Resumen ejecutivo:

  • Las reformas aprobadas en 2011 y 2013 tienen efectos muy negativos sobre los pensionistas
  • Ni el actual déficit de la Seguridad Social ni las previsiones demográficas pueden usarse para desmantelar el sistema público de pensiones
  • Existen alternativas por el lado de los ingresos para garantizar la suficiencia de las pensiones

Es imposible ocultar, incluso por sus partidarios, que las reformas aprobadas en 2011 y 2013 suponen recortes muy importantes de las pensiones, que ya se están produciendo, y que aún serán mayores en los próximos años. Tanto el Gobierno de Rodríguez Zapatero (2011) como el de Rajoy (2013) reconocieron que su objetivo era «ahorrar» y reducir el gasto en pensiones, lo cual no es más que un eufemismo para referirse a esta disminución de los derechos actuales y futuros de los pensionistas.

Es necesario, y urgente, revertir estas dos reformas, por al menos tres razones fundamentales:

  1. Estos recortes contradicen el principio establecido en el artículo 41 de la Constitución española, según el cual debe asegurarse la suficiencia de las prestaciones de la Seguridad Social para atender la situación de las personas beneficiarias. Esto no excluye analizar cuáles son las necesidades de financiación que se derivan de este precepto ni asegurar su sostenibilidad. Esta es la cuestión clave: articular un sistema de financiación que garantice el principio de suficiencia y no a la inversa.

    Además del retraso en la edad de jubilación, el recorte de las pensiones se produce de dos formas. Por un lado, distintas medidas (como la modificación del número de años cotizados que se necesitan para cobrar la pensión máxima o el «factor de sostenibilidad» que liga las pensiones a la esperanza de vida) reducen de manera importante la pensión inicial con la que se accede a la jubilación. Esto ya ha supuesto una reducción de la pensión media de 240 euros al año en 2013, de 420 euros al año en 2014 y de 600 euros en 2015. Y en los próximos años este efecto será cada vez mayor. En 2030, la pensión inicial de alguien que se jubile ese año será un 16% menor que la que recibiría si no se hubiesen llevado a cabo las reformas. Esto supone un recorte medio de alrededor de 2.700 euros por pensión.

    Por otro lado, la actualización de las pensiones a partir del momento de la jubilación se desliga del IPC, y el índice de revalorización aprobado en 2013 obligará durante bastantes años a su práctica congelación. Este mismo año, se ha aprobado una revalorización de las pensiones del 0,25%, cuando se prevé que la inflación se sitúe al menos en el 2% (una pérdida de poder adquisitivo para todas las personas que cobran pensión del 1,75%). Asumiendo que la inflación se mantiene en el 2% en los próximos años, esta medida supondría que entre 2017 y 2030 se produciría una pérdida de poder adquisitivo cercana al 23%.

    Por tanto, no solo se cobra una pensión más baja en el momento de jubilarse, sino que la capacidad de compra de esta pensión se reduce cada año como consecuencia de la inflación.

    Además, estas medidas penalizarán más duramente a las mujeres debido a las interrupciones en sus vidas laborales, habida cuenta del desigual reparto de cuidados y trabajo doméstico.

  1. Ni el actual déficit de la Seguridad Social (que se debe sobre todo a la crisis económica y a las políticas equivocadas aplicadas estos años) ni las previsiones demográficas pueden usarse como excusa para el desmantelamiento de nuestro sistema público de pensiones.

    La Seguridad Social ha registrado en 2016 un déficit de 18.700 millones (un 1,7% del PIB), pero en 2008 presentaba un superávit de 14.500 millones de euros, y este cambio se debe fundamentalmente a la crisis económica, por su impacto sobre los ingresos del sistema.

    Las cotizaciones sociales se han visto afectadas por la destrucción de empleo (en 2016 hay 1,5 millones de personas afiliadas menos que en 2008); por la bajada de los salarios y la extensión del trabajo precario (el aumento del número de personas afiliadas no se traduce en la misma medida en más cotizaciones); por la disminución de la protección por desempleo, lo que afecta a las cotizaciones de los desempleados y las desempleadas (cayeron un 14% en 2015, muy por encima de la reducción de las personas que están en paro); y las ineficaces reducciones a las cotizaciones de la Seguridad Social aprobadas por el Gobierno.

    Como consecuencia de estos factores, los ingresos por cotizaciones se han reducido en estos años en unos 4.600 millones. En cambio, los gastos están determinados en su mayor parte por razones distintas a la situación coyuntural de la economía. En estos mismos años, el gasto en pensiones contributivas ha crecido en 27.000 millones, y en las pensiones no contributivas ha crecido otros 7.400 millones. Sin embargo, esto no debe interpretarse en ningún caso como un incremento insostenible del gasto, sino como el efecto de la crisis económica sobre los ingresos. De hecho, el crecimiento anual del gasto en pensiones contributivas se ha reducido del 6,8% (2005-2010) al 3,7% (2011-2016), fundamentalmente por su menor revalorización.

    Esto se ve muy claro si tenemos en cuenta que la Seguridad Social no tendría déficit si la economía hubiera registrado un crecimiento nominal como mínimo de un 2% anual entre 2008 y 2016, y tendría un superávit superior al 1% con crecimientos nominales de al menos un 3%. Es la «década perdida» lo que ha causado el déficit de la Seguridad Social.

    Tampoco el previsible aumento de la población mayor de 65 años es un argumento suficiente para justificar el recorte de las pensiones. En primer lugar, porque hay una gran incertidumbre sobre la magnitud que tendrá este cambio (hoy mismo existen diferencias muy significativas entre las previsiones de Eurostat y del INE, y lo que los demógrafos preveían en 1990 para 2016 no se parece en nada a la realidad actual). Lo relevante no es, además, el cociente entre la población mayor de 65 años y la población en edad de trabajar, sino la relación entre todas las personas que no trabajan (menores, inactivos, desocupados y jubilados) y las ocupadas. Con políticas adecuadas para asegurar el aumento de la tasa de actividad de las mujeres y una tasa de empleo similar a la que ahora registran países como Dinamarca, Alemania, Holanda y Suecia, esta relación se mantendría constante en su valor actual. Por último, se está dando por obvio que el porcentaje de gasto en pensiones sobre el PIB debe mantenerse constante, con lo que se oculta el problema de distribución que esto implica. Si, como pretenden conseguir las reformas, la parte del PIB que va a las personas mayores no aumenta pero sí lo hace su peso en la población, se producirá un deterioro del nivel de renta relativo de las personas mayores.

  1. Abandonando el enfoque de los recortes, hay alternativas para abordar el déficit actual de la Seguridad Social, garantizar la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del sistema público. Fundamentalmente, esto pasa por la aplicación de una política económica centrada en la creación de empleo de calidad y por medidas concretas para asegurar la recuperación y la ampliación de los ingresos por las siguientes vías:

    • Actuar en el mercado de trabajo contra la temporalidad y la precariedad laboral. 1) Incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta que converja al 60% del salario medio (950 euros/mes en 14 pagas) para aumentar la base mínima de cotización, lo cual generaría un incremento del 0,6% del PIB en la recaudación. 2) Desincentivar, mediante su encarecimiento, la contratación temporal y a tiempo parcial. 3) Regular las horas extraordinarias para evitar su uso abusivo. 4) Reformar el despido y restablecimiento de la ultraactividad de los convenios y de la prioridad sectorial en la negociación colectiva. 5) Impulsar que la flexibilidad interna en las empresas se produzca en la jornada laboral, en lugar de con reducciones salariales o despidos.

    • Destopar la base de cotización máxima. Además de mejorar la progresividad del sistema (los hogares más pobres aportan más del doble de su renta disponible a las cotizaciones sociales que los hogares ricos, un 14,2% frente a un 6,5%), esta medida implicaría un incremento de la recaudación equivalente al 0,6% del PIB.

    • Supresión de las reducciones de las cotizaciones sociales (CC. SS.). Estas medidas no han tenido impacto en la cantidad de empleo que se crea, ni en su calidad, pero suponen una pérdida de ingresos para la Seguridad Social de 2.100,79 millones de euros (0,2% del PIB).

    • Por último, el compromiso con la suficiencia de las pensiones debe ser prioritario. En consecuencia, en el marco de esta necesaria recuperación de los ingresos por cotizaciones sociales y siempre y cuando estos no sean suficientes, ese complementarán a través de los ingresos tributarios. Ya sea mediante una figura finalista especial o a cargo de los presupuestos del Estado.

Secretaría de Economía, Energía y Modelo Productivo
Martes, 20 de junio de 2017