Hace unos días, el Parlamento de Turquía retiró la inmunidad parlamentaria y el escaño al diputado del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) Ömer Faruk Gergerlioğlu, médico y activista de derechos humanos, que, en su mandato, ha defendido los derechos de las personas represaliadas tras el intento de golpe de Estado de 2016. Esta decisión se produce después de una condena del Tribunal de Casación por compartir un artículo en Twitter en el que pedía negociaciones entre el PKK y el Gobierno de Turquía. Además, hace unos días también el fiscal general presentó una solicitud de ilegalización del HDP, la principal formación en favor de los derechos de la población kurda en el país, y la tercera en el Parlamento de Turquía.

El levantamiento de la inmunidad parlamentaria, a pesar de que el proceso judicial aún no ha concluido, y el proceso de ilegalización de todo el partido elevan todavía más las críticas sobre el alcance del sistema democrático en Turquía. Por desgracia, el caso del diputado Gergerlioğlu no es el único, ya que se ha convertido en una práctica habitual en los últimos años, con la encarcelación incluso de los copresidentes del HDP, Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, pese a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha pedido su liberación.

Además, el pasado 20 de marzo Turquía salió del Convenio de Estambul contra la violencia machista mediante un decreto presidencial y sin ningún debate parlamentario. El Convenio de Estambul, promovido por el Consejo de Europa, establece un marco internacional vinculante para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Fue abierto a la firma en 2011 en dicha ciudad turca y entró en vigor en 2014. Turquía fue el primer país firmante (junto a Alemania, Francia, España, Portugal y Grecia, entre otros). Por este motivo, Idoia Villanueva y María Eugenia Rodríguez Palop registraron una pregunta escrita ante la Comisión Europea para demandar que la defensa de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI sea un elemento central de las relaciones que entable la UE con cualquier tercer Estado, así como condición indispensable para mantener cualquier tipo de vínculo político y económico con terceros países.

Desde Podemos condenamos estas acciones contrarias a los más básicos derechos fundamentales de la democracia que Turquía debe cumplir al ser integrante del Consejo de Europa. También nos sumamos a la exigencia de The Left, nuestro Grupo Parlamentario Europeo, al Consejo y a la Comisión Europea para que exijan el fin de las violaciones de derechos humanos como una condición esencial previa, recogida en los tratados europeos, de las relaciones entre la UE y Turquía.


Lunes, 29 de marzo de 2021