El 9 de junio de 2012 el entonces ministro de Economía del Gobierno español, Luis de Guindos, tras meses de declaraciones en sentido contrario, anunció que España había solicitado y obtenido de la Unión Europea “un préstamo en condiciones muy favorables, mejores que las del mercado”. La palabra “rescate” fue evitada y censurada de las comunicaciones oficiales, que insistieron en la supuesta naturaleza de “préstamos a la banca privada española”. Sin embargo, el propio ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, aseguró desde el primer momento, en nombre de la Troika, que “España garantizará el préstamo y tendrá que devolverlo”. Cinco años después, podemos confirmar que eso ha sido exactamente lo que ha pasado.

A día de hoy ya se han empleado 60.000 de los 100.000 millones prestados entonces por las instituciones europeas (la cantidad total ronda de hecho los 122.000 millones si añadimos ayudas directas y avales, y esto sin contar otras aportaciones públicas anteriores a 2012). Se estima que apenas se ha recuperado el 5% del total. El resto ha ido a cargo del sector público y, por tanto, a las espaldas de las y los contribuyentes, también en forma de recortes y nuevas vueltas de tuerca de las políticas de austeridad. Los recursos que tenían que ser destinados a sanidad y educación fueron a tapar los agujeros del rescate bancario. En España y en Europa, los partidos de la Gran Coalición rescatan bancos mientras dejan sin casa ni derechos a la gente corriente.

La mayoría del préstamo se ha destinado a limpiar los balances de las antiguas cajas de ahorros. Dinero público para tapar bancarrotas privadas fruto de años de locura financiera incontrolada. Socializar las pérdidas, sanear las cuentas y vender nuevamente las entidades a precios simbólicos a la banca privada. El resultado es múltiple. Por un lado, la deuda pública se ha disparado y ya supera el 100% del PIB. Por otro lado, en pocos años se ha perdido el 27% de los puestos de trabajo en el sector bancario, se ha cerrado el 31% de las oficinas y ha desaparecido el 15% de las entidades financieras. Un proceso que esconde, como telón de fondo, la mayor transformación de la historia del sistema bancario español y que está dando lugar a un oligopolio bancario privado cada vez más concentrado y poderoso, con capacidad para ejercer aún más de gobierno en la sombra tanto en Europa como en España.

Resulta un contrasentido que un sector tan estratégico para la economía como el bancario tenga tanto poder sobre las decisiones públicas y sobre la vida de las mayorías populares sin que medie una regulación pública acorde con su importancia. Si las instituciones solo funcionan como red de seguridad del oligopolio bancario privado y la minoría que la gobierna, estos seguirán ganando a costa de todas y todos. Precisamos con urgencia avanzar hacia un sector bancario que pivote en torno a un núcleo público central, bajo control social y democrático, con una gestión solvente y transparente que se vacune contra cualquier interés corporativo o clientelar; que responda a las necesidades financieras de las mayorías y acompañe un cambio de modelo productivo bajo criterios de justicia social y ecológica, y que conviva con otras entidades bancarias privadas sociales y éticas de menor tamaño, próximas a las comunidades y territorios y sus necesidades específicas.

(Para profundizar en el análisis de estos cinco años de no-rescate bancario, sus consecuencias y en las posibles alternativas, recomendamos el informe de análisis elaborado desde la Secretaría de Europa de Podemos disponible aquí)

Informe-Banco-SE