordaza, Lorena Ruiz Huerta, ha explicado: “Tenemos la suerte de vivir en una sociedad pacífica que no necesita mayores ni más cruentas medidas de represión. La seguridad que demanda la ciudadanía es otra bien diferente a la que supone esta ley, que recorta los derechos de participación democrática. La gente demanda una seguridad que implique el derecho a tener un trabajo digno, una vivienda, y unos servicios públicos gratuitos, universales y de calidad. Por eso, en Podemos decimos NO a la Ley Mordaza, y nos comprometemos a derogarla en cuanto tengamos la oportunidad de hacerlo en el Parlamento nacional”.