Siete años y medio después de su comienzo, la guerra de Siria afronta la que posiblemente sea su última gran batalla: la ofensiva militar sobre Idlib por parte del gobierno de Siria y sus aliados. Escenario de varias guerras internacionales y regionales por interposición, y de conflictos paralelos y retroalimentados entre países, milicias y grupos terroristas como el Estado Islámico, esta guerra será recordada por haber institucionalizado el desprecio del derecho internacional y en particular del derecho internacional humanitario. A lo largo de estos años hemos presenciado el desplazamiento forzoso de millones de personas, ataques reiterados a hospitales y escuelas, el empleo de torturas, desapariciones forzadas y secuestros, la utilización de armas químicas y de la violencia sexual como arma de guerra contra las mujeres (que han sufrido de manera desmedida el impacto de las privaciones económicas, la falta de acceso a la salud reproductiva o a la educación), entre otras muchas formas de violencia contra la población civil. Todas estas graves violaciones de los derechos humanos ejercidas contra la población han convertido Siria en el exponente de una lógica de impunidad y excepcionalidad que ha sumido Oriente Medio en una espiral de violencia estructural e incontestada, desde Irak hasta Yemen pasando por Libia o Gaza.

Por ello, desde Podemos queremos mostrar nuestra preocupación ante la situación en Idlib, una provincia de alta densidad demográfica, designada como zona de desescalada por el proceso de Astana, que ha acogido a más de 1,4 millones de personas desplazadas desde 2011. Tras el reciente fracaso de las medidas que pretendían evitar los ataques contra la población civil en otras zonas de desescalada como Guta Oriental y el suroeste del país, y tras los episodios de violencia que se produjeron tras la invasión de Afrin y en los asedios de los enclaves de Fua y Kefraya, el potencial para un nuevo desastre humanitario es grande si no se toman medidas efectivas para evitarlo. Las acciones militares anunciadas por el Gobierno sirio y sus aliados contra las milicias afiliadas a Al Qaeda -que han atentado reiteradamente contra civiles, activistas y milicias rivales en Idlib- no pueden dar lugar a ataques indiscriminados contra la población civil. Para ello, en el caso de que sea necesario deben establecerse corredores humanitarios monitoreados por Naciones Unidas. En todo momento, se debe garantizar que si hay evacuaciones de población civil estas sean voluntarias, en condiciones de seguridad y protección ante posibles represalias. Además, se debe asegurar que se respeten las obligaciones que impone el derecho internacional humanitario y que se atiendan las necesidades de las poblaciones que siguen atrapadas por el conflicto.

La situación en Idlib es inseparable de una premisa fundamental e incontestable: cualquier solución real para poner fin al conflicto en Siria únicamente podrá ser fruto de una negociación política entre todas las partes implicadas. Para ello, los países garantes del proceso de Astana, reunidos hoy mismo para abordar la operación militar en Idlib, y los países del llamado Small Group, tienen la responsabilidad y la obligación de evitar confrontaciones militares aún más destructivas, como ha estado punto de suceder en varias ocasiones entre Rusia, EEUU, Turquía, Israel e Irán. Cualquier escalada militar debe ser frenada de inmediato para dar lugar a un proceso de negociación creíble, sobre la base de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de las resoluciones recientes sobre Mujeres, Paz y Seguridad, en el que participen no solo los actores armados sino la sociedad civil organizada, y en especial las organizaciones defensoras de derechos humanos y las organizaciones de mujeres. En ausencia de un acuerdo político asumido por las potencias regionales y mundiales que siguen patrocinando a los múltiples actores bélicos locales, ninguna correlación de fuerzas permitirá garantizar la seguridad y el control pleno del territorio, la rendición de cuentas y la reparación de los crímenes cometidos, el ejercicio de los derechos y la soberanía del pueblo sirio -en especial el derecho al retorno para las millones de personas desplazadas y refugiadas, siempre que este sea voluntario y en condiciones de seguridad y dignidad- y el fin de las múltiples formas de violencia que siguen golpeando cada día a las poblaciones de todo Oriente Medio.

Por todo ello, desde Podemos nos hacemos eco del llamamiento del Secretario General de la ONU para que se tomen medidas inmediatas y efectivas para proteger a la población civil en Idlib, y llamamos al Gobierno de España a impulsar el diálogo político, los marcos multilaterales de negociación y la promoción del derecho internacional para poner fin de una manera sostenible y duradera al conflicto en Siria.