Podemos ha llevado a cabo, en los últimos meses, un debate político sobre la práctica de la gestación por sustitución —también conocida como «vientres de alquiler»—, actualmente prohibida en nuestro ordenamiento jurídico. Las iniciativas legislativas de Ciudadanos, inclinadas a modificar la ley para permitir la relación contractual mediante la cual una mujer vende su capacidad reproductiva a terceras personas, nos llevan a tomar una postura con respecto a un tema que es relevante para los derechos de las mujeres y la infancia, y que, al mismo tiempo, es un falso debate mediático, si tenemos en cuenta su repercusión social en España.

Tras un trabajo de reflexión que se ha compartido con las diferentes áreas y secretarías de feminismos y LGTBI del partido, nos oponemos a cualquier cambio legislativo que permita esta práctica en España, porque consideramos que vulnera los derechos humanos de las mujeres en nuestro país y en el mundo, al introducir en las leyes del mercado la capacidad reproductiva de las mujeres, con el consiguiente riesgo de explotación. Asimismo, consideramos imprescindible que se ponga fin a la política de hechos consumados para la inscripción de las niñas y los niños nacidos a través de esta práctica, una vulneración legal que se comete a conciencia y se beneficia de una interpretación particular sobre cuál ha de ser el interés superior de las y los menores.

En la actual situación, y tras tener en cuenta la profunda relación que existe entre la necesidad económica y el hecho de someterse a esta práctica en los países donde está permitida, inferimos que, a tenor de las cifras de desigualdad y pobreza en España, solo introduciríamos en nuestro país un elemento más de opresión sobre las mujeres. En ese sentido, nos acogemos a las recomendaciones europeas que instan a su prohibición, al entender que en muchos lugares del mundo no pueden garantizarse unos derechos mínimos o que no se estén ocultando situaciones de trata de seres humanos.

Consideramos que el deseo de formar una familia, de ser madre o padre, no puede conculcar los derechos de terceras personas ni constituir, en sí mismo, un derecho equiparable a los que por esta práctica se vulneran. Consideramos, también, que el deseo de tener una descendencia con la carga genética propia no debe convertir la maternidad, los cuerpos de las mujeres, en un bien consumible sujeto a las leyes del mercado, pues de forma evidente, incluso bajo el adjetivo de «altruista», se esconde un intercambio económico y se abre la puerta a la plena comercialización y, en consecuencia, a la explotación reproductiva de las mujeres.

Es responsabilidad del Gobierno abordar políticas de adopciones que tengan en cuenta la rica diversidad de nuestras familias, para garantizar que en estos procesos no tenga lugar ningún tipo de discriminación. Por otro lado, consideramos fundamental que el Gobierno se haga cargo de la situación en la que se encuentran las y los menores en los centros de acogida y ponga fin a situaciones que también incurren en la vulneración de los derechos humanos.

Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos