El pasado 17 de noviembre, conocimos los resultados de las negociaciones de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) con los sindicatos y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para la reforma de los criterios de la acreditación a profesor titular y a catedrático de universidad que debieron retirar a principios de año, ante la repulsa y el rechazo de la mayoría de las personas afectadas, que los calificaban de injustos y desproporcionados.

Lamentablemente, y como era de esperar, la negociación no ha sido satisfactoria. Todos los sindicatos involucrados en el proceso han señalado, sin excepción, la escasa receptividad de la ANECA para valorar cambios en los criterios, pues se limita a aceptar aquellas propuestas que contribuían a mejorar el proceso, pero sin tocar el corazón del mismo: unos criterios que siguen siendo tan injustos y desproporcionados como lo eran hace once meses. Estos criterios parecen sugerir la voluntad del Gobierno de cambiar la futura estructura de la plantilla de profesorado de nuestras universidades públicas y buscar, con ello, un mayor peso del personal contratado y una reducción del personal funcionario. Para comprobar esto último, la semana pasada hicimos una petición de información al Gobierno, donde se le solicitaba el número de personas que en cada uno de los años del periodo 2011-2017 habían solicitado la acreditación y cuántas de esas personas la habían recibido finalmente.

Queremos recordar también, que ya en diciembre de 2016 expresamos, tanto desde el Área de Políticas Científicas e I+D+i del Consejo Ciudadano Estatal como desde la portavoz de Universidades en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, Nagua Alba, nuestra oposición a los criterios en sí y a la metodología, oscura y poco participativa, empleada para su desarrollo.

En ese mismo documento, reconocíamos la necesidad de introducir cambios en los modos y criterios de evaluar la ciencia y proponíamos a quienes participaban la apertura de un proceso basado en dos ejes:

  1. La transparencia: el proceso debía ser abierto y transparente, partir de unos objetivos consensuados y públicos, y tenía que ser ampliamente participativo y tomar en cuenta a la comunidad investigadora, para lo que se debían abrir vías de comunicación.

  2. La revisión profunda de los baremos para mejorar su eficacia: cada vez es mayor el consenso científico acerca de la inadecuación de los actuales métodos y herramientas de evaluación de la ciencia para la consecución de sus fines; se proponía una serie de elementos que sin duda aumentarían la calidad del proceso (evaluaciones multimétricas, objetivos marcados por el investigador en colaboración con su universidad, establecimiento de medidas de seguimiento, etcétera).

  3. Nada de esto se ha dado, por lo que se ha hurtado a la comunidad científica la posibilidad de participar en un debate profundo acerca de sus responsabilidades con la ciudadanía, de cómo dar cuenta de sus resultados y de cómo mejorar un sistema que requiere, sin ninguna duda, de cambios profundos.

    Lamentamos sinceramente la posibilidad perdida y el daño causado a los trabajadores y trabajadoras que han visto cómo su carrera laboral se veía interrumpida por algo más de un año. Creemos que es necesario plantearse una reforma profunda de la ANECA, que evalúe los resultados de sus distintos programas (PEP, ACADEMIA, VERIFICA, MONITOR, ACREDITA, DOCENTIA, AUDIT y CNEAI), y nos comprometemos a dar los pasos necesarios para lograrlo.

    Área de Políticas Científicas e I+D+i del Consejo Ciudadano Estatal
    y la Portavoz de Universidades en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados