La ciudadanía ha logrado pararle los pies al Gobierno en su intención de nombrar a José Manuel Soria para un puesto de responsabilidad en el Banco Mundial, aparejado a un sueldo que triplica el de cuando era ministro de industria del PP y -¡qué ironía!- estaría libre de impuestos. Esto es lo que prefieren los políticos de los ‘Papeles de Panamá’ y las empresas en paraísos fiscales, como José Manuel Soria, que dimitió de su cargo cuando se supo que tenía acciones de una sociedad con sede en el país centroamericano.

Para poner en su justo lugar esta nueva astracanada del Gobierno de Rajoy conviene parangonarla con otras igual de absurdas: ¿aceptarían las españolas y los españoles que se nombrase Defensora del Pueblo a una persona que, pongamos, incumpliera desde hace años obligaciones familiares básicas?; ¿permitiríamos que se nombrara en la Dirección General de Tráfico a alguien que llevara, por ejemplo, años sin someter sus vehículos privados a la obligatoria revisión de la ITV?

La noticia de la propuesta de nombramiento ha saltado a la arena pública gracias al cedazo y la minuciosidad de entomólogo que demuestran los y las periodistas de este país, pero el nombramiento propuesto por el Gobierno estaba pensado para pasar de puntillas sin que nadie se enterara. Por eso, se publicó el último día de plazo para ello, en pleno debate de investidura, contando con que los titulares y la tensa expectación de la ciudadanía estuvieran enfocados en la inédita suspensión gubernamental que vivimos todas. Es la prueba de la nocturnidad o agosticidad prorrogada con la que actúa el Gobierno en funciones de Rajoy. En todo caso, demuestra la zafiedad con la que Rajoy maneja las instituciones democráticas. Al final, resulta que para “ruiz, mezquino y miserable” ya estaba él.

Cuando Pablo Iglesias, desde la tribuna, habla de la “respetabilidad” que Podemos busca ganarse por parte de la gente corriente y no de los poderosos, señalando que no la tienen Rajoy y su Ejecutivo, se refería ni más ni menos a esta clase de decisiones bochornosas e injustas que produce en cadena el Partido Popular desde hace muchos años. Con este premio a un político cuya honorabilidad está en entredicho ¿qué ejemplo le estamos dando a la ciudadanía?, ¿qué modelo de progreso personal y colectivo proponemos sobre todo a los jóvenes, que son a quienes los políticos debemos atender más para que se convenzan de la necesidad y la utilidad de implicarse en el cuidado de lo que es de todos y de la democracia?

Una reforma cabal y profunda de las formas de actuación política y de las decisiones en la administración pública lograría prevenir la corrupción y las colusiones de interés que impregnan la cultura de la vieja política. Definir de manera estricta las incompatibilidades de los y las gobernantes cuando abandonen la vida pública ayudaría a laminar las puertas giratorias y el amargor que provocan en los españoles y las españolas de a pie cuando ven desfilar en los medios a los políticos que se aprovechan de privilegios y prebendas inmerecidas. La creación de una oficina anticorrupción independiente del Ejecutivo daría fluidez y capacidad de reacción frente a las sospechas de prácticas corruptas en la Administración Pública. La CNMC afirma que cada año en España se pierden 47.000 millones de euros debido a la contratación pública irregular. Hablamos del 1% del PIB. Una reforma pormenorizada y concreta de las normas de contratación pública resolvería la desigual competición que aplasta a las Pymes frente a las multinacionales, y prevendría -sin necesidad de llegar a los juzgados- contra el intercambio de favores entre empresarios ventajistas y políticos sin escrúpulos. Un registro estatal de transparencia que monitoree a los lobbies y grupos de interés, como ya se ha empezado a hacer en países del norte de Europa o en la propia Unión Europea, facilitaría desnudar y desactivar los conflictos de interés y la perversa endogamia que impera entre élites políticas e industriales. Una ley que proteja de manera comprensiva a los denunciantes de corrupción, demostraría que las políticas y los políticos estamos empeñados en devolverle la dignidad a nuestra democracia.

Estos son compromisos sencillos de llevar a la práctica una vez en el Gobierno. No requieren de desembolsos ingentes de dinero público. Es más, ahorraría dinero y reforzarían y estabilizarían la convivencia entre españoles y españolas y la confianza en un proyecto común de país, fortaleciendo la eficiencia de la acción pública.

Considero que el caso del ex ministro Soria es una última llamada de atención hacia la perentoriedad de poner en marcha un gobierno de cambio. Mantener al PP en el Gobierno es como pedir a los hermanos Dalton que luchen contra la delincuencia en el Lejano Oeste. Obviarlo, sería abonar desde ya el terreno a un nuevo caso como el de Rodrigo Rato, que en su día fue propuesto por el PP para presidir el FMI y al final ha sido llevado ante la Justicia, acusado de apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal. La ciudadanía no lo entendería.

Auxiliadora Honorato Chulián,
es Diputada en Cortes por la provincia de Sevilla y
Secretaría de Políticas Anticorrupción de Podemos