Desde Podemos nos alegramos del resultado de la sesión sucedida en el día de hoy en el 72º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y por el cual España ha accedido a la membresía ante el Consejo de Derechos Humanos para el trienio 2018-2020.

Hemos registrado, ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, una Proposición no de Ley sobre los principios que —defendemos— deben regir la membresía de España ante el Consejo de Derechos Humanos, y que propondremos para su debate en Comisión el próximo miércoles, 25 de octubre.

Propondremos, así, continuar la senda ya iniciada el pasado 20 de junio, cuando el Congreso aprobaba una proposición según la cual se instaba al Gobierno a «tomar la iniciativa a nivel internacional y promover la adopción de una Convención Internacional de Derechos LGTBI». Propondremos, también, que España priorice la defensa de los derechos de las mujeres —en especial el derecho a una vida libre de violencia y discriminación—, así como los derechos de las personas que sufren discriminación racial, por origen étnico, nacional, religión, por su identidad u orientación sexual, por su diversidad funcional, así como los derechos de la infancia y la adolescencia, y así como los derechos sociales, económicos y culturales, de forma que se garantice y se apueste de manera indubitable por la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.

Entendemos, asimismo, que esta ocasión supone una oportunidad insoslayable para apoyar las labores del Grupo de Trabajo para la Creación de un Instrumento Jurídicamente Vinculante de Empresas y Derechos Humanos. Al contrario de lo que ha hecho hasta ahora, España debe comprometerse con la elaboración de este instrumento, trabajando activamente en el mismo.

Es por ello que, en definitiva, y más allá del contenido concreto de la candidatura, entendemos que España no puede afrontar un reto diplomático de este alcance e importancia sin consensuar, junto a las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos con representación parlamentaria, una agenda contundente y ambiciosa, que sitúe a nuestro país en una posición ejemplar en la defensa de los derechos humanos ante el mundo. Para ello, hemos propuesto conformar una Mesa Permanente a la que se invite a organizaciones de la sociedad civil, y en la que participen, asimismo, los partidos políticos con representación parlamentaria, en aras de la promoción del diálogo y del consenso político sobre la acción exterior de España en materia de derechos humanos.

El seguimiento de la acción exterior de España en materia de derechos humanos ha sido siempre una de nuestras máximas prioridades y, por ello, situaremos las labores de España ante el Consejo en el centro de nuestra labor política, dentro y fuera del Congreso.