Miércoles, 15 de diciembre de 2016

Cristóbal Montoro ha alardeado en el Senado de que este año el «gasto social» se situará por primera vez por encima de los 300.000 millones de euros, y lo ha utilizado como prueba de que «se está haciendo perfectamente compatible la austeridad en el conjunto del gasto público con la mejora propia de la protección social y los servicios del Estado de bienestar».

Se trata sin duda de una utilización incorrecta de las cifras de gasto social para ocultar el deterioro que se ha producido en los servicios públicos fundamentales durante los años en los que se ha estado aplicando la política de austeridad, tanto por el Gobierno del PSOE (2010-2011) como por el del Partido Popular (2012-2016). Por dos razones: porque es necesario distinguir entre el aumento del gasto de pensiones derivado de la propia evolución demográfica y el resto de gasto social que depende en mayor medida de la política del Gobierno; y porque la evolución del gasto social no debe hacerse solo en términos nominales, sino en comparación con el crecimiento del PIB y en términos de gasto real por habitante.

En concreto:

1. El incremento del gasto social que se ha producido entre 2011 y 2016 se explica únicamente por el aumento del gasto en pensiones, que a su vez se deriva del aumento del número de pensionistas y de que los nuevos pensionistas se incorporan al sistema con una pensión más alta. No es el resultado de una política discrecional del Gobierno para aumentar la generosidad del sistema. Al contrario: a) la aplicación del factor de revalorización de las pensiones está limitando la actualización de las pensiones al 0,25%; b) el Gobierno acaba de rechazar la propuesta del Parlamento para que las pensiones suban el año que viene lo mismo que la inflación prevista, con lo que perderán capacidad adquisitiva; c) los efectos de las reformas de 2011 y 2013, y sobre todo el «factor de sostenibilidad», reducirán el gasto en pensiones en una cifra estimada de 33.000 millones en los próximos años –en comparación con un escenario sin esas reformas-.

2. El resto de partidas que componen el gasto social se han reducido, incluso en términos nominales:

• En 2016 se han invertido en Educación, Sanidad y Protección Social (excluido el gasto en pensiones y desempleo) 3.500 millones menos que en 2011, y 8.800 millones menos que en 2009.
• En 2016, el gasto en protección por desempleo ha sido 11.400 millones más bajo que en 2011. Esta reducción, de un 38%, es mucho más importante que la que se ha producido en el número de desempleados, que es de sólo un 7% (media tres primeros trimestres de cada año, según la Encuesta de Población Activa). Por tanto, se explica fundamentalmente por una disminución de la protección a los desempleados.

3. Si lo medimos en términos del PIB, el deterioro de la protección social es evidente: el gasto social (excluidas las pensiones) ha pasado de suponer el 19% en 2009, al 18% en 2011 y al 16% en 2016. Incluso en 2016 este porcentaje disminuye respecto a 2015. Esta reducción se refleja en un menor peso de la financiación de la Educación, la Sanidad y el resto de políticas sociales.

4. Si medimos el gasto social no en términos nominales, sino en términos reales (descontando la inflación) y teniendo en cuenta la evolución de la población, los resultados son muy claros:

• Excluyendo las pensiones y el desempleo, el gasto social por habitante se ha reducido en términos reales un 3% entre 2011 y 2016, y un 7% si comparamos 2016 con 2009.
• En Sanidad, la caída del gasto real por habitante es del 2% respecto a 2011, y del 8% respecto a 2009.
• En Educación, la caída es del 5% respecto a 2011, y del 11% respecto a 2011.

5. De hecho, en la presentación de la estrategia de política fiscal para los próximos años que hizo el propio ministro Montoro en octubre pasado, no solo no se prevé que estos porcentajes se recuperen, sino que se reducirán aún más. Por ejemplo:

• El gasto en Educación previsto para 2019 será del 3,8% del PIB, cuando una década antes era del 4,6%.
• El gasto en Sanidad se habrá reducido entre 2009 y 2019 desde el 6,8% al 5,8%.
• Si en 2019 gastáramos en Educación y Sanidad el mismo porcentaje del PIB que en 2009, esto supondría aumentar el presupuesto en estas partidas en 23.000 millones más de lo que ahora mismo prevé gastar Montoro en ese año.

6. A todo esto hay que añadir que, además, España cuenta con un nivel de financiación de su Estado de bienestar inferior al del resto de países de la UE-15, que es con quien debemos compararnos. Por ejemplo, en relación con el PIB, en 2014 el resto de los países de la UE-15 destinaban a Sanidad el 7,5% del PIB, frente al 6,1% de España. En Educación, el resto de la UE-15 invertía el 5%, y España el 4%. Por tanto, la propuesta de política fiscal del Partido Popular no solo no nos hace converger con Europa en gasto social, sino que nos aleja.

Secretaría de Economía de Podemos