Desde la muerte del vendedor de pescado Mohsen Fikri, aplastado en un camión triturador de basura en octubre de 2016, el Rif ha vivido una movilización social sostenida, en la que ha crecido especialmente el protagonismo de las mujeres en las últimas semanas, que se ha convertido en la mayor ola de protestas desde 2011.

En el centro de las reivindicaciones están necesarias medidas sociales y económicas para una de las zonas más desfavorecidas de todo Marruecos, incluyendo actuaciones de urgencia para favorecer el desarrollo económico, social y cultural para las poblaciones amazigh del Rif, mejores condiciones de empleo, mejoras en educación -en especial para las mujeres de las zonas rurales, que sufren problemas de escolarización, acceso a la sanidad y, como en todo el país, muy poco acceso a la representación política en el Parlamento y Gobierno como muestra de que, pese a los avances de los derechos de las mujeres en el país, son necesarios mayores esfuerzos para avanzar hacia la equidad de género. Este movimiento social también demanda la edificación de Universidades y Hospitales -en especial un centro oncológico dada la alta tasa de cáncer en la zona-, el fin del decreto de militarización de la zona de Alhucemas, vigente desde 1958, el cese de la represión de estas movilizaciones pacíficas, con 40 detenciones hasta el momento y varios casos graves de asesinatos aún sin resolver, y el reconocimiento histórico de los derechos de la región y sus habitantes. En los últimos días, las protestas se han extendido a ciudades como Tánger, Marrakech, Fez, Casablanca o Rabat.

Desde Podemos, como hijos e hijas de las movilizaciones del 15M, seguimos con atención lo que está sucediendo en el Rif. Como pasó aquí y en muchos otros países también en 2011, creemos que la movilización social y ciudadana, expresada en forma pacífica y democrática, es imprescindible para el devenir de una sociedad y el principal motor de cambio social y democrático en defensa del bienestar, los derechos y la dignidad de los pueblos.

Queremos expresar por tanto nuestra preocupación por las numerosas detenciones -incluyendo las de los hombres y mujeres que lideran el movimiento social del Rif-, la persecución y hostigamiento de activistas y manifestantes que están actuando de manera pacífica. Creemos que el Gobierno de España debe pedir a Marruecos, en virtud de la especial relación que existe entre nuestros dos países, que cumpla con los convenios internacionales y la legislación en materia de derechos humanos que avala el derecho fundamental a la libertad de expresión y manifestación, y que propicie el diálogo con todas las personas, grupos e instituciones implicadas para la discusión de las demandas sociales, políticas y culturales de los y las manifestantes del Rif.

Desde Podemos creemos que esa relación especial de nuestro país con Marruecos, con quien no sólo compartimos fronteras e importantísimos intercambios económicos, sino una larga historia de encuentros y desencuentros y sobre todo un futuro de vecindad común, debe afrontarse con sinceridad, respeto y espíritu constructivo en aras de los numerosísimos intereses que nos vinculan. Recordemos que en nuestro país viven casi un millón de personas de origen marroquí, con quienes compartimos un especial vínculo de convivencia. Creemos que ese vínculo prefigura otra relación posible de convivencia y futuro compartido, con un impresionante potencial para los avances e intercambios en materias como la investigación, la cultura, la educación y unas relaciones económicas que brinden mayores oportunidades y beneficios para las poblaciones de ambos países, para las pymes, y para el desarrollo común de la economía social y solidaria.

Desde Podemos aspiramos a una relación de convivencia sincera y de igual a igual entre Marruecos y España, en la que se puedan expresar consensos y disensos con normalidad y anteponer, como en el conjunto de nuestras relaciones exteriores, la defensa de los derechos humanos como valores fundamentales que deben regir la acción del Estado en todos los ámbitos. No compartimos la política de la desconfianza y contención llevada a cabo por los últimos Gobiernos en España, centrada en priorizar los intereses económicos de las grandes empresas y en externalizar el control de nuestras fronteras. Esa política, que la UE ha adoptado como modelo en Libia y Turquía, impide y dificulta, en lugar de favorecer, el desarrollo de vínculos profundos, sinceros y mutuamente beneficiosos entre los países del Norte y Sur del Mediterráneo, que sigue siendo la frontera más desigual del planeta. Nuestros pueblos quieren lo mismo a ambos lados del mar que nos une y nos separa: pan, justicia social, derechos, dignidad y democracia. Queremos una relación que trabaje a favor de esos anhelos y no en su contra.