El pasado 13 de noviembre se produjo un ataque bomba en la Avenida Istiqlal, en el centro de Estambul, que dejó un total de 6 personas asesinadas y 81 heridas. A pesar de la falta de una investigación independiente y garantista, el gobierno turco atribuyó la autoría del ataque, según las declaraciones oficiales, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y a las Unidades de Protección Popular (YPG). Ambos grupos emitieron declaraciones públicas desvinculándose del acto.

Tras la escalada de acusaciones que siguió al ataque, el pasado 19 de noviembre Turquía comenzó una campaña de bombardeos aéreos hacia objetivos kurdos localizados en Siria y en Iraq que, únicamente en Siria, han dejado al menos 31 civiles asesinados según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. A esto hay que unirle daños a infraestructuras civiles básicas como una central eléctrica en el área de Derik, un hospital o una escuela en desuso dentro de la población de Kobane.

La falta de indicios claros de la responsabilidad del PKK y del YPG sobre el ataque de Istiqlal, unido al uso del castigo colectivo – terminantemente prohibido como herramienta de defensa dentro del derecho internacional – realizado en los últimos días sobre el pueblo kurdo, establecen una realidad en la que no es la defensa de la población turca la que está en el centro de esta nueva intervención del ejército turco, sino los intereses electorales y geoestratégicos de Erdogan y el AKP. Vale la pena recordar que el historial de intervenciones del Estado turco contra el pueblo kurdo no comienza aquí, sino que se compone de múltiples acciones que van desde las intervenciones con uso de fuerza – incluyendo el posible uso de armas químicas, tal como denuncian varios colectivos de DDHH kurdos de la región – al encarcelamiento de activistas y periodistas kurdos o afines a la causa kurda. Esta diversidad de intervenciones no sólo no ha encontrado fin en los últimos años, sino que se ha ido incrementando y recrudeciendo a costa del sufrimiento del pueblo kurdo y la violación de sus derechos.

Ante ello, expresamos nuestro rotundo rechazo a esta intervención ilegal e irresponsable y alertamos de su uso como herramienta electoral y geopolítica al servicio de la agenda nacionalista y anti-kurda de Erdogan. La retórica de la lucha contra el terrorismo no puede servir para legitimar ningún castigo colectivo por parte de ningún gobierno. También hacemos un llamado a la apertura de una investigación garantista e independiente para la búsqueda de los verdaderos culpables y la rendición de cuentas, ajustada a derecho, del ataque en Istiqlal.

El potencial desestabilizador de la campaña militar turca es enorme y podría traer gravísimas consecuencias para el pueblo kurdo y para los pueblos de Europa. Por ello, llamamos a la comunidad internacional, incluyendo a la UE y sus Estados Miembro, a denunciar estos hechos y a adoptar las medidas políticas y diplomáticas necesarias para asegurar el cese de la operación por parte de Turquía, así como una investigación independiente de los hechos y la rendición de cuentas por posibles crímenes de guerra y lesa humanidad.

La UE y los Estados Miembro deben priorizar en sus relaciones con Turquía, como en toda su política exterior, la defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos. Esto implica trabajar activamente para poner fin a la campaña de persecución y criminalización de la población kurda por parte de Turquía y otros actores internacionales que, desde una perspectiva política y judicial, opera desde hace años sobre el pueblo kurdo y que, en ningún caso, ayuda a la creación de una hoja de ruta de paz y reconocimiento de derechos. Debemos asegurar que los derechos humanos no son moneda de cambio en ninguna negociación.


Lunes, 21 de noviembre de 2022