El lunes 30 de marzo, Viktor Orbán dio un paso más en la deriva autoritaria a la que tiene sometido al pueblo húngaro. El ultraderechista ha aprovechado el estado de alarma declarado a causa de la crisis sanitaria para aprobar una ley que le permite mantener al país en este estado sine die. Ya había intentado este movimiento la semana pasada, pero ha sido la excepcional situación en la que se encuentra el país debido al COVID-19 lo que le ha permitido poder aprobarla en el Parlamento con los votos de dos tercios de la Cámara.

Esta ley concede al presidente una serie de poderes extraordinarios sin límite de tiempo y sin control alguno, además de prohibir elecciones y de aplicar una censura informativa en todo el país, lo que supone una clara violación de los derechos y libertades civiles y políticos de la ciudadanía húngara. Esta ofensiva contra la democracia se inscribe en el proceso de regresión autoritaria que vive el país desde hace ya una década: criminalización de las personas refugiadas, ataques a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y también contra las mujeres. Ataques que ya fueron condenados por el Parlamento Europeo el 12 de septiembre de 2018 (448 votos a favor frente a 197 en contra y 48 abstenciones) mediante la aprobación de una resolución para que los países de la Unión Europea (UE) en el Consejo Europeo activaran el artículo 7 del Tratado de la Unión por amenaza sistemática a «los valores fundamentales».

Hay que recordar que Fidesz, el partido de Viktor Orbán, está integrado en el Partido Popular Europeo, que lo suspendió en 2019 y del que podría salir. Sin embargo, sus ataques a los derechos democráticos y de los pueblos son alabados por partidos de derecha y extrema derecha, tanto en España como en toda Europa.

Desde Podemos, consideramos que bajo ningún concepto la actual emergencia sanitaria debe justificar la suspensión de derechos y la implantación indefinida del estado de alarma que Orbán se propone. En línea con los procedimientos anteriores, la UE debe instar con firmeza al Gobierno húngaro a respetar los derechos y libertades de su población, demostrando que el totalitarismo no tiene cabida en la UE. No sirve la intención de «analizar» que ha manifestado la Comisión Europea: hay que emprender un nuevo proceso de infracción. Como dijo el presidente Sassoli hace algunos días en referencia a la actividad europea durante la crisis del coronavirus: «La democracia no puede ser suspendida». Estas palabras se aplican hoy con mayor fuerza a la situación de excepción que vive Hungría.

31 de marzo de 2020