Desde el Área de Medio Ambiente de Podemos queremos mostrar solidaridad con la ciudadanía gallega y asturiana en unos momentos difíciles en los que nuestros montes están ardiendo.

Lo lamentamos y enviamos nuestras condolencias a los amigos y familiares de las cuatro víctimas mortales de los incendios, y confiamos en la pronta recuperación de las más de 20 personas heridas.

En tan solo dos días han ardido más de 4.000 hectáreas en más de 130 incendios, previsiblemente provocados, que han dejado un saldo de 4 muertos, al menos 20 heridos e innumerables daños materiales. La consternación que nos provoca la situación vivida no debe evitar que reflexionemos sobre las razones que han provocado uno de los desastres ambientales más dramáticos de la historia de Galicia. Esclarecer las causas y las motivaciones que hay detrás de estos incendios es absolutamente necesario para poder acometer un cambio radical en la política forestal de nuestro país.

La virulencia con la que se han propagado los incendios se debe a un conjunto de circunstancias que tienen como telón de fondo el cambio climático. Del mismo modo que las condiciones climáticas han cambiado, es necesario adecuar las leyes, la planificación y la gestión dentro de un nuevo modelo de gestión. Tanto los Gobiernos autonómicos como el propio Gobierno central siguen diseñando y actuando sin incorporar esta variable a sus políticas, a pesar de las advertencias científicas y técnicas en la materia. Temperaturas inusualmente altas, vientos muy fuertes y falta de humedad han dejado el terreno vulnerable a la propagación de incendios. Por lo tanto, desde Podemos proponemos que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética priorice la recuperación y el mantenimiento de los ecosistemas naturales, especialmente los forestales, que dan soporte a la vida, frente a especulaciones privadas que terminen por arruinar el 80% del territorio.

La ausencia de una planificación acertada, de una gestión basada en la extinción y no en la prevención, así como la descoordinación en la gestión del fuego activo, están en el origen del desastre ambiental que vivimos en el noroeste de España. La planificación forestal debe abandonar la idea de que gestiona metros cúbicos de madera para comenzar a pensar que se trata de un ecosistema complejo y diverso que alberga vida y recursos suficientes para un rural sostenible. Por ello, proponemos que se abra el debate sobre el futuro del rural entre el Gobierno y la sociedad civil, un debate que revierta la situación de deterioro ambiental y de despoblación que se está sufriendo desde hace décadas.

El abandono del mundo rural como evidencia es una de las claves que explican esta catástrofe. Desde Podemos, sabemos que los ecosistemas y el paisaje natural sostenible tal y como lo conocemos son las señas de identidad del medio rural, modelado y conservado desde generaciones.

Es el principal valor que le otorga la sociedad, y el primero en ser aniquilado por los incendios forestales. A nadie se le escapa la belleza de un paisaje rural diverso en su naturaleza y complejo en su conformación, donde los pastos se cruzan con las granjas y las explotaciones forestales, con parcelas agrícolas que rompen la monotonía. Este paisaje diverso, donde se agrupan todos los vectores económicos del rural, es el mejor indicador de su estado de conservación, y debe ser trasladado al lugar que le corresponde dentro del ordenamiento nacional. Desde Podemos proponemos una revisión completa y exhaustiva de la legislación ambiental que garantice el paisaje como un factor clave de la conservación del medio ambiente. En este sentido, sin personas no hay ni mundo rural ni gestión del territorio. Un paisaje con vecinos y vecinas es un pasaje cuidado y vigilado. Por este motivo, consideramos fundamental revisar todas las políticas financieras que puedan acrecentar el problema de la despoblación y del envejecimiento como valor para una correcta prevención de los incendios forestales.

En segundo lugar, es necesario tener presente que, para prevenir, hay que cuidar. Debemos entender que la prevención de incendios genera un valor añadido a nuestros ecosistemas, y comenzar un plan de reinversión en prevención y conservación de la naturaleza más allá de los espacios protegidos, que conecte todo el territorio.

Los intereses económicos ejercen una gran influencia sobre el suelo forestal: socializan las pérdidas e impactos ambientales y privatizan los beneficios, dejando de lado el interés mayoritario de la ciudadanía. Es hora de poner en marcha una nueva planificación forestal que respete la biodiversidad del territorio, donde prevalezca la complejidad de los ecosistemas y la diversidad, con planes de gestión forestal centrados en especies autóctonas, buscando ampliar y extender las masas forestales, y no las plantaciones de monocultivos forestales, muchas de ellas consideradas como pirófitas y que son un atentado a la diversidad e incrementan la vulnerabilidad. Necesitamos un modelo de aprovechamiento forestal sostenible que beneficie a las poblaciones de zonas rurales, no solo a las grandes papeleras y madereras.

La transición rural-urbano. Durante estos días, los intensos incendios forestales en Galicia, Asturias o Castilla y León han puesto la voz de alarma más allá del espacio rural, ya que se han adentrado en zonas urbanas. Los riesgos sobre las áreas urbanizadas –ya sean pequeñas aldeas, urbanizaciones instaladas en zonas forestales o grandes conurbaciones– tienen que ser valorados adecuadamente, a partir de la elaboración de protocolos de seguridad ante los incendios forestales. Proponemos, por tanto, estandarizar los planes de autoprotección frente a los incendios, y abordar de manera prioritaria los puntos de recarga de agua para labores de extinción de incendios forestales.

No nos cabe ninguna duda de que las personas que se dedican a la extinción de incendios forestales son héroes. Héroes que se juegan la vida con cada metro que le ganan al fuego. De su preparación física, de su formación como profesionales depende en gran medida que un fuego pueda ser controlado o que se vuelva incontrolable. No podemos olvidarnos de sus reivindicaciones, y para ellos defendemos un servicio público de extinción de incendios en todas las comunidades autónomas, con planes de formación continua. Defendemos una categoría profesional del bombero forestal en la que se incluyan los riesgos laborales y planes de jubilación adaptados a las peligrosas condiciones ambientales en las que trabajan.

La privatización y externalización de los servicios de prevención e incendios forestales dan pie a la configuración de una trama económica de intereses en torno a este hecho que es necesario vigilar de manera muy escrupulosa. Al abandono del mundo rural y la priorización de modelo especulativo en el aprovechamiento forestal hay que añadir la gestión de los recursos públicos de prevención y de extinción de incendios que, mediante la privatización encubierta y la precarización de los sueldos, ha alimentado el negocio del fuego, cuyo máximo exponente lo encontramos en «el cartel» del fuego que se comenzó a investigar en Valencia y que hoy se extiende a otras comunidades autónomas, con vinculaciones en el vecino Portugal y en países de América Latina. Este modelo se está mostrando deficiente en lo que a desprofesionalización del sector se refiere. Corrupto, por ser una privatización encubierta a través de contratos en los que las empresas del sector pactan en qué territorios se presenta cada una.

Por lo tanto, exigimos transparencia, criterios de profesionalidad frente a los económicos, y contratación privada siempre como segunda opción tras el servicio público. Especulativo, por la posibilidad abierta en 2015 por el PP a la recalificación de los terrenos afectados por incendios forestales que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea propuso modificar (art. 50 de la Ley de Montes) mediante una proposición legislativa, que vitaba así la recalificación en terrenos quemados, y que PP y Ciudadanos rechazaron la semana pasada.

En conclusión, y tras unos hechos lamentables que han culminado un verano marcado por otros incendios tan graves como los de Doñana, el de Yeste, en Albacete, el de Gátova, en Valencia, o los de Zamora y León, es necesario, urgente e impostergable dar un giro de 180 grados a una política forestal marcada, durante años, por la desidia.

Área de Medio Ambiente

Martes, 17 de octubre de 2017