SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Comentarios sobre las medidas económicas del acuerdo entre el PP y Ciudadanos.

POLÍTICA PRESUPUESTARIA: INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS

El acuerdo pone de manifiesto que, una vez que el PP consiguiese la investidura y considerase superado el periodo electoral, volvería a aplicar una política económica cuya prioridad absoluta es reducir el déficit público, y no la creación de empleo de calidad o la financiación de los servicios públicos fundamentales.

Así queda claro en su expresión de sometimiento, sin matices y “de forma estricta”, a “todas las acciones” incluidas en la Recomendación del Consejo, y al “cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”.

Desde Podemos pensamos que lo que ha quedado demostrado es que: 1) la política fiscal tiene efectos macroeconómicos importantes sobre el crecimiento y el empleo, y que la reducción del déficit debe acompasarse a las necesidades reales de la política económica, y no al revés; 2) hay margen de maniobra para una negociación política con las autoridades europeas cuando es necesario; 3) es necesaria una reforma profunda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y abandonar el sistema de sanciones, y un nuevo gobierno español debería favorecer este cambio.

El documento renuncia a una reforma fiscal que mejore la progresividad y asegure los recursos suficientes para financiar los servicios públicos y revertir los recortes.
Por tanto, la declarada intención de reducir de manera importante el déficit público sólo puede hacerse reduciendo también significativamente el peso del gasto en el PIB, y convierte en inalcanzable el supuesto objetivo de recuperar las gasto por habitante en educación y sanidad. No es posible revertir los recortes y reducir el déficit a la vez, sin una reforma fiscal.

Respecto a los impuestos, se insiste en la rebaja lineal de los tipos del IRPF en dos puntos, una vez alcanzado el 3% de déficit. Por tanto, se insiste en la misma política regresiva que ya ha aplicado en 2015 el PP, y que ha demostrado que afecta negativamente a la recaudación y abre la puerta a nuevos recortes.
Se propone revisar los problemas con las deducciones en el Impuesto de Sociedades. Esta medida nos parece muy insuficiente. No existe un compromiso para asegurar un tipo mínimo de cotización en este impuesto para las grandes empresas, no se aumenta la progresividad del sistema con una reforma distinta del IRPF –subida de tipos a las rentas más altas, revisión de la dualidad entre rentas del trabajo y del capital- o con la mayor tributación de la riqueza, no se menciona el Impuesto de transacciones Financieras ni cualquier otro impuesto sobre el sistema financiero.
El compromiso respecto al IVA cultural es muy insuficiente (modificar los tipos “de forma que no se produzca discriminación entre actividades públicas y privadas, y se establezca el tipo reducido para los espectáculos culturales en directo”). Tampoco se atiende a la necesidad de incrementar los productos básicos gravados al tipo súper reducido o los suministros gravados al tipo reducido.
El artículo 135 de la Constitución no será derogado, ni hay ningún cuestionamiento a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Al contrario, se menciona el “refuerzo de los mecanismos de prevención y control” de las CCAA.
No existe ningún calendario ni cifras que suponga un compromiso real con la reversión de los recortes en la inversión pública y los gastos en servicios fundamentales. Sin este calendario

MERCADO DE TRABAJO Y RELACIONES LABORALES:

Las medidas sobre mercado de trabajo y relaciones laborales son las que más criticamos y más nos preocupan.

No se deroga la reforma laboral, sino que se consolida y se endurece aún más con medidas como el nuevo contrato temporal, la mochila austríaca o el complemento salarial.
No hay ninguna mención a la necesidad de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

No se incluye medida alguna relativa a la negociación colectiva que permita recuperar el desequilibrio que introdujo la reforma laboral, que por supuesto no se deroga, ni se corrigen sus aspectos más lesivos. Por ejemplo, se mantiene la discrecionalidad del empresario para la modificación de la estructura y cuantía del salario, no se eliminan las vías de descuelgue de los convenios colectivos, no se recupera la ultra actividad, etc.
Respecto a los tipos de contratos, se establecen tres casos (indefinido, temporal con indemnización creciente, formación):
Respecto al indefinido no se introduce ninguna modificación, con lo que se consolida implícitamente la reducción de los costes de despido de las últimas reformas laborales.
De aprobarse el nuevo contrato temporal, la mayoría de las nuevas contrataciones se producirán bajo esta nueva figura, que posteriormente se transformaría, o no, en el contrato indefinido actual:
Sigue existiendo lógicamente la posibilidad de hacer contratos indefinidos desde un primer momento, pero el acuerdo lo desincentiva, porque establece rebajas en las cotizaciones para la conversión de contratos temporales (frente a contratar desde el principio como indefinido). Algo que, además, se ha demostrado inútil y problemático para la financiación de la Seguridad Social.
Las indemnizaciones por finalización del nuevo contrato temporal son crecientes (12-16-20 días, frente a las 12 actuales del contrato temporal) pero siguen siendo inferiores a las que se tendrían al tener un contrato indefinido desde el principio.
Se propone nuevamente la creación de un fondo de capitalización para los trabajadores (mochila austríaca). No se detalla nada más, pero esta medida debilitaría una de las funciones de las indemnizaciones por despido, que además de compensar al trabajador es la de desincentivar la extinción del contrato de trabajo. Esto puede suponer que, de facto, se obligue al trabajador a pagar (vía cotización) parte de su indemnización.

POLÍTICAS SOCIALES Y ESTADO DE BIENESTAR:

Las medidas de carácter social que se incluyen en el documento son claramente insuficientes para hacer frente al aumento de la desigualdad1 que se ha producido durante la crisis y a la situación de emergencia social en la que todavía se encuentran muchas personas.

Las cifras que aparecen en el anexo (“Dotación presupuestaria”) ponen de manifiesto la escasa ambición del supuesto “plan de choque social”. En 2020, respecto a una situación alternativa en que no se adoptaran ninguna de estas medidas, el gasto habría aumentado en 7.800 millones de euros2.
Téngase en cuenta, por ejemplo, que sólo el recorte en educación y sanidad entre 2009 y 2025 fue de 12.300 millones de euros. O que estimábamos para el plan de renta garantizada un gasto de 10.000 millones.

No se establece ningún compromiso sobre el Salario Mínimo Interprofesional, ni hay un plan de renta garantizada que permita luchar de verdad contra la pobreza. En ese contexto, y teniendo en cuenta además que se mantiene el desequilibrio de la negociación colectiva introducido con la reforma laboral, el complemento salarial se convierte en una subvención con fondos públicos de los salarios bajos pagados por los empresarios.
Con respecto a las pensiones, no se revierten los aspectos lesivos de las reformas ya aprobadas: el factor de sostenibilidad y la desvinculación de las pensiones al IPC, o el aumento de la edad de jubilación.
Desaparece cualquier mención a la necesidad de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, ni hay ninguna medida relacionada con la revalorización de la pensión mínima.
Aunque se menciona la “reordenación de las fuentes de financiación” del sistema, no se avanza en el cambio necesario de enfoque frente a los problemas del sistema público: desde uno basado en el recorte de las pensiones futuras (factor de sostenibilidad) hacia otro en el que se asegura la financiación de pensiones dignas con recursos del sistema tributario.
No se menciona la posibilidad de modificar los topes superiores de las cotizaciones para los salarios más altos.
No se revisan las medidas de reducción de las cotizaciones empresariales aplicadas en los últimos años, que no han servido para generar empleo pero sí para deteriorar gravemente el saldo de la Seguridad Social. Tampoco se eliminan los beneficios fiscales para la previsión complementaria individual, como en el caso de los planes de pensiones privados.
Respecto a la edad de jubilación, no se vuelve a la edad de 65 años, pero sí se habla de “favorecer” la prolongación de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación.
Se propone un incremento del permiso de paternidad (4 semanas el primer año, y otras 4 semanas el segundo año, con lo que quedaría en 10 semanas) y se habla de “equiparación progresiva con el de maternidad”. En este punto, la crítica fundamental es que no se hace explícita la intransferibilidad de los permisos, que consideramos fundamental, y que el calendario de equiparación no se concreta más.

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA:

La parte del acuerdo destinado a la política energética carece no solo de concreción, sino también de credibilidad, dados los antecedentes de la política que realmente ha aplicado el PP en estos años de gobierno.

El punto 18 del acuerdo, en el que se habla de un Pacto de Estado por la Energía, es un ejemplo de vacuidad.
En el punto 19 se propone la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como un Plan de Transición Energética 2030-2050 “para impulsar las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética”. Que esto lo tenga que poner en marcha el Partido Popular, el cual entre 2011 y 2015 ha hecho todo lo posible por frenar la penetración de las renovables en el sistema eléctrico, ha obviado las medidas de eficiencia energética y ha aprobado la normativa de autoconsumo eléctrico más restrictiva del mundo, resulta difícil de creer.
Abundando en lo anterior, resulta sorprendente que se hable sobre impulsar las energías renovables y reducir el consumo de combustibles fósiles pero no se especifique exactamente a qué fuentes fósiles van a desplazar las renovables; por ejemplo, en el sistema eléctrico: ¿al gas natural? ¿al carbón? ¿a ambos?. El acuerdo tampoco menciona las nucleares ni la prohibición del fracking. Esta última parece insoslayable si hemos de tomar en serio la ya aludida Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

No se aprecia una verdadera voluntad de aplicar una nueva política industrial, ni se mencionan instrumentos que nosotros consideramos fundamentales, como la banca pública. No hay plan alguno de transformación del modelo productivo, sino más “flexibilización”, “liberalización”, y reformas genéricas de instituciones. En parte estas reformas pueden ser necesarias, pero al no tener un plan coherente de modelo productivo, son unas reformas sin financiación que no permiten asegurar el necesario cambio de modelo productivo que necesita la economía española.