22 de octubre de 2019

El pasado viernes Sebastián Piñera, Presidente de Chile, declaró el estado de emergencia como respuesta a las protestas populares contra la subida del billete de metro. Esta declaración, que dotaba a las Fuerzas Armadas de poderes discrecionales para reprimir a los manifestantes y que incluían el toque de queda, se tradujo en un aumento de las protestas, incluso después de que Piñera se echara atrás en la medida que las provocó. El saldo en este momento es de 17 personas muertas, más de 200 heridos y más de 2000 detenidos. También dos acusaciones de violación por parte del ejército. 

Los movimientos sociales y populares chilenos han llamado a continuar las movilizaciones contra el Gobierno Piñera, evidenciando que estas van mucho más allá de la medida sobre encarecimiento del precio del billete de metro. Se trata, más bien, de una impugnación general del pueblo chileno contra la imposición a la fuerza del modelo neoliberal y el empobrecimiento y pérdida de derechos que el mismo ha traído en toda América Latina en las últimas décadas. 

Desde Podemos exigimos el fin de la militarización del país, que está provocando una respuesta de muchísima violencia contra la ciudadanía y que vuelve a producir imágenes que nos recuerdan a la dictadura de Augusto Pinochet, incluyendo detenciones contra líderes opositores por parte del ejército. Además apoyamos las demandas de las organizaciones sociales y políticas chilenas, que son muy concretas: fin del Estado de emergencia e investigación de todas las posibles violaciones de Derechos Humanos que se han producido y fin de las reformas neoliberales, para una recuperación de los derechos sociales.

Además, nuestra organización trabajará en exigir a la Unión Europea y la Gobierno español que denuncien la declaración del estado de emergencia y de las violaciones de derechos que está conllevando. Es muy preocupante que la respuesta de los gobiernos a las protestas legítimas sea la violencia y la vulneración sistemática de los derechos civiles y políticos. Debemos recordar, una vez más, que el derecho a la protesta, incluida la desobediencia civil pacífica, es algo consustancial a la democracia y que la función de los gobiernos es garantizarlo, no limitarlo. Esperamos, en este sentido, que los intereses comerciales y económicos que nuestras élites comparten con las élites chilenas no se vuelvan a poner por delante de los principios de democracia y respeto de los derechos humanos que han de guiar nuestra política exterior. El silencio que, de momento, ha mantenido el Ministerio de Asuntos Exteriores español no apunta en la buena dirección.

Estas movilizaciones y la declaración del estado de emergencia vuelven a mostrarnos que el neoliberalismo, como modelo económico y social, solamente se puede implementar mediante la violación de los derechos humanos de las poblaciones que padecen los recortes y las privatizaciones. Este modelo fue contestado hace muy pocas semanas también desde Ecuador, donde Lenin Moreno tuvo que echarse atrás en una serie de medidas negociadas con el FMI. Sebastián Piñera, quien ha afirmado entender las razones de la movilización, debe decretar el fin del Estado de Emergencia y tomar medidas, reales, de recuperación de los derechos sociales.