Existe en Noruega una norma vigente que permite a todo contribuyente afincado en el país consultar, a través de una sencilla página web, la declaración anual del IRPF de cualquiera de sus conciudadanos. De todos. Como, por ejemplo, la del Rey Harald V. Esto, que en culturas latinas como la nuestra puede parecer una obscenidad, en una sociedad igualitaria como la noruega no ha suscitado una oposición relevante, ni episodios alimentados por el morbo. Eso sí, constriñe de manera tácita, a que quien esté decidido a defraudar a la hacienda pública deba pensárselo dos veces, pues si ostenta entre sus vecinos, familiares o amigos un nivel de vida visiblemente por encima de sus ingresos declarados y, por lo tanto, de su declaración de la renta, cualquiera podrá señalarlo a los inspectores fiscales para cazar al infractor.

De los 188 países analizados cada año por el Índice de Desarrollo Humano ideado por el economista y filósofo Amartya Sen, Noruega ocupa en el informe de 2015 el primer puesto. Es el país que más desarrollo provee a su gente. Este mismo año, el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora la organización Transparencia Internacional colocaba al país en la quinta mejor posición, sólo superada -lo intuye el lector- por países como Dinamarca, Suecia, Finlandia o Nueva Zelanda. Es decir, que Noruega ha encontrado la fórmula que vincula el progreso económico y social a la minimización de la corrupción.

De hecho, la fórmula funciona de manera endógena. Es decir, que es uno de los factores el que impulsa al otro, y éste último el que garantiza el buen comportamiento del primero. Las sociedades menos corruptas son las que presentan menor grado de desigualdad social y mayores índices de progreso social y crecimiento económico. Este es precisamente el motor benigno al que España lleva décadas dando esquinazo. Ni los gobiernos conservadores, ni los liberales, ni las breves experiencias republicanas, ni las dictaduras ni las sucesivas restauraciones monárquicas han sabido, querido o podido poner en marcha la rueda del progreso sólido para los españoles. En todo caso, nuestra actual democracia ha dejado al descubierto parcelas insoportables de ineficacia en la lucha contra la corrupción.

Hablar y publicar sobre Podemos es una actividad siempre rentable debido a la redefinición del campo político al que ha forzado su aparición desacomplejada. De esta organización se esperan muchas transformaciones políticas, económicas y sociales, pero sería vano multiplicar hasta el infinito los árboles para escamotear el objetivo fundamental de su aparición: poner en marcha la noria del progreso social y económico mediante la laminación de las prácticas corruptas y la democratización de la economía, con lo que por fin ganar un país asentado en el respeto de los Derechos Humanos.

Mi convicción personal es que el agua que llene el cangilón de la Historia española en el sentido del progreso debe acarrearse a través de la transformación institucional. Es decir, de la aprobación de leyes y la reforma de prácticas en la Administración Pública. No niego que la corrupción se combata también desde la educación y la transmisión de valores de madres y padres a hijos e hijas. No dudo del buen trabajo que hacen las familias en nuestro país a la hora de concienciar en favor de cuidar y proteger lo que es de todos y sirve a todos. Lo que sucede es que la corrupción afecta sobre todo a unos pocos con muchos medios y una promesa difusa de impunidad -“si meto la mano en la caja no se entera nadie”- a la hora de saquear lo que compartimos para su beneficio exclusivo. Sólo que hoy los avances tecnológicos permiten a la gente enterarse con mucha facilidad. De ahí que la actuación perentoria sea de cariz quirúrgico: colocar con gran cuidado en unos lugares escogidos una serie de fusibles legislativos e institucionales -una oficina anticorrupción independiente del Ejecutivo, una ley de Cuentas Claras, un control férreo de las puertas giratorias, una norma de protección del denunciante de delitos de corrupción, etc.- a modo de mecánica de reloj suizo que impida la disfunción y la ventaja ilegítima que planea el corrupto. Por cierto, estos mecanos institucionales deberán darle antes que nada el protagonismo a la prevención de las prácticas corruptas, más que a su castigo. Por descontado, el castigo al corrupto será imperativo en nuestro Estado de Derecho. Sin embargo, no es esta la biela peor engrasada de nuestro sistema, por cuanto que los jueces y los investigadores policiales están demostrando ser en estos últimos años de cochambre deletérea los pocos pilares de la democracia que aún responden a las esperanzas de la ciudadanía.

Prevenir es la solución eficaz y menos dolorosa contra la corrupción, y la buena noticia, hoy, es que esas piezas de relojería existen y funcionan sin contraindicaciones en otras democracias. Precisamente, durante la Universidad de Podemos, la secretaría estatal de Acción Institucional y Políticas Anticorrupción a cuyo cargo estoy ha propuesto cuatro talleres orientados a dialogar para dar a conocer estas herramientas y, sin duda, para poner sobre el tablero nuevas ideas que ayudar a crecer y madurar. Es menester que la ciudadanía conozca y nos ayude a pulir la iniciativa de las Cuentas Claras, que expone la sencilla intención dar acceso a todos los ciudadanos a las cuentas bancarias de nuestros gobiernos regionales, lo mismo que tenemos acceso al estado y movimientos de nuestras cuentas corrientes particulares. Conviene también profundizar en el carácter innovador de la nueva Oficina Anticorrupción creada, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, y verificar entre todos qué lagunas quedan por colmar para su eficacia sea prácticamente infalible. Uno de los retos de esta democracia con centros decisorios dispersos consiste en compatibilizar la acción de los grupos de interés con las necesidades de vigilar a los diputados y altos funcionarios y la de conectarlos con las aspiraciones de los ciudadanos. Es decir, lograr desactivar la colusión de intereses entre los lobbies y la política a la vez que exorcizar la desconfianza de la ciudadanía hacia los primeros. La UE ha decidido convertir a los lobbies en la sinapsis que transmita -entre dos periodos electorales- las exigencias de la ciudadanía dirigidas a los responsables públicos, para lo cual se apoya en el desarrollo paralelo de las tecnologías de la comunicación y el trabajo en red. ¿Puede contribuir a reforzar la democracia este planteamiento? ¿Con qué posibilidades de éxito cuenta, si vemos lo lejos que están llegando los lobbies favorables al TTIP?

Sin duda, una de las técnicas para garantizar el éxito de las iniciativas anticorrupción es introducir mecanismos de transparencia en las instituciones con acceso simplificado para los ciudadanos. Ya lo vemos en Noruega. Y otra es la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos y su correlato, la rendición pública de cuentas. Podemos, con su plan de Instituciones Abiertas, marca el paso al resto de fuerzas, pero no es motivo para dormirse en los laureles y es menester que este manual se incorpore cuanto antes al acervo cotidiano de nuestros círculos y nuestros simpatizantes en comandita con los cargos electos.

Ahora bien, todo lo que reseño hasta aquí tendría poco sentido si su resolución no nos condujera a fulminar las experiencias más lacerantes, a mi juicio, que viven los españoles a cuenta de la corrupción: la desintegración de los Derechos Humanos. La regresión en Derechos Humanos en nuestro país y en nuestro entorno es patente desde hace años. Vivimos en un estado de excepción no declarado. Las nuevas legislaciones penales y administrativas, y la restricción de derechos individuales y colectivos garantizan una zona de impunidad donde la corrupción avanza sin frenos, y el derecho penal del enemigo se convierte en norma. Esta corrupción supone un desprecio por la Ley y el Estado de Derecho al mismo tiempo que socava las bases mismas de éste y, con ello, la democracia, los Derechos Humanos y su régimen de protección. Criminalizar al defensor de derechos y al denunciante de corrupción, endurecer el Código Penal, reforzar mecanismos de impunidad policial como los indultos arbitrarios, el castigo económico y la criminalización de los migrantes y las personas sin hogar conseguidos con la Ley Mordaza y las ordenanzas cívicas: todo tiene como objetivo generar miedo y, sobre todo desde el 15-M, generar zonas oscuras, invisibles, zonas de no-derecho; en definitiva, zonas de impunidad. Son precisamente esas zonas de sombra las que necesita la corrupción para campar a sus anchas y es tiempo de abrir puertas y ventanas. Si, como decía Oscar Wilde, la experiencia es el nombre que las personas le ponen a sus errores, España acumula experiencia de sobra para poder, ahora, corregir el rumbo de su desbarrancadero institucional y democrático. Es cuestión de voluntad política.

Auxiliadora Honorato Chulián,
es Diputada en Cortes por la provincia de Sevilla y
Secretaría de Políticas Anticorrupción de Podemos