El reciente informe ¿Realidad o ficción? La recuperación económica, en manos de una minoría revela, de acuerdo con nuestro análisis, que, a pesar de que la producción ha aumentado hasta llegar a los niveles de 2008, la recuperación de la economía está lejos de ser inclusiva. Esto perpetúa graves desigualdades de género, intergeneracionales y de clase a largo plazo.

Desde que en España se comenzaran a registrar tasas de crecimiento positivas tras el largo periodo de crisis que dio comienzo en 2008, las ganancias derivadas de este no han ido a parar a todo el mundo por igual. Según el informe, la desigualdad ha ido en aumento en las siguientes dimensiones:

  • El número de personas en situación de pobreza alcanzó su máximo porcentaje desde 1995 en 2016, con una tasa de un 22,3 %. Se situaba, así, como el tercer país de la Unión Europea en el ranking de pobreza. Actualmente hay un total de seiscientos mil hogares en España que se encuentra sin ingresos.
  • El Índice de Gini, tanto el de antes como el de después de transferencias sociales, también sitúa a España entre los países más desiguales de la Unión Europea (el tercero después de transferencias), y esto se ha mantenido prácticamente invariables desde 2014.
  • Por otro lado, la brecha entre los más ricos y los más pobres se ha incrementado. En el periodo 2007-2016, la participación en la renta nacional del 10% más pobre descendió un 17%, mientras que la del 10% más rico creció un 5% y la del 1% más rico, un 9%. Con esto puede, observarse que la recuperación económica favorece cuatro veces más a los ricos que a los pobres.
  • El informe también confirma que, a mayor concentración de la renta (es decir, cuando la participación en la renta nacional del 10% más rico supere el 10%), mayor es la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto no sucede únicamente con la renta, sino también con la riqueza. Tanto es así, que el 10% más rico acumula más de la mitad de la riqueza total.
  • La crisis y la reforma laboral han hecho caer la participación de los salarios en la renta. La caída de los salarios en el PIB, a consecuencia de la destrucción de empleo, la precarización del trabajo y la desigual distribución de los incrementos de productividad, se sitúa en 4 puntos porcentuales acumulados desde 2009. Sin embargo, los beneficios empresariales ya se encuentran por encima de los registrados en el primer trimestre de 2009.
  • La pobreza laboral (precariedad y bajos salarios) ha ido en constante aumento y se ha concentrado principalmente en las mujeres y los jóvenes.
    • La desigualdad salarial entre la población con las rentas más altas y las más bajas se ha ido incrementando desde 2011. Un trabajador o una trabajadora promedio en España tendría que trabajar 29 años para alcanzar el salario anual de quienes se encuentran en el tramo más elevado.
    • El salario anual de los y las jóvenes menores de 26 años que acceden al mercado laboral es un tercio inferior al que hubiesen percibido en 2008.
    • Seis de cada diez personas en situación de vulnerabilidad laboral son mujeres. La desigualdad de género se ha incrementado un 20% por el mantenimiento de la brecha salarial desde que comenzara la crisis. También ha aumentado la concentración de contratación parcial y temporal en mujeres y la feminización de sectores de poco valor añadido.
  • Las nuevas figuras laborales, como los falsos autónomos; la externalización de contrataciones; las empresas multiservicios y las empresas basadas en plataformas digitales son también causa del incremento de la vulnerabilidad laboral, a causa de la desprotección laboral y la ausencia de negociación colectiva.
  • La desigualdad también queda patente en el sistema fiscal. Así, impuestos como el IVA y el IRPF (soportados mayormente por las asalariadas y los asalariados) supusieron un 86% de la recaudación fiscal en 2016. Además, la capacidad redistributiva del sistema fiscal se encuentra en el cuarto puesto por la cola de la Unión Europea. Esto significa que solo reduce la desigualdad de mercado en un 30%, cuando la media europea es de un 40%, por no mencionar el elevado porcentaje de evasión fiscal.

Ante esta situación de creciente desigualdad, que no parece que vaya cambiar dadas las políticas implementadas desde el Gobierno, proponemos aumentar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros/mes, desincentivar duramente el uso abusivo de la temporalidad y derogar la reforma laboral de 2012 para recuperar y mejorar la negociación colectiva, de tal forma que se ponga fin a la precariedad laboral y a la pobreza salarial. Para ello, también es necesaria una estrategia de política industrial activa que tenga por objetivo el desplazamiento de la actividad económica hacia sectores con mayor productividad y ponga en el centro la desfeminización de sectores de bajo valor añadido. Igualmente, es imprescindible implementar un Plan de Renta Garantizada que erradique la pobreza monetaria de nuestro país.

Lunes, 22 de enero de 2018