El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado hoy la Proposición de Ley de Garantía de Suficiencia de Ingresos, un iniciativa que pretende sentar las bases para la constitución de un plan integral de lucha contra la pobreza y la desigualdad.

«Es una ley para llegar a fin de mes. Una ley para que todo el mundo tenga los ingresos suficientes para tener una vida digna», ha dicho a los medios Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos, en la rueda de prensa para presentar la iniciativa.

La iniciativa de Unidas Podemos permite a las familias con menos recursos ser las primeras en beneficiarse de forma inmediata y calendarizada de un aumento del gasto público en prestaciones de garantía de ingresos.

El principal objetivo de la misma es reducir el número de personas en situación de pobreza monetaria y erradicar la pobreza severa, laboral e infantil, teniendo en cuenta que el 18,9% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza.

Para ello, habilita un conjunto de mecanismos complementarios de la renta que permiten a las ciudadanas y ciudadanos acceder a unos ingresos mínimos que cubran las necesidades básicas y garantizar así la suficiencia de ingresos de millones de familias.

«La iniciativa afecta aproximadamente a 10 millones de personas e incluye que, tanto las pensiones no contributivas como todas las personas que estén por debajo del umbral de la pobreza, tengan una renta mínima de 600 euros. Y, además, que las prestaciones por hijo a cargo, como nos recomienda la Unión Europea, alcancen los 1.200 euros al año para todas las familias que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza», ha explicado Belarra.

Por su parte, Isabel Franco, portavoz de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, ha asegurado que esta legislación «actualiza el sistema de prestaciones que existe en España, que es absolutamente ineficiente y esto nos lo dice constantemente la Unión Europea».

La propuesta de Unidas Podemos es más beneficiosa a corto plazo para las personas y unidades de convivencia más pobres que las planteadas por otras fuerzas políticas. Esto se debe a que permite que sean ellos los primeros en beneficiarse de forma inmediata y calendarizada de un aumento del gasto público en prestaciones de garantía de ingresos.

«Con esta ley configuramos las prestaciones como un derecho subjetivo, protegemos a las personas con menos recursos, se evita la estigmatización actual de las prestaciones no contributivas, haciendo esa necesaria separación entre pobreza y la inserción laboral», ha resaltado Franco.