Podemos propone una renta garantizada de 600 euros para cada hogar

El País, NACHO ÁLVAREZ

Asistimos a una recuperación económica de marcados tintes regresivos, que excluye a un tercio de la población española. Más de 10 millones de personas viven en hogares cuyos ingresos se sitúan bajo el umbral de la pobreza, 2,5 millones de trabajadores son pobres y 720.000 familias no perciben ningún tipo de renta. Nuestro sistema de protección social apenas tiene impacto redistributivo, y nuestro sistema fiscal dificulta transferir rentas desde quienes más tienen hacia quienes más las necesitan.

Por ello, necesitamos una acción decidida a favor de la redistribución de la renta que garantice la reducción de las desigualdades y la erradicación de la pobreza. Pero dicha acción debe ser concebida como un derecho ciudadano, y no como caridad.

Podemos apuesta por un ambicioso plan de garantía de rentas, enmarcado en un conjunto de políticas para combatir la desigualdad y orientar el crecimiento hacia la creación de empleo de calidad. Este plan se basa en una renta garantizada de 600 euros, que complementaría los ingresos familiares e iría aumentando con cada miembro adicional del hogar, incrementándose en un 35% para la primera persona adicional y un 20% para las sucesivas. Por ejemplo, la renta para un hogar de 4 personas sin ingreso alguno sería de 1.050 euros al mes. Las prestaciones mínimas ya existentes quedarían integradas en este plan.

Además, proponemos un segundo umbral complementario de 900 euros, que también se incrementaría con el número de miembros del hogar, para quienes teniendo ingresos demostrables y legales por trabajo no alcancen dicha cuantía. Esta medida, que funciona con éxito desde hace años en Euskadi, eliminaría los posibles desincentivos al empleo y garantizaría que la opción de trabajar siempre sale a cuenta. La subvención que hoy se otorga a los empresarios, de manera a menudo ineficaz, se pondría así en manos del trabajador.

Este complemento salarial desincentivaría además el trabajo sumergido, los abusos y los minijobs, dado que se pagaría a partir de un mínimo de 250 euros mensuales, se acompañaría con una subida del SMI a 800 euros en dos años y también con una penalización de las figuras contractuales más precarias. El objetivo es proteger a los trabajadores con menores rentas, pero hacerlo, a diferencia de otras propuestas, de forma claramente progresiva.

Este plan se implementaría por etapas, dando prioridad a la pobreza severa y a la pobreza infantil. Y se articularía mediante acuerdos con las CCAA o, en su defecto, utilizando la administración de la Seguridad Social. El coste neto de aplicación del programa lo estimamos en 15.000 millones de euros (10.000 de la renta garantizada más 5.000 de la renta complementaria), y beneficiaría a 3,3 millones de hogares, que incluyen a 8 millones de personas. Dichos costes pueden ser perfectamente financiados con una moderación del ritmo de reducción del déficit público equivalente a un 1,5% del PIB. Y más aún si se acompaña de una reforma fiscal.

No es momento de parches, sino de atajar el crecimiento de la pobreza y la desigualdad mediante un plan ambicioso, pero viable.

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