Nota de la Secretaría de Economía
Viernes 2 de diciembre de 2016

El Gobierno del Partido Popular aprueba un techo de gasto inferior en 5.000 millones de euros al aprobado en 2016, consolidando con ello los recortes de años anteriores.

El PSOE utiliza la subida del 8% en el SMI como moneda de cambio para ayudar al Gobierno a fijar su techo de gasto. Y esto es un doble engaño a la ciudadanía progresista: no solo consolida los recortes de años anteriores, sino que además pretende desactivar la Propuesta de Ley de Unidos Podemos para hacer crecer el SMI hasta los 950 euros en enero de 2020, que podía lograrse al existir una mayoría parlamentaria suficiente.

El Gobierno vuelve a plantear medidas tributarias desarticuladas, que solo en parte remiendan sus errores en la legislatura pasada. Podemos considera que es necesaria una reforma fiscal amplia y profunda que garantice un «suelo de ingresos» para blindar los servicios públicos fundamentales y la financiación necesaria para la modernización económica.

El Gobierno fijó en 2016 el techo de gasto en 123.000 millones de euros. No obstante, durante el año el gasto se ha reducido (acuerdos de no disponibilidad, cierre anticipado del ejercicio…), lo que ha dejado el gasto ejecutado final en aproximadamente 118.000 millones de euros. Esa es la cifra que ahora utilizan el Gobierno del Partido Popular y el PSOE para pactar el techo de gasto para 2017.

Pensamos que fijar en dicho umbral el techo de gasto para 2017 es un profundo error que ignora las necesidades que en este momento tiene la economía española y la ciudadanía de nuestro país.

Las políticas presupuestarias tienen que situar las necesidades de los ciudadanos en el centro del proceso de decisión. Estas necesidades no pueden subordinarse a un objetivo de déficit que no tiene justificación económica ni social. No obstante, lejos de atender a estas necesidades, los objetivos propuestos por el Gobierno impiden el desarrollo de aquellas políticas que realmente permitirían asegurar los servicios públicos fundamentales, impulsar un verdadero cambio de modelo de crecimiento y garantizar una rápida reducción del desempleo. En concreto:

1. El crecimiento económico que se está registrando no se está traduciendo en una mejora real de las condiciones de vida para una parte muy importante de la población. Para cambiar esta realidad, es necesario un nuevo modelo laboral que asegure condiciones de trabajo y salarios dignos, pero también políticas públicas que atiendan las consecuencias sociales de la crisis y de las políticas de austeridad aplicadas. Podemos reclama la adopción de un Plan de Renta Garantizada, aplicada de forma coordinada por todas las administraciones, para atender las necesidades del 22% de la población que en 2015 estaba por debajo de la línea de la pobreza en España (más de 10 millones).

2. Desde 2009, España ha registrado graves recortes en los servicios fundamentales, como educación, sanidad y dependencia. No basta con dejar de recortar, consolidando estas pérdidas de derechos, sino que es necesario revertir los recortes. España debe fijarse como objetivo para esta legislatura recuperar el peso en el PIB que tenían antes de los recortes el gasto en Sanidad (6,8%) y en Educación (4,6%), y atender de forma inmediata a las 400.000 personas dependientes que tienen reconocido el derecho a la prestación, pero se encuentran en lista de espera.

3. España requiere un cambio en su modelo de crecimiento que no solo lo haga más inclusivo, sino también más sostenible, de más calidad y menos dependiente del exterior. Esto requiere nuevas políticas industriales y un esfuerzo para aumentar la inversión pública, que actualmente supone el 2,4% del PIB, muy por debajo del 4% registrado antes de la crisis. Particularmente, es imprescindible poner en marcha un Plan de Transición Energética que incluya un Plan Nacional de Ahorro Energético (orientado a la mejora de la eficiencia energética en edificios, transporte, industria y sistemas de distribución eléctrica) y un Plan Nacional de Energías Renovables.

4. El cambio en el modelo de crecimiento no debe limitarse exclusivamente a su sostenibilidad medioambiental o de balanza de pagos. También a su sostenibilidad social. En ese sentido, es esencial poner la política fiscal al servicio de una reorganización de los trabajos productivos y reproductivos (de cuidados), facilitando la inserción de la mujer en condiciones de igualdad en el mercado de trabajo. Para ello, es necesario avanzar en nuevos derechos como la gratuidad y extensión de la educación infantil de 0 a 3 años, o la adopción de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. No obstante, con el actual techo de gasto la adopción de estas medidas resultará inviable.

5. Las decisiones adoptadas en las últimas semanas para aumentar los ingresos públicos, y las que se han anunciado recientemente, suponen una enmienda del Gobierno a sus propias políticas, y el reconocimiento de que el verdadero problema fiscal de España está en su incapacidad para asegurar unos recursos públicos suficientes, como Podemos viene afirmando reiteradamente. Sin embargo, este problema no puede resolverse con parches y medidas improvisadas para cubrir el objetivo de déficit, sino que requieren una reforma tributaria integral que aumente la progresividad y asegure de forma estable los ingresos necesarios para financiar un verdadero desarrollo del Estado de bienestar.

Es necesario invertir la lógica del «techo de gasto» y sustituirla por la contraria: empezar por definir un «suelo de ingresos públicos» necesarios para financiar el estado social que queremos y la inversión pública que necesitamos.

6. Contrariamente a lo que el Gobierno reitera, la vuelta de la economía española a tasas de crecimiento positivas no es el resultado de sus políticas de austeridad, sino de factores externos (política monetaria, depreciación del euro, precios del petróleo) y del impulso fiscal registrado en 2015-2016. Precisamente por ello, y ahora que esos factores comienzan a retirarse, la mayoría de las previsiones apuntan a una desaceleración del crecimiento, que afectará negativamente también al ritmo de creación de empleo. La política fiscal debería orientarse, por tanto, a: 1) asegurar un ritmo de crecimiento suficiente y sostenible; 2) a redistribuir la renta generada para garantizar que los beneficios de dicho crecimiento llegan a todos los sectores de la sociedad; y 3) a modificar el patrón de crecimiento para facilitar la transición hacia un modelo descarbonizado, más eficiente y centrado en sectores de mayor valor añadido. El cumplimiento del objetivo de déficit del 3,1% debe subordinarse a esas otras metas.

7. La necesidad de que unas políticas fiscales más expansivas respalden en la zona euro un crecimiento suficiente para reducir rápidamente el desempleo ha sido reconocida recientemente por la Comisión Europea. El Gobierno español debería adoptar una posición política verdaderamente activa en este sentido, exigiendo que el ritmo de reducción del déficit se ajuste a las necesidades de la economía española y de la ciudadanía, y no aceptar un techo de gasto que consolida recortes pasados, impide las inversiones necesarias para el cambio de modelo productivo y mantiene la fragilidad de nuestro maltrecho Estado de bienestar.

El pacto por el cual el PSOE acuerda fijar este techo de gasto con el Gobierno –que construye de facto los cimientos de la llamada «gran coalición»–, evidencia su incapacidad para ser la oposición a este Gobierno. Pactar con el Partido Popular un techo de gasto que consolida los recientes recortes de Rajoy determinará que en nuestro país no se acometan las reformas necesarias para garantizar la modernización económica y el blindaje de los derechos sociales. Y los responsables de esta circunstancia son tanto el Partido Popular como el PSOE.

El PSOE utiliza la subida del 8% en el SMI como moneda de cambio para ayudar al Gobierno a fijar su techo de gasto. Y esto es un doble engaño a la ciudadanía progresista: no solo consolida los recortes de años anteriores, sino que además pretende desactivar la Propuesta de Ley de Unidos Podemos para hacer crecer el SMI hasta los 950 euros en enero de 2020, que podía lograrse al existir una mayoría parlamentaria suficiente.